Feijóo promete combatir la pobreza con una reforma que amenaza con dejar sin ayudas a los más vulnerables

Alberto Núñez Feijóo ha elegido la protección social como uno de los ejes de su campaña electoral. El presidente del Partido Popular propone reunir el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios por desempleo en una denominada «renta de activación», vinculada a la formación y a la búsqueda de trabajo. Su iniciativa contempla la retirada gradual de las prestaciones a quienes rechacen reiteradamente ofertas de empleo consideradas adecuadas sin una causa justificada.

El anuncio, realizado durante la presentación del programa electoral del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, abre un debate que va mucho más allá de la reorganización administrativa de las ayudas públicas. La cuestión fundamental es qué sucederá con las personas que, aun queriendo trabajar, encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral y dependen de esas prestaciones para cubrir sus necesidades más elementales.

Feijóo ha resumido su planteamiento en una frase de indudable atractivo electoral: «Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo». Una afirmación difícilmente discutible que, sin embargo, no explica por qué la respuesta a los problemas de inserción laboral debe incluir nuevas condiciones para mantener la protección económica.

La pobreza no siempre desaparece cuando se encuentra un empleo. Los salarios insuficientes, la temporalidad, las jornadas parciales involuntarias y las dificultades para acceder a una vivienda forman parte de una realidad que no se resuelve exclusivamente mediante la exigencia de buscar trabajo.

El líder popular sostiene que no comparte que una persona que pueda trabajar «decida no hacerlo». Pero entre quienes reciben prestaciones públicas hay situaciones muy diferentes, desde personas desempleadas que buscan una oportunidad hasta familias cuyos ingresos laborales no alcanzan para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Presentar la activación laboral como principal respuesta a la vulnerabilidad económica corre el riesgo de trasladar al beneficiario la responsabilidad de problemas que también tienen su origen en las condiciones del mercado de trabajo.

Una reforma que plantea interrogantes sobre las garantías sociales

La propuesta de renta de activación, recogida como medida número 173 del programa electoral del Partido Popular, supone una modificación de considerable alcance social. Sin embargo, su formulación deja abiertas cuestiones esenciales sobre las condiciones de acceso, las cuantías, los requisitos y las consecuencias que tendría para quienes reciben las prestaciones actuales.

Feijóo asegura que cada beneficiario deberá suscribir un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, sometido a un seguimiento verificable. El rechazo reiterado e injustificado de trabajos adecuados provocaría una reducción progresiva de las ayudas.

Pero no basta con anunciar sanciones sin explicar cómo se protegerá a quienes tienen mayores dificultades para encontrar trabajo. El candidato popular no ha detallado cómo se determinará qué empleo resulta adecuado, qué circunstancias personales justificarán un rechazo o qué mecanismos existirán para evitar que una sanción agrave la situación de una familia vulnerable.

Tampoco se conoce cómo se articularía la fusión de prestaciones que tienen finalidades diferentes. El ingreso mínimo vital constituye una garantía de ingresos frente a la vulnerabilidad económica, en tanto que los subsidios por desempleo responden a situaciones específicas de protección de quienes carecen de trabajo.

La unificación de ambas figuras exige aclarar si se mantendrán los derechos existentes y cómo se resolverán las diferencias entre sus respectivos beneficiarios.

Además, la compatibilidad entre empleo y prestaciones que Feijóo presenta como parte de su propuesta no constituye una novedad absoluta. El sistema vigente ya contempla mecanismos destinados a favorecer la incorporación al trabajo sin provocar la pérdida inmediata de determinados apoyos económicos. Por tanto, el PP tendrá que explicar qué mejora concreta introduce su iniciativa respecto a esos instrumentos y si la reorganización supondrá mayores garantías o condiciones más restrictivas para acceder a las ayudas.

Entre la protección prometida y las sanciones anunciadas

Feijóo ha acompañado su propuesta de un compromiso de mayor protección para las personas que padecen enfermedades graves y se encuentran en situación de incapacidad temporal. El dirigente popular considera que quienes atraviesan determinadas patologías severas deberían percibir el cien por cien de su salario durante la baja laboral, una posibilidad que no está garantizada con carácter general en el sistema actual.

La iniciativa plantea una cuestión legítima sobre la suficiencia de la protección económica durante una enfermedad, aunque tampoco se han detallado sus condiciones de aplicación ni su financiación.

En su intervención, Feijóo también ha reclamado un plan contra el absentismo laboral fraudulento. La referencia introduce en el mismo discurso las prestaciones sociales, la búsqueda de empleo y las conductas fraudulentas relacionadas con las ausencias al trabajo.

Se trata, sin embargo, de realidades distintas que requieren respuestas específicas y datos que permitan conocer su verdadera dimensión. La lucha contra el fraude no debería confundirse con la situación de quienes necesitan protección pública, ni servir para extender sospechas sobre el conjunto de los beneficiarios.

El presidente del PP ha pedido cuatro años de confianza para desarrollar un proyecto con el que asegura querer dar «la vuelta por completo» a España. Ha presentado su programa como la «cura con la que sanar una España herida» y ha prometido gobernar para todos los ciudadanos.

Pero la reforma anunciada deja pendiente una cuestión esencial: cómo garantizar que el objetivo de favorecer la incorporación al empleo no termine debilitando la protección de quienes encuentran mayores obstáculos para conseguirlo.

Porque una política social no puede medirse únicamente por su capacidad para exigir obligaciones a los beneficiarios. También debe evaluarse por las oportunidades reales que ofrece y por su eficacia para evitar que las personas queden desprotegidas.

Feijóo promete que trabajar compensará más que recibir una ayuda, pero no ha explicado cómo garantizará que todos los empleos permitan salir de la pobreza.

Y hasta que concrete los detalles de su propuesta, seguirá sin saberse si su renta de activación mejorará la protección social o acabará convirtiéndose en una vía para restringirla.