Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su desayuno informativo de Europa Press para lanzar una dura advertencia contra UGT y CCOO, a las que ha exigido reconsiderar la huelga general del próximo 11 de noviembre utilizando como principal argumento la tragedia ferroviaria de Urda, que ha dejado 69 fallecidos. El presidente del Partido Popular ha llegado a vincular la credibilidad futura de los sindicatos a su decisión de mantener o cancelar una movilización convocada para reclamar mejoras salariales, vivienda asequible y avances en la negociación colectiva.
«Antes era incomprensible. Sesenta y nueve muertos después, es un grave error», ha declarado Feijóo, antes de dirigirse directamente a las organizaciones sindicales: «No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas».
La insistencia ha culminado con otra advertencia: «No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez».
El candidato popular sostiene que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, sino su oportunidad. Sin embargo, plantea que la tragedia ferroviaria y el calendario electoral deberían determinar cuándo pueden movilizarse los trabajadores y qué consecuencias reputacionales sufrirían sus representantes por hacerlo.
Una huelga convocada antes de la tragedia
La cronología contradice cualquier interpretación que presente el paro del 11N como una reacción oportunista al accidente ferroviario o como una movilización improvisada contra el PP.
UGT y CCOO acordaron impulsar la huelga el 7 de octubre, formalizaron sus reivindicaciones ante la patronal y el organismo de mediación laboral el día 15 y registraron la convocatoria el 19.
«Antes era incomprensible. Sesenta y nueve muertos después, es un grave error», ha declarado Feijóo, antes de dirigirse directamente a las organizaciones sindicales: «No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora, a tres semanas de ser llamados a las urnas».
El 26 de octubre, dos días antes del accidente de Urda, más de 2.000 delegados sindicales se reunieron en Getafe para preparar la movilización.
El origen del conflicto está documentado: acceso a una vivienda digna, recuperación del poder adquisitivo, desbloqueo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y defensa de los servicios públicos. Las reivindicaciones se dirigen tanto a las administraciones públicas como a la patronal. UGT y CCOO aspiran, además, a que estas cuestiones ocupen un lugar destacado en el debate electoral, algo que han reconocido públicamente.
Esa dimensión política no convierte automáticamente la huelga en una operación partidista. Los problemas de vivienda, salarios y condiciones laborales no desaparecen porque haya elecciones convocadas.
El derecho constitucional no depende de la conveniencia del PP
La Constitución española reconoce expresamente, en su artículo 28.2, el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses.
El Tribunal Constitucional ha establecido que la convocatoria, la formulación de reivindicaciones y la decisión de finalizar una huelga forman parte del ejercicio colectivo de ese derecho.
Feijóo es libre de discrepar de los motivos de la movilización y de cuestionar sus efectos económicos o sociales. Pero sus declaraciones abren otra discusión: la presión política que supone advertir a los representantes sindicales de que perderán credibilidad si ejercen una facultad constitucional en una fecha incómoda para un candidato.
Más reveladora resulta su afirmación de que la desconvocatoria mejoraría la reputación de los sindicatos y facilitaría la interlocución con un eventual Gobierno presidido por él.
La credibilidad de UGT y CCOO puede ser objeto de debate público, como la de cualquier organización. Sin embargo, no corresponde a quien aspira a gobernar establecer que esa credibilidad deba depender de renunciar a una movilización legalmente convocada.
La vivienda y los salarios, las razones que Feijóo deja en segundo plano
Mientras Feijóo cuestionaba la huelga, las organizaciones convocantes seguían reclamando respuestas a un problema que afecta directamente a millones de trabajadores: disponer de un empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha denunciado el bloqueo de la negociación colectiva y ha reclamado una subida del salario mínimo de al menos el 7 % para 2027.
Lo que no puede confundirse es el respeto a las víctimas de Urda con la exigencia de suspender las reivindicaciones sociales de quienes llevan semanas reclamando salarios suficientes, vivienda digna y mejores condiciones de trabajo.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido que el conflicto por la vivienda debe situarse en el centro de las reivindicaciones laborales, precisamente porque el precio del alquiler absorbe una parte creciente de los ingresos familiares. Los sindicatos también reclaman mejoras en prevención de riesgos laborales, reducción de jornada y medidas contra la precariedad.
Son demandas susceptibles de negociación y de discrepancia política. Pero no quedan invalidadas por una catástrofe ferroviaria ajena al origen del conflicto. La propia patronal cuestionó inicialmente la convocatoria por considerar que tenía una finalidad política, aunque CEOE terminó renunciando a impugnarla. El debate sobre la oportunidad de la huelga existe, pero sus motivaciones laborales y sociales figuran por escrito.
La tragedia de Urda y las responsabilidades que deben investigarse
Feijóo ha dedicado buena parte de su intervención a denunciar el deterioro del ferrocarril y exigir responsabilidades al Gobierno por los accidentes de Adamuz y Urda. Es legítimo reclamar investigaciones independientes, explicaciones públicas y responsabilidades políticas. También lo es denunciar los posibles fallos de mantenimiento, supervisión y seguridad.
Pero esas exigencias no justifican convertir el duelo por las víctimas en un argumento para desacreditar una protesta laboral previamente convocada.El dirigente popular ha utilizado además estadísticas ferroviarias que requieren una explicación precisa. Ha presentado las 170 incidencias registradas en el sistema LZB durante 2026 como evidencia de un fallo generalizado, aunque los datos facilitados por Transportes distinguen entre el conjunto de la línea Madrid-Sevilla y el tramo de Urda, donde se contabilizaron 13.
Las causas definitivas del accidente continúan bajo investigación. Del mismo modo, las responsabilidades deberán establecerse a partir de pruebas, no únicamente de acusaciones electorales.
La interlocución sindical no exige obediencia
Feijóo ha afirmado que necesita sindicatos fuertes y responsables con los que pueda dialogar si llega a La Moncloa. Esa aspiración resulta compatible con reconocer que las organizaciones sindicales tienen autonomía para convocar movilizaciones, incluso cuando sus objetivos incomodan al poder político.
UGT y CCOO no son departamentos de un partido ni instituciones subordinadas al Gobierno de turno. Su legitimidad procede de la representación de los trabajadores y de las reglas democráticas que amparan la actividad sindical. La huelga del 11N puede ser discutida, criticada y evaluada por sus resultados. Sus convocantes deberán responder por sus decisiones ante los trabajadores a los que representan.
Lo que no puede confundirse es el respeto a las víctimas de Urda con la exigencia de suspender las reivindicaciones sociales de quienes llevan semanas reclamando salarios suficientes, vivienda digna y mejores condiciones de trabajo.
Feijóo pide una España en la que las instituciones funcionen y los gobernantes respeten sus límites. El mismo principio exige reconocer que los sindicatos pueden discrepar, movilizarse y ejercer sus derechos sin tener que obtener primero la aprobación de quien aspira a presidir el Gobierno.
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