El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció este miércoles ante el Tribunal Supremo para defenderse de la acusación de un supuesto delito de revelación de secretos. Lo hizo en una sesión tensa, marcada por su negativa a responder a las preguntas de las acusaciones, a las que acusó de “deslealtad”, y por una detallada explicación de por qué recabó la información que dio origen a la polémica.
Según sostuvo ante los magistrados, reunió los datos del caso de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— con el único propósito de dar “una respuesta institucional de la Fiscalía española a una noticia” que ponía “en cuestión el trabajo de los fiscales de la sección de delitos económicos”. “Este es el espíritu de la nota —explicó—. La redacción empieza prácticamente de inmediato, en cuanto tomé la decisión con los datos que teníamos en ese momento”.
“Una respuesta institucional frente a un ataque mediático”
García Ortiz relató con detalle cómo se desarrollaron los hechos el 13 de marzo de 2024, la noche en la que El Mundo publicó una información “tergiversada” sobre el supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador. La noticia, publicada a las 21.29 horas, aseguraba falsamente que había sido la Fiscalía quien ofreció el acuerdo al empresario, cuando en realidad había ocurrido lo contrario.
El fiscal general afirmó que en ese momento ya sabía que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, intentaba difundir ese relato entre varios periodistas, aunque desconocía la existencia de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. “Cuando leí la información de El Mundo, le otorgué cierta verosimilitud —explicó—, porque incluía fragmentos entrecomillados de uno de esos correos, pero también contenía elementos extravagantes que hicieron saltar las alarmas”.
Entre esos elementos, señaló, estaba el hecho de que la Fiscalía ofreciera un pacto, algo que “nunca había visto”. “Mi preocupación —añadió— era que con esa noticia se estaba intentando colocar la idea de que González Amador era alguien especial, y que ofrecerle un pacto tenía algo de extraño. Es más, el redactor de esa información inmediatamente acudió a una tertulia para hablar de un supuesto ‘señuelo del Gobierno’. Se estaba lanzando la idea de que la Fiscalía había tendido una trampa”, denunció.
No contestó a las acusaciones
Durante su declaración, García Ortiz reiteró que no respondería a las acusaciones, especialmente al abogado de González Amador, porque consideraba que su actuación era “desleal”. Expuso cuatro motivos que, según él, explican esa falta de buena fe:
1. Los letrados de González Amador omitieron en su denuncia que el correo filtrado también se había enviado a la Abogacía del Estado, lo que ampliaba el número de posibles filtradores.
2. El propio González Amador facilitó un correo interno al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que se utilizó para difundir una versión manipulada de los hechos.
3. El empresario mantuvo contacto directo con un periodista de El Mundo, ajeno al procedimiento, que publicó una versión tergiversada del caso.
4. Finalmente, renunció a reclamar responsabilidad subsidiaria al Estado, lo que, según García Ortiz, demuestra que el objetivo no era reparar un daño, sino atacarle personalmente.
“Con estos antecedentes —afirmó ante el tribunal—, lo único que cabe pensar es que hay una actuación desleal con la justicia y con la institución que represento”.
“No filtré nada: defendí la verdad institucional”
El fiscal general negó rotundamente haber filtrado el correo que originó la causa. Aseguró que se limitó a recabar los correos mencionados en la noticia de El Mundo para entender qué había ocurrido y defender públicamente la actuación de los fiscales ante lo que calificó como un ataque mediático coordinado.
“Pedí el correo para saber lo que había pasado y tomamos la determinación de defender la actuación impecable de los fiscales”, insistió. “Mi única intención fue proteger a los profesionales de la Fiscalía de un bulo que pretendía desprestigiarlos”.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que declararon previamente, confirmaron que no pudieron acceder al contenido del teléfono de García Ortiz porque estaba borrado, aunque reconstruyeron parte de las comunicaciones a través del móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y los listados de llamadas.
La versión de la defensa
La defensa de García Ortiz presentó varios documentos ante la sala, entre ellos un certificado que demuestra que el correo supuestamente filtrado sigue a día de hoy en la cuenta genérica de la Fiscalía de Madrid, a la que tenían acceso decenas de fiscales. “Esto demuestra —subrayó su abogado— que no era un correo privado ni confidencial, sino un mensaje institucional enviado a una dirección compartida por numerosos funcionarios”.
Además, la defensa sostuvo que no existe ninguna prueba directa que relacione al fiscal general con la filtración y que, por el contrario, las acusaciones se apoyan en conjeturas y deducciones de los agentes de la UCO.
Críticas a Ayuso por “señalar” a los fiscales
Durante su intervención, García Ortiz también censuró las declaraciones públicas de Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de haber “sembrado dudas sobre la profesionalidad y la honorabilidad” de los fiscales de Madrid. Recordó que, tras conocerse el caso de su pareja, la presidenta autonómica acusó a la Fiscalía de persecución política, lo que provocó una campaña de ataques en redes sociales contra la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez.
“La presidenta vino a decir que había una cacería de las fuerzas del Estado”, recordó García Ortiz. “No lo hizo para alabar a los fiscales, sino para que se cuestionase su trabajo”.
Un juicio con implicaciones institucionales
Con su declaración, García Ortiz buscó transmitir la idea de que su actuación no fue irregular, sino una reacción institucional necesaria ante una campaña de desinformación. “Mi único objetivo —aseguró— fue proteger la independencia del Ministerio Fiscal y la integridad de sus miembros”.
La vista oral entra ahora en su fase final, con la reproducción de la prueba documental y las conclusiones de las partes. La sentencia, que se espera en las próximas semanas, no solo determinará el futuro de García Ortiz, sino también el grado de resistencia de la Fiscalía General del Estado frente a las presiones políticas y mediáticas.
“Lo que ocurrió aquella noche fue un intento de manipular la realidad y poner en duda la labor de los fiscales. Mi deber era responder como institución, no como persona”, concluyó García Ortiz antes de abandonar la sala.