Hace tiempo que el PP no condena la violencia política. Su competición con Vox para no perder terreno electoral le lleva a guardar un elocuente silencio. En las últimas horas, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha acusado a los populares de permitir el acoso contra personas de izquierdas. “Vamos a resistir su violencia política, no vamos a dejar de intentar transformar las cosas, nos vamos a autoorganizar para resistir esa violencia”. Y no le falta razón. Se echa de menos una actitud contundente de Feijóo contra las expresiones de odio que tanto abundan en nuestro tiempo como consecuencia del trumpismo de nuevo cuño.
Montero denuncia la existencia de “escuadristas” que acosan a feministas y personas del espectro progresista. Quizá el término “escuadristas” sea algo exagerado, ya que remite a los peores tiempos del nazismo, cuando los “camisas pardas” salían a apalear judíos, sin piedad, por las calles de Berlín. O a los años del pistolerismo de la Segunda República, cuando la Falange sembraba el terror con sus baños de sangre. Por fortuna, no estamos en aquel trance dramático recogido en los libros de historia. Sin embargo, ha repuntado una inquietante verborrea fascista ante la que no podemos quedarnos quietos ni callados. Una retórica peligrosa que llega a la calle, a las tribunas políticas y a los medios de comunicación. Que un montón de nazis tomen el centro de Madrid cantando el Cara al sol y profiriendo insultos y amenazas contra colectivos concretos como inmigrantes, homosexuales y mujeres no es como para tomárselo a broma. El movimiento ultra ha adquirido una dimensión que nadie, ni los más pesimistas, hubiesen podido imaginar. Por tanto, el cáncer de la polarización extrema existe y de las instituciones y actores políticos depende que el mal no llegue a corroer la sociedad. Y ahí es donde Feijóo debería ejercer su responsabilidad y situarse sin ambages en el bando de los demócratas. No lo está haciendo. O al menos no con la contundencia que cabría esperar.
Cada acción de violencia ultra, verbal o física, debería ser condenada de forma explícita y de inmediato desde Génova 13, como ocurría cuando se perpetraban los sanguinarios atentados de ETA y caían víctimas de ambos lados, tanto socialistas como populares. No importaba qué afiliación tenía el asesinado, herido o secuestrado. Se condenaba la violencia sin medias tintas, sin coartadas y sin excusas o cálculos políticos y se seguía con la lucha para derrotar al monstruo. Salvando las distancias (el fascismo nacionalista y nostálgico español no mata de momento), nos encontramos en un momento similar en lo trascendental. Es preciso atajar cualquier conato de guerracivilismo. Sin embargo, en el partido de Feijóo no están por la labor. La moda imperante es el trumpismo rupturista, de modo que se ha impuesto una especie de silencio cómplice con los neofranquistas.
Irene Montero no es la primera víctima de estos acosos. Hace solo unos días, la tertuliana y activista Sarah Santaolalla terminaba en un hospital tras acusar al activista ultra Vito Quiles de haberla agredido a las puertas del Senado cuando se disponía a participar en un acto feminista. Y hace unos meses, durante los actos vandálicos contra casas del pueblo socialistas –pintadas, destrozos, lanzamiento de objetos– y las concentraciones franquistas frente a Ferraz, pudo pasar cualquier desgracia. El PSOE envió a sus empleados a sus domicilios al no poder garantizar su seguridad. ¿Condenó el PP todo aquel espectáculo lamentable? No. De nuevo la fría y distante callada por respuesta. Lo cual nos lleva a pensar que hay órdenes de arriba, de la cúpula genovesa, del propio despacho del jefe, de no mover un solo dedo ni decir ni media palabra cuando ocurra algún suceso violento. La estrategia manda. El gallego está tan obsesionado con Pedro Sánchez el maligno que no cae en la cuenta de quién es el auténtico enemigo de la libertad y la democracia.
Dice Montero que no es casualidad tanta violencia política porque está ya “normalizada” desde los centros de poder, desde los partidos de derechas, desde los poderes mediáticos. Es justo así. Los violentos ganan cuando se sienten impunes. Los violentos toman las calles cuando se sienten respaldados por un partido fuerte, por la Policía, por un sector de la Justicia. La escalada de tensión política en España ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un patrón preocupante. Pero el clima político en nuestro país empieza a ser mucho más que simplemente preocupante. Hace tiempo que atravesamos la frontera de la preocupación para pasar a la siguiente fase: el momento es alarmante. La presencia de nutridos grupos ultras en manifestaciones y concentraciones se ha vuelto más visible que nunca. Cánticos nazis, banderas preconstitucionales, aquelarres racistas a plena luz del día. Brazos en alto y pasos de la oca. Todo ese caldo de cultivo, tolerado, fomentado y amparado desde partidos como Vox, empieza a enfermar a miles de ciudadanos. Todo ello mientras Ayuso tira sin complejos de lenguaje falangista, como cuando insiste en términos como “ilegítimo”, “dictadura”, “golpe institucional” o “régimen” para referirse al Gobierno de coalición que, no lo olvidemos, salió de las urnas y de los posteriores pactos de investidura. Cuando la oposición presenta al Ejecutivo sanchista como una amenaza existencial, ciertos sectores nostálgicos pueden interpretar la consigna como un paso a métodos cada vez más drásticos y agresivos. Cada día, la presidenta madrileña, de forma irresponsable, da el alpiste ideológico que fortalece a los radicales, extremistas y violentos. Solo falta que caiga el primer mártir.
Lógicamente, la violencia verbal es amplificada por determinados actores mediáticos, supuesta prensa seria de derechas o pseudomedios ultras, que contribuyen al señalamiento personal de políticos y activistas despreciados como wokes, zurdos, seres deshumanizados y reducidos a la categoría de insectos. Estamos, por tanto, ante un deterioro de la calidad democrática que exige respuestas firmes y transversales de las fuerzas políticas, mayormente de los dos grandes partidos. Un gran pacto de Estado contra la violencia política sería hoy más necesario que nunca, tanto como cuando ETA mataba. Por desgracia, Feijóo no quiere ni oír hablar de pactar nada con Sánchez. Y no se trata únicamente de condenar la violencia en abstracto, sino señalar con nombres y apellidos a quienes la propagan. La equidistancia, cuando el salvaje campa a sus anchas, es una forma de complicidad pasiva.