El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiso convertir la comparecencia sobre el ático de Chamberí en una absolución política de la presidenta. Pero la intervención de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, no cerró las preguntas sobre una compra de 6,3 millones de euros de una empresa pública. Las mezcló con ataques al Gobierno central, comparaciones distorsionadas y una interpretación de la legislación arrendaticia que no demuestra lo que pretendía demostrar.
La cuestión sigue siendo concreta: por qué Planifica Madrid compró ese inmueble, qué alternativas estudió, qué necesidad justificaba el desembolso y por qué se decidió venderlo pocos meses después.
La primera subasta ha quedado desierta. Según la información publicada sobre el resultado de la convocatoria, nadie presentó una oferta por el precio de salida, próximo a 6,7 millones. Ese fracaso no equivale a haber perdido todo el dinero invertido, pero tampoco permite presentar la operación como un éxito patrimonial.
El documento admite alojamiento para autoridades
El momento más revelador llegó cuando el propio consejero leyó la memoria fechada el 2 de julio. El inmueble debía contar con una zona de trabajo, un área de descanso y:
“Alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad”.
La frase importa porque amplía sustancialmente la explicación de unas oficinas temporales para atender las obras de la sede de Sol. El uso previsto incluía alojar a responsables públicos madrileños.
Eso no acredita que Ayuso fuera a convertirlo en su domicilio permanente. Pero sí impide reducir toda la controversia a una invención sobre un inmueble exclusivamente administrativo.
Mar Espinar, portavoz del PSOE, señaló esa diferencia durante el debate: “Ustedes siempre dijeron que era para oficinas porque había que sustituir Sol”. Y preguntó al consejero: “¿Me puede explicar qué es lo que ha cambiado ahora?”.
La respuesta no puede consistir en repetir que la presidenta tiene su propia casa. Disponer de una vivienda privada no excluye utilizar ocasionalmente otra de titularidad pública.
La etiqueta del alquiler no borra el alojamiento
García Martín recurrió a la clasificación del contrato como arrendamiento para “uso distinto del de vivienda” para reforzar su defensa.
El argumento omite una distinción fundamental. La Ley de Arrendamientos Urbanos separa la vivienda destinada a satisfacer una necesidad permanente de otros arrendamientos, incluidos los de temporada. Por tanto, “uso distinto del de vivienda” no significa que esté prohibido dormir o alojarse allí. Ley de Arrendamientos Urbanos, artículos 2 y 3.
La etiqueta contractual tampoco resuelve por sí sola la compatibilidad urbanística del uso concreto. Para eso hacen falta los informes y autorizaciones correspondientes.
El Gobierno puede defender que no proyectaba una residencia oficial permanente. Lo que no puede hacer es utilizar esa categoría jurídica como prueba de que el alojamiento estaba descartado, cuando la memoria que presenta contempla precisamente esa posibilidad.
Comprar en abril y explicar la necesidad en julio
La cronología añade otra pregunta que la comparecencia no despeja. Planifica Madrid adquirió el inmueble el 14 de abril. La memoria invocada por el consejero lleva fecha del 2 de julio, 79 días después.
Espinar resumió su reproche así: “Primero compran el aticazo de lujo y después hacen la memoria justificativa”.
La precisión documental es importante: la memoria difundida está vinculada al posterior arrendamiento del inmueble a la Administración. Su fecha no demuestra automáticamente que no hubiera informes anteriores de adquisición. Pero obliga al Gobierno a exhibirlos y a explicar qué necesidad estaba acreditada antes de comprometer el dinero.
Decir que los papeles existían antes de que la prensa publicara la noticia no responde a esa cuestión. La fecha relevante para justificar la decisión es la de la compra.
Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid, cuestionó además que la oposición debatiera sin disponer del expediente que reclamaba: “Si usted tiene un expediente que nosotros hemos pedido y no se nos ha dado…”.
Al terminar, el consejero anunció que publicarían toda la documentación. Esa promesa debe cumplirse y comprobarse; no sustituye el examen del expediente.
Los fondos propios de una empresa pública siguen siendo públicos
Otra defensa consistió en recalcar que Planifica pagó con recursos propios y sin una aportación adicional de la Comunidad.
La distinción contable puede ser correcta, pero no convierte la compra en una operación ajena al patrimonio público. El capital de Planifica Madrid pertenece íntegramente a la Comunidad de Madrid. Sus recursos y sus decisiones patrimoniales afectan al sector público autonómico.
La ausencia de una transferencia extraordinaria no elimina la obligación de justificar la necesidad, el precio y la elección del inmueble.
Tampoco conviene sustituir esa crítica por una cifra de pérdidas que todavía no está acreditada. Los 6,3 millones se transformaron en un activo inmobiliario que sigue siendo público. Para calcular el resultado económico completo habrá que conocer los gastos, los posibles ingresos y el importe final de una eventual venta.
Lo acreditado hasta ahora es más concreto: la Administración compró, cambió de criterio y no encontró comprador en la primera subasta.
La comparación con Illa deforma el expediente catalán
El consejero intentó neutralizar las críticas preguntando por una supuesta residencia de Salvador Illa en Madrid de más de 33 millones de euros. El expediente catalán consultado describe una operación distinta: una sede para la Delegación de la Generalitat y el centro cultural y librería Blanquerna, junto con una zona residencial.
Prevé entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados para los usos administrativos y culturales, frente a entre 85 y 105 metros cuadrados residenciales. El presupuesto máximo sin impuestos asciende a 27,13 millones, con las partidas desglosadas. Presentar todo ese conjunto como una residencia de Illa distorsiona su finalidad y sus dimensiones. Y ninguna compra de otra administración justifica automáticamente la necesidad del ático madrileño.
El ataque a RTVE tampoco supera la comprobación
García Martín afirmó que el ático había ocupado “el 80 % de la programación estival de Televisión Española”. A continuación, habló de “veinticinco horas”. Tomadas literalmente, ambas cifras son incompatibles. Veinticinco horas solo serían el 80 % de una programación total de 31 horas y 15 minutos.
Si el consejero se refería a una selección de programas o contenidos, debía identificarla. Si hablaba de toda la programación del verano, el porcentaje es falso. Y para acreditar las 25 horas necesita aportar el correspondiente registro de emisiones.
Acusar a una televisión pública de fabricar una polémica exige pruebas sobre sus informaciones. Un porcentaje imposible no las sustituye.
La subasta fracasa
En su última intervención, el consejero anunció una oferta de 11,85 millones por cuatro inmuebles de Gran Vía y la continuidad de la venta del ático. También adelantó que propondrían en octubre un reparto de dividendos de 20 millones para la reconstrucción tras los incendios.
Conviene separar los hechos: una oferta no es todavía una venta formalizada; una propuesta de dividendos no es un ingreso ya recibido; y el ático seguía sin comprador.
El anuncio muestra, además, que el Gobierno plantea financiar la reconstrucción mientras ese inmueble continúa en venta. Invocar a las víctimas de los incendios no responde a las preguntas sobre por qué se adquirió.
El Gobierno de Ayuso no necesita otra descalificación contra periodistas o diputados. Necesita publicar el expediente completo y explicar la operación con datos que resistan una comprobación. Mientras esas respuestas no lleguen, llamar “bulo” a todas las preguntas será una estrategia política, no una rendición de cuentas.
El expediente solo es información de la empresa pública, Planifica Madrid
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