La decisión de Junts de apoyar el decreto de embargo de armas a Israel marca un punto de inflexión en la política exterior del Gobierno español. El texto, que prohíbe nuevas licencias de exportación y revisa las ya concedidas, avanza hacia su convalidación en el Congreso pese a las dudas tácticas de algunas formaciones y la oposición anunciada de los sectores más conservadores del arco parlamentario.
La política de Estado ya no puede mirar a otro lado
La convalidación del decreto ley que suspende la exportación de armas y material militar a Israel no se juega solo en una votación parlamentaria. Se disputa también en el terreno de lo simbólico, lo legal y lo geoestratégico. En un contexto donde las imágenes de Gaza han sacudido a la opinión pública europea, el Gobierno español no ha podido mantener la equidistancia formal que ha marcado otras etapas de su política exterior.
El texto legal, aprobado por vía de urgencia y ya en vigor, establece el embargo de todo tipo de tecnología con potencial militar hacia Israel. Incluye también una revisión técnica de los contratos vigentes, aunque sin carácter retroactivo. No es una ruptura diplomática, pero sí una señal: las vulneraciones del derecho internacional humanitario deben tener consecuencias concretas.
La postura del bloque progresista y de los aliados de investidura, con la excepción parcial de Podemos y las dudas tácticas del PNV, permite vislumbrar una mayoría suficiente. La derecha, por su parte, sigue sin aclarar si mantendrá su oposición explícita o se moverá en el terreno de la abstención útil. En todo caso, el posicionamiento de partidos como PP, Vox o UPN ante un embargo vinculado a crímenes internacionales ilustra más sobre sus prioridades geopolíticas que sobre el contenido del decreto.
Armas legales, consecuencias políticas
Desde el punto de vista jurídico, la suspensión de licencias no implica la ruptura automática de contratos anteriores. La legislación española exige un marco de proporcionalidad y seguridad jurídica para cualquier revisión retroactiva. No obstante, la revisión administrativa prevista en el decreto puede dejar sin efecto entregas aún pendientes.
Aun con ese límite, la medida tiene peso real. España es proveedor de sistemas duales —equipamiento electrónico, óptico, software— cuyo uso en territorio ocupado no ha sido controlado de forma efectiva por las autoridades israelíes. La revisión de exportaciones también permitirá, por primera vez en años, trazar con claridad qué contratos se han otorgado, a qué empresas y con qué controles posteriores.
Se abre así la puerta a un escrutinio parlamentario que, hasta ahora, había sido sistemáticamente bloqueado por los gobiernos anteriores. La transparencia en política de defensa no es un capricho, sino un instrumento de control democrático. Y es en ese punto donde la presión de la sociedad civil ha demostrado su capacidad de incidir, incluso en un terreno tan opaco como el comercio militar.
La derecha entre el repliegue y el alineamiento
Mientras el bloque de investidura cierra filas con matices, las derechas no ocultan su incomodidad con una medida que altera el discurso clásico de “neutralidad aliada”. El silencio del PP es, en realidad, una estrategia de contención. Votar a favor del embargo supondría reconocer que Israel ha cruzado líneas rojas jurídicas. Votar en contra los alinea con una política de impunidad ante crímenes documentados.
El dilema es evidente: no se trata de evaluar un gesto diplomático, sino de avalar o no un marco legal de consecuencias internacionales. Las derechas, atrapadas entre su alineamiento geopolítico con Netanyahu y la presión social interna, podrían optar por una abstención sin discurso, lo que sería, en la práctica, un voto a favor de que nada cambie.
Pero la política exterior también tiene costes reputacionales. Una oposición frontal al decreto colocaría al PP y a Vox en el mismo campo de juego que los ultras europeos que justifican sin matices la ofensiva israelí sobre Gaza. No sería una decisión neutra. Sería una señal de que, ante la violación del derecho internacional, el interés ideológico está por encima del humanitario.