La crisis de vivienda en España no solo se mide en precios disparados o en la falta de oferta asequible. También se libra en el terreno político. Varias administraciones gobernadas por PP y Vox —y algunas fuerzas nacionalistas— están reformulando los criterios de acceso a la vivienda pública con un enfoque restrictivo que desplaza el debate desde la escasez estructural hacia la selección de quién merece o no protección.
Hay decisiones políticas que no se anuncian como un cambio de modelo pero lo son. Endurecer el acceso a la vivienda pública en plena emergencia habitacional equivale a redefinir su función: de red de seguridad a filtro.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a situarse en la vanguardia de ese giro. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso plantea exigir hasta diez años de empadronamiento para optar a un piso protegido y ampliar la penalización a quienes hayan sido condenados por usurpación o allanamiento. No se trata solo de una modificación técnica; es un mensaje político. El problema ya no es únicamente la falta de vivienda social —una de las más bajas de Europa— sino quién queda fuera de ella.
El patrón se repite. Andalucía ha reforzado medidas para acelerar desahucios y limitar el acceso de personas con antecedentes relacionados con la ocupación. Murcia estudia vetos similares durante una década. Valencia apunta a un mínimo de siete años de residencia. La coincidencia territorial dibuja algo más que políticas aisladas: configura un clima ideológico.
El desplazamiento del culpable
En toda crisis hay una disputa por el relato. En la vivienda, ese relato empieza a trasladar la responsabilidad desde el mercado hacia los más frágiles.
El argumento es conocido: la ocupación como amenaza estructural y la población migrante como competidora por un bien escaso. Sin embargo, los datos llevan años señalando otra dirección —escasez de parque público, presión inversora, alquileres tensionados— mientras España continúa muy por debajo de la media europea en vivienda social. Cuando la oferta es insuficiente, seleccionar beneficiarios parece más fácil que ampliarla.
Algunos expertos hablan ya de “populismo punitivo”: medidas con alto rendimiento político y dudosa eficacia real. Penalizar a quien ocupó puede tener un fuerte eco simbólico, pero difícilmente resuelve el acceso a la vivienda.
La doble penalización
Juristas y activistas advierten de un problema de fondo: impedir el acceso a vivienda social a quienes han ocupado puede generar un círculo sin salida.
Si una persona recurre a la ocupación por falta de alternativas —una situación frecuente en contextos de pobreza severa— y la administración le veta después el acceso a un alquiler público, el sistema no corrige la exclusión: la perpetúa.
Además, surgen dudas jurídicas. Los antecedentes por delitos leves pueden cancelarse en pocos meses. Utilizarlos posteriormente como criterio administrativo plantea interrogantes sobre proporcionalidad y seguridad jurídica. La paradoja es evidente: se castiga la consecuencia sin intervenir sobre la causa.
Migración: la barrera invisible
El endurecimiento de requisitos de empadronamiento tiene un impacto particularmente intenso sobre la población extranjera. No por diseño explícito —aunque a veces el lenguaje político lo sugiera— sino por efecto práctico.
Quien vive en habitaciones subarrendadas, en viviendas sin contrato o en situaciones residenciales precarias tiene más dificultades para empadronarse. Sin padrón no hay acceso a derechos básicos, ayudas sociales ni vivienda pública.
Los estudios disponibles muestran un patrón persistente: aunque las personas migrantes representan una parte muy relevante de las solicitudes, el porcentaje de adjudicaciones es notablemente inferior. La desigualdad no siempre se proclama; a menudo se administra.
Algunos municipios, además, ponen trabas al empadronamiento de personas que habitan en viviendas ocupadas pese a tratarse de una obligación legal. El resultado es un bloqueo administrativo que multiplica la vulnerabilidad.
Gobernar desde el titular
En el debate habitacional español conviven dos velocidades. Por un lado, diagnósticos ampliamente compartidos sobre la necesidad de ampliar el parque público. Por otro, decisiones inmediatas orientadas a restringir el acceso.
El riesgo de esta estrategia es político y social: desplazar la discusión hacia el orden público evita confrontar los desequilibrios del mercado, pero no reduce la demanda ni abarata los precios.
Mientras tanto, decenas de miles de familias continúan dependiendo de medidas extraordinarias para no perder su vivienda y la oferta social sigue lejos de absorber esa necesidad.
La ocupación se convierte así en el primer campo de batalla de una narrativa más amplia: presentar la crisis como un problema de comportamiento individual antes que como el resultado de una estructura insuficiente.
Lo que está en juego no es solo quién accede a un piso protegido, sino qué significa hoy la vivienda pública. Tradicionalmente concebida como herramienta de cohesión, empieza a asumir rasgos selectivos propios de sistemas asistenciales restrictivos. El giro no siempre se formula en términos ideológicos; a menudo se reviste de gestión. Pero sus efectos son materiales: menos puertas de entrada en un momento de máxima presión residencial.
En ese terreno, la política de vivienda deja de ser una respuesta a la desigualdad para convertirse, progresivamente, en un mecanismo de clasificación social. Y cuando la protección se transforma en excepción, la crisis deja de medirse solo en metros cuadrados o en euros por alquiler. Empieza a medirse también en derechos.