Ahora resulta escandaloso para la izquierda que tres magistrados del Tribunal Supremo estuvieran impartiendo formación en unos cursos organizados por una de las acusaciones, en este caso, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Sin embargo, en Diario Sabemos (y en su nomenclatura anterior a la fusión) llevamos años denunciando el régimen de incompatibilidades de los jueces en España. La izquierda sospecha ahora con la condena al fiscal general del Estado lo que millones de ciudadanos y miles de empresas sufren. Sin embargo, los gobiernos progresistas no han hecho nada al respecto.
La coincidencia entre la recta final del juicio contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la participación remunerada de tres magistrados del Tribunal Supremo en un curso organizado por la misma entidad que ejerció la acusación popular en el proceso ha reavivado el debate sobre los límites éticos en la impartición de formación por parte de jueces en activo.
Los magistrados Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a García Ortiz, junto a los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, director además del programa formativo, impartieron ponencias los días 17, 18 y 19 de noviembre, justo cuando el tribunal deliberaba la sentencia del caso. El curso, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), arrancó el 14 de noviembre, apenas un día después de que el juicio quedara visto para sentencia.
Desde el punto de vista normativo, la participación de jueces en cursos de formación está expresamente excluida del régimen de incompatibilidades previsto en la legislación y en el Reglamento de la Carrera Judicial. Por ello, los tres magistrados no estaban obligados a solicitar autorización previa al Consejo General del Poder Judicial.
El Supremo, en base a la contestación remitida a elDiario.es, subraya que impartir estas clases forma parte del “deber ético” de contribuir a la capacitación de los abogados del turno de oficio, quienes prestan servicio a ciudadanos sin recursos.
Por su parte, el ICAM defendió en un comunicado que la participación de magistrados, jueces y fiscales en actividades docentes del Colegio es “habitual, normalizada y transparente”, y que la selección del profesorado responde exclusivamente a criterios de mérito, especialización y adecuación técnica. Añade que las decisiones sobre cursos no son tomadas por la Junta de Gobierno, sino por el Centro de Estudios, que actúa con “total independencia”.
La coincidencia entre la impartición del curso y las deliberaciones, junto con el hecho de que la entidad organizadora ejerciera la acusación popular, ha suscitado interrogantes sobre la apariencia de imparcialidad exigible en procesos penales, pese a que la actividad docente esté amparada legalmente.
La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional recuerda que la imparcialidad objetiva se sostiene cuando el juez “no ha mantenido relaciones indebidas con las partes” y cuando se evitan influencias externas que puedan mediatizar el juicio o la revisión del caso.
Mientras el Supremo ultima la sentencia, la participación de los magistrados en esta actividad formativa añade un nuevo elemento de controversia a un proceso ya marcado por la tensión institucional entre el Poder Judicial y la Fiscalía.
La universidad de la banca
Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. En noviembre de ese año, Diario Sabemos publicamos en exclusiva cómo magistrados y jueces, algunos de ellos del Supremo, impartían clase en CUNEF.
En marzo de 2017, el Poder Judicial y el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), una institución académica patrocinada por la Asociación Española de Banca (AEB), firmaron un convenio que abrió la puerta a que jueces y magistrados españoles impartieran docencia remunerada en programas formativos financiados por la banca. El acuerdo, al que ha accedió Diario Sabemos, estuvo vigente durante dos años y consolidó una colaboración estable entre la cúpula judicial y una de las instituciones de enseñanza más vinculadas al sector financiero.
El documento fue suscrito por el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y por Pablo Vázquez Vega, director del CUNEF. A través de este convenio, ambos organismos se comprometían a promover actividades académicas conjuntas que situaban a magistrados de instancias tan sensibles como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional como ponentes habituales en cursos especializados para juristas. Los gobiernos de izquierda liderados por Pedro Sánchez no hicieron nada al respecto ni pensaron en ningún momento en reformar el régimen de incompatibilidades de los jueces.
El CUNEF es un centro de enseñanza superior adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y orientado a la formación de profesionales jurídicos y financieros. Su patrocinio por parte de la patronal bancaria constituye, según los especialistas consultados, el principal elemento de alarma en el convenio de 2017.
Estos expertos sostienen que la formación de los jueces debería ser una cuestión estrictamente pública, financiada con fondos del Estado y desarrollada en universidades estatales. De otro modo, argumentan, se abre la puerta a un riesgo que consideran contrario al principio de separación de poderes: que una parte interesada en litigios de alto impacto, la banca, pueda influir, directa o indirectamente, en la orientación académica de quienes luego decidirán sobre sus causas. O, lo que es peor, que pudieran influir en las decisiones de magistrados del Supremo en procedimientos relacionados con, por ejemplo, cláusulas abusivas u operaciones de blanqueo de capitales.
La colaboración entre el Poder Judicial y un centro sufragado por entidades financieras plantea dudas que van más allá de la teoría. España ha vivido en los últimos años algunos de los litigios más relevantes de su historia reciente, especialmente aquellos relacionados con cláusulas hipotecarias, gastos abusivos o productos financieros complejos.
Permitir que magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional impartan clases retribuidas en un centro financiado por quienes suelen sentarse como parte en estos litigios genera una apariencia de connivencia que erosiona la confianza ciudadana. En un país donde cientos de miles de consumidores han acudido a los tribunales para defenderse de abusos bancarios, la percepción de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.
Nadie cuestiona que los jueces deban formarse de manera continua para ofrecer una justicia de calidad. Pero sí se cuestiona quién financia esa formación y con qué finalidad. Para los expertos consultados por Diario Sabemos, permitir que la banca financie programas orientados a la alta judicatura en materias jurídicas sensibles constituye un riesgo sistémico para la credibilidad del Poder Judicial.
Mercantil y concursal
En el año 2020, Diario Sabemos publicó el escándalo que suponía que jueces y magistrados de lo Mercantil que participaban (y cobraban) de congresos, jornadas, cursos y seminarios de administradores concursales tuvieran la potestad de ser los que seleccionaban a los responsables de la administración de concursos de acreedores.
El mecanismo concursal, diseñado para dar una segunda oportunidad a empresas en crisis y garantizar el equilibrio entre acreedores y deudores, arrastra desde hace décadas un problema que erosiona su credibilidad: la discrecionalidad judicial en la designación de administradores concursales, algo que no ha sido resuelto por el gobierno Sánchez con su reforma de la Ley Concursal.
En la práctica, según denuncian cientos de empresas, juristas y varias investigaciones policiales, ha favorecido la aparición de redes de influencia, favoritismos y designaciones reiteradas que han convertido la administración concursal en un ecosistema de élites con acceso privilegiado a procedimientos multimillonarios.
Una de las prácticas que más suspicacias ha generado es la asistencia de jueces de lo Mercantil a conferencias, jornadas, cursos y congresos organizados por grandes despachos de abogados, hoteles de lujo incluidos, con ponencias remuneradas y todos los gastos cubiertos. Para muchas compañías en concurso, esta dinámica no es casual: sostienen que ciertas firmas buscan ganar visibilidad y simpatía entre los magistrados que, posteriormente, tienen la potestad de designar administradores en concursos especialmente lucrativos.
La clave está en la retribución: los administradores concursales cobran en función del activo de la empresa concursada. En los grandes procesos, esa cifra puede ascender a cientos de miles de euros, convirtiendo cada designación en un premio de enorme valor.
Entre los magistrados que figuran, según indican diversas fuentes, entre los invitados habituales a estas conferencias se encontraban nombres conocidos en los juzgados de lo Mercantil: Luis Seller Roca de Togores, Víctor Fernández González, José María Tapia López, Juan Manuel de Castro Aragonés, Santiago Senent, Andrés Sánchez Magro o Carlos Nieto Delgado. Ninguna de estas participaciones es ilegal por lo mismo que ahora se alega de los magistrados del Supremo que han juzgado al fiscal general del Estado, esto es, la ley permite actividades docentes, pero su reiteración en círculos reducidos alimenta las sospechas sobre la equidad en el reparto de designaciones.
Las sospechas pasaron del murmullo al ámbito penal cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) abrió una investigación a raíz de una denuncia del Grupo Inmobiliario Luxender SL. Según la acusación, en un informe concursal se habrían presuntamente ocultado 23 millones de euros adeudados por varias entidades bancarias.
La investigación no solo analizó ese supuesto falseamiento documental, sino que destapó un patrón más amplio: empezaron a aflorar designaciones repetidas de determinados administradores concursales, que acumulaban procesos en números extraordinariamente altos.
El caso más llamativo fue el de Pedro Bautista Martín Molina, convertido, según el informe policial, en el administrador concursal con más concursos asignados de toda España: 175 como persona física y otros 32 a través de su sociedad. Su nombre apareció vinculado a una presunta red corrupta formada por abogados, economistas, peritos y, potencialmente, jueces de lo Mercantil, que supuestamente operaba para asegurar designaciones preferentes en los concursos más rentables.
El actual debate sobre la opacidad de las designaciones concursales tiene precedentes claros. Ya en los años 90 del siglo pasado, el Consejo General del Poder Judicial investigó a varios administradores por una concentración anómala de procedimientos.
La denuncia fue impulsada por el entonces juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger. Los investigados (Miguel Guijarro Gómez, Joaquín Lluch Rovira, Alberto Grande García y Carmina Soler Balaguero) acumulaban concursos de forma que llamó la atención de los órganos de gobierno judicial.
Entre 1990 y 1992, Lluch Rovira participó en 72 concursos con un pasivo total de 439 millones de euros, mientras que Guijarro Gómez intervino en 64, con 465 millones en juego. Ambos actuaban a menudo en pareja. A más distancia, Grande García y Soler Balaguero participaron en 26 concursos cada uno, con pasivos de 131 y 128 millones, respectivamente.
El resto de administradores del registro apenas tenían intervenciones, lo que evidenciaba una concentración difícil de explicar y desencadenó la intervención del CGPJ, que acabó remitiendo el caso a la Fiscalía.
Durante aquella investigación se descubrió, además, una práctica tan rudimentaria como reveladora: algunos administradores solían dejar tarjetas de visita a los secretarios judiciales o directamente solicitaban entrevistas con los jueces para ser incluidos en los concursos más suculentos.
Pese a que han transcurrido décadas desde aquellos primeros escándalos, el patrón se repite: una normativa que concede amplias facultades a los jueces, un mercado concursal donde los incentivos económicos son enormes y un ecosistema profesional pequeño, donde las relaciones personales y académicas tienen un peso determinante.
El resultado es un sistema que, aun sin pruebas concluyentes de corrupción sistemática, genera suficientes dudas como para cuestionar su transparencia y exigir reformas que lo blinden frente a influencias indebidas.