La historia de las propiedades de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, vuelve a abrir un debate público que llevaba meses agazapado: cómo se ejecutó realmente la operación para hacerse con el ático donde reside junto a Isabel Díaz Ayuso y por qué ha generado tantas dudas sobre su origen, su coste y sus implicaciones políticas. Lo que parecía un simple alquiler de alto nivel se ha convertido en un caso que entrecruza negocios inmobiliarios, ayudas financieras, amistades influyentes y un proceso judicial que avanza en paralelo.
Lo primero es entender qué ha pasado. González Amador ha adquirido finalmente el ático en el que vivían en régimen de alquiler —por 5.000 euros mensuales— y sobre el que durante más de un año no se ofrecieron explicaciones claras. La vivienda, situada en la séptima planta de un edificio de Chamberí, supera los 150 metros cuadrados y cuenta con dos plazas de garaje. Su valor ronda, según fuentes conocedoras de la operación, más de un millón de euros. Para completar la compra, el empresario ha recurrido a una hipoteca de 600.000 euros concedida por Caja Rural de Zamora.
Pero esta no es su única propiedad en el edificio. Ya en 2022, poco después del presunto fraude fiscal que la Audiencia está investigando —más de 350.000 euros según Hacienda—, el empresario compró otro piso, el de la planta inferior. Con ambas viviendas, la pareja disfruta ahora de más de 350 metros cuadrados en uno de los distritos más caros de la capital, donde el precio de mercado de dos propiedades semejantes superaría con holgura los tres millones de euros.
¿Por qué la compra del ático ha generado tantas sospechas? Para responder a esta pregunta conviene retroceder a principios de 2023, cuando se supo que la vivienda no había sido adquirida directamente por González Amador, sino por una sociedad radicada en León —Babia Capital SL— propiedad de un economista clave en todos estos acontecimientos: Javier Luis Gómez Fidalgo, asesor fiscal del propio Amador en su conflicto con Hacienda.
En aquel momento, se comenzó a especular con la posibilidad de que el ático hubiese sido puesto a disposición de la pareja de manera excepcional o ventajosa. Las dudas crecieron cuando se confirmó que el inmueble se compró apenas unos meses después de que Amador mostrara interés por él pero asegurase no poder afrontarlo económicamente. Según una fuente próxima a Fidalgo, todo empezó en una conversación durante las Navidades de 2022 en la que González Amador confesó estar “agobiado” porque el ático, que era su verdadero objetivo, se había puesto a la venta cuando acababa de comprar el piso inferior.
Fidalgo, que combina sus labores como asesor fiscal con negocios inmobiliarios, ofreció “meter la nariz”, según la expresión literal que se recoge de aquella conversación. Poco después, y tras varios meses de negociaciones con numerosos herederos del inmueble, Babia Capital formalizó la compra en julio de 2023 gracias a préstamos de casi un millón de euros, préstamos registrados formalmente ante la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Unos meses después, y en un contexto ya marcado por las causas judiciales contra Amador, se supo que él pagaba el alquiler del ático a esta empresa —5.000 euros al mes— con una opción a compra que caducaba el 31 de agosto de 2024. Finalmente, y antes de comparecer ante el Tribunal Supremo hace apenas dos semanas como testigo en la causa por revelación de secretos contra el fiscal general, Amador cerró las negociaciones con Babia Capital y se convirtió en el nuevo propietario del ático.
Este contexto inmobiliario se solapa con un horizonte penal cada vez más complejo. Amador deberá responder ante la justicia por un presunto fraude fiscal cometido a través de sus dos consultoras sanitarias, mediante facturas que Hacienda considera falsas. La Fiscalía solicita para él una condena que supera los tres años y medio de prisión, mientras que las acusaciones particulares —PSOE y Más Madrid— elevan la petición a cinco años. A ello se suma otra investigación en la que se analiza si recibió un trato de favor por parte de un directivo de una importante empresa sanitaria.
La reciente compra del ático vuelve a colocar a la presidenta madrileña en el centro del debate político. Hasta el momento, Ayuso no ha reaccionado públicamente a esta última información, aunque se espera que la oposición le exija respuestas en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid. La controversia no es nueva: cuando comenzaron a trascender detalles sobre la vivienda, Ayuso llegó a ironizar sobre quienes la calificaban como “un piso de lujo”. Sin embargo, los datos del mercado inmobiliario apuntan a que se trata de una propiedad excepcional en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad.
En el plano político, la izquierda madrileña lleva meses usando este caso como argumento para denunciar la falta de transparencia en torno al patrimonio y la situación económica de la pareja de la presidenta. Y la compra del ático, lejos de calmar las aguas, vuelve a activar todas esas críticas.
En definitiva, la operación de compraventa no es solo una cuestión inmobiliaria. Está íntimamente ligada al proceso judicial que afronta González Amador, a las relaciones personales y profesionales que hicieron posible la adquisición y a la responsabilidad política que asume —o evita asumir— el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A falta de nuevas explicaciones, la historia seguirá creciendo, porque cada nueva pieza que aparece completa aún más un puzle que afecta no solo a un empresario bajo investigación, sino a la máxima autoridad política de la región.