Cuando Alberto Núñez Feijóo afirma que Pedro Sánchez está acabando con la clase media con medidas como subir las cuotas de los autónomos, no se trata solo de una estratagema política: es una jugada pensada para condicionar el debate público mientras su propio frente derechista evita comprometerse con un sistema fiscal más justo. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social para el periodo 2026-2031 anticipa subidas de entre 11 y 206 euros mensuales según tramo de ingresos, pero el verdadero dilema va más allá de cifras: radica en cómo se distribuye la presión contributiva, con qué equidad y bajo qué promesas de protección social efectivas.
La reforma de cotización por ingresos: datos y contradicciones
El Gobierno ha presentado una propuesta para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales, distribuidos en nuevos tramos. En 2026 las cuotas podrán subir entre 11 y 206 euros según el nivel de ingresos.
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Para quienes ingresan hasta 670 €/mes, la subida sería de unos 17 € y la cuota resultante rondaría los 217 €.
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En los tramos intermedios, alguien que hoy paga 390 € pasaría a aportar unos 428 €.
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Quienes declaran ingresos mensuales superiores a 6.000 €, pagarían hasta 206 € más, con una base de alrededor de 796 €.
La negociación con las organizaciones de autónomos ha comenzado con tensiones: una parte del sector ha rechazado participar mientras no se corrijan los fallos de regularización del sistema anterior, que afectaron a más de un millón y medio de contribuyentes. El modelo actual —fruto de la reforma de 2022— ya preveía esta transición hacia los ingresos reales, pero la aplicación práctica ha sido confusa y desigual.
La contradicción central es evidente: el objetivo declarado es corregir las pensiones bajas de los autónomos frente a los asalariados, pero el camino pasa por aumentar con mayor intensidad el esfuerzo contributivo de quienes más ingresos declaren. ¿Será una medida realmente progresiva o una traslación indirecta de presión fiscal hacia las capas intermedias del tejido productivo?
El papel de la oposición: discurso eficaz pero vacío
Feijóo, al acusar al Gobierno de “llevarse por delante a la clase media”, busca apropiarse del descontento ciudadano y enmascarar su propio silencio estructural frente a las deficiencias del sistema fiscal español. Su afirmación de que “España tiene que volver a merecer la pena trabajar” pretende conectar con los autónomos que viven al límite entre resistir o cerrar sus negocios.
Pero basta rascar la superficie para detectar dos inconsistencias:
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Inercia neoliberal: el PP no plantea alternativas sólidas de redistribución del esfuerzo contributivo ni pretende tocar los grandes privilegios fiscales. Su receta de “menos impuestos, menos papeles” suena más a desmantelamiento del Estado que a su mejora.
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Falta de programa real: ni Feijóo ni Bravo han presentado un modelo claro sobre cómo garantizar financiación suficiente para las pensiones, la sanidad o la educación pública sin que la carga recaiga, precisamente, sobre la clase media a la que dicen defender.
El recurso a la ironía resulta inevitable: mucha indignación contra “subidas de impuestos” mientras se guardan silencio ante los beneficios fiscales de las grandes corporaciones y patrimonios.
Equidad contributiva y perspectivas reales
El debate sobre las cuotas no se resume en “más o menos impuestos”. Lo que está en juego es qué tipo de Estado social se construye y quién lo sostiene. Algunos puntos deberían ser ineludibles:
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Tramos mínimos protegidos: los de menor ingreso necesitan progresividad real, no simbólica, con bonificaciones efectivas desde el inicio.
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Ajustes dinámicos: revisar los tramos periódicamente según inflación o situación sectorial.
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Protección social garantizada: no basta con cotizar más si las prestaciones siguen siendo bajas o inaccesibles.
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Transparencia: el sistema debe auditarse con rigor, sin opacidad técnica ni excusas burocráticas.
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Redistribución complementaria: las reformas contributivas deben acompañarse de políticas sobre patrimonio y fiscalidad empresarial para equilibrar la carga.
El verdadero mérito de una reforma fiscal no se mide por su rentabilidad política, sino por su capacidad de repartir responsabilidades sin fracturar la cohesión social.