La Audiencia Nacional ha condenado a Norberto Uzal, ex director general de Administración Local con Feijóo y Rueda, a 19 años y medio de prisión por un fraude fiscal masivo en el IVA de hidrocarburos. Es una cifra que habla sola, y cuya sola pronunciación incomoda a un PP gallego acostumbrado a exhibir su gestión como si fuera un manual de administración ejemplar y no, como ahora se descuenta, un espacio donde también germinaban decisiones que hoy pasan examen judicial.
En Galicia, el PP lleva quince años intentando que la política parezca una prolongación amable de la vida cotidiana: previsibilidad, pulcritud, orden administrativo. Pero aparece esta sentencia —un fraude de 154 millones— y todo ese paisaje se agrieta como si una grieta antigua hubiera esperado su momento para hacerse visible.
El protagonista, Norberto Uzal, no era un técnico de tercer nivel, ni un consejero delegado intrascendente. Fue director general de Administración Local, un cargo de confianza política directa, colocado allí en los años en los que Feijóo presumía de gestión y Alfonso Rueda administraba el poder autonómico con gesto de funcionario aplicado. Ahora la sentencia lo sitúa en un delito continuado de fraude fiscal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Y uno no puede evitar volver la vista a la Xunta de entonces y preguntarse cómo se eligen los nombres, por qué se selecciona a alguien que años después termina descrito así por un tribunal.
El PP pide ejemplaridad a los demás con la naturalidad de quien cree que la posee por decreto. Pero la condena a un ex alto cargo suyo —con 19 años y medio, casi una vida administrativa entera— deja en el aire la pregunta que nadie en Génova ni en San Caetano quiere responder: qué responsabilidad política se deriva de haber considerado “idónea” a esta persona para dirigir una pieza clave de la administración gallega. Porque la responsabilidad política no prescribe por cambio de sillón.
No se trata de una factura mal presentada, ni de un desfase contable que se resuelve con una disculpa medida. Es una estructura organizada para no pagar IVA y vender hidrocarburos a precios ventajosos, como un supermercado alternativo del que nadie preguntó demasiado mientras seguía ingresando. El relato judicial describe una trama consciente, no una torpeza contable.
Lo que desconcierta —y no poco— es el silencio del PP. El mismo partido que reclama ceses inmediatos al menor indicio en otros ámbitos, hoy opta por mirar hacia otro lado, como si quien fue alto cargo de su Gobierno autonómico hubiera aparecido por arte de magia en un puesto clave sin intervención humana.
El PP gallego siempre se ha movido con esa elegancia administrada que permite decir sin decir, insinuar sin comprometerse y dejar pasar el tiempo hasta que el asunto caiga por su propio peso. Pero hay cosas que no caen: quedan suspendidas en el aire, como un mal olor político que se tarda en disipar. Se repite desde hace meses el mantra de que solo el Gobierno central debe examinar sus nombramientos. Pues bien: aquí hay un nombramiento autonómico que alguien debería haber examinado antes. Y no lo hizo.
Que la empresa anuncie recurso no altera el fondo del asunto: la sentencia describe una mecánica de fraude que deja en entredicho la cultura de control administrativo de aquella Xunta. Feijóo apelaba a su "sentidiño" como si el sentido común fuera una política pública. Rueda heredó ese mantra. Y ahora ambos se encuentran con una condena que deshace esa ficción de orden perfecto.
Lo más perturbador es que, en Galicia, el PP sigue hablando como si nada hubiera ocurrido. La política gallega tiene esa habilidad: convertir en costumbre lo que en otros territorios sería un terremoto. Pero esta vez la sacudida llega a Madrid, donde Feijóo intenta proyectar una imagen de rigor que ahora debe convivir con esta sentencia.
No se trata de pedir dimisiones tardías —nadie espera eso—, sino de admitir que la gestión también falla cuando no se quiere mirar. Y que detrás de las fotos impecables y los discursos contenidísimos de la Xunta hubo decisiones que hoy pasan factura, nunca mejor dicho. La ejemplaridad no es un eslogan. Se demuestra. Y aquí, precisamente aquí, es donde empieza a faltar.