La crisis de la vivienda ha vuelto a desbordar este sábado 3 de octubre las instituciones para instalarse en las calles, con movilizaciones convocadas en más de 50 ciudades españolas y una manifestación multitudinaria en Madrid que ha convertido el centro de la capital en el principal escenario de una protesta que ya no se limita a reclamar alquileres más asequibles, sino que empieza a plantear abiertamente una huelga general como siguiente instrumento de presión. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas había convocado marchas por todo el país después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.
La dimensión exacta de la protesta madrileña está sometida a una enorme disparidad de cifras que debe quedar clara: el Sindicato de Inquilinas asegura que participaron 500.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno reduce la asistencia a unas 70.000. Lo indiscutible es que cuatro grandes columnas partieron desde Atocha, Plaza de España, la glorieta de Emilio Castelar y el Hospital de La Princesa para confluir en Cibeles, obligando a cortar amplias zonas del centro y llenando ejes como Gran Vía, Castellana o el Paseo del Prado. La marcha concluyó sin incidentes en Madrid.
De la acampada de Sol a una movilización estatal
La manifestación llega después de una semana excepcional que comenzó con las protestas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas en su vivienda del barrio de Retiro, y que terminó provocando una acampada permanente en la Puerta del Sol. Aquella movilización ha ido incorporando colectivos vecinales, organizaciones sindicales, movimientos feministas, ecologistas, asociaciones educativas y plataformas vinculadas al derecho a la vivienda, hasta transformar una protesta inicialmente vinculada a un caso concreto en una movilización de alcance nacional
El salto político llegó el viernes, cuando el Congreso rechazó los dos reales decretos planteados por el Gobierno después de semanas de negociación. PP, Vox y Junts votaron contra las medidas, aunque con argumentos diferentes, mientras las organizaciones de inquilinos, que consideraban insuficientes los textos, defendían su aprobación como una protección de urgencia frente a determinados desahucios y subidas de alquiler.
La respuesta se trasladó inmediatamente a la calle y este sábado alcanzó ciudades de prácticamente todo el país. En Canarias, la Delegación del Gobierno contabilizó alrededor de 5.700 participantes entre las distintas movilizaciones, mientras los organizadores elevaron la asistencia en Las Palmas a 10.800 personas; en Valencia, las cifras oficiales hablan de más de 6.000 asistentes y la jornada terminó con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la Policía junto al Palau de les Arts, donde se celebraba un encuentro relacionado con la inversión inmobiliaria. En Barcelona, la convocatoria prevista para este sábado tuvo que ser aplazada hasta el lunes por las alertas meteorológicas.
“Hacia la huelga general”
La novedad fundamental de la jornada no ha sido únicamente su volumen, sino el cambio de estrategia anunciado por el movimiento de vivienda, que considera agotada la movilización limitada a manifestaciones y pretende ahora trasladar el conflicto al ámbito laboral.
“Hacia la huelga general” era precisamente el lema situado al frente de las columnas madrileñas, mientras la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, confirmaba que mantienen conversaciones con organizaciones sindicales y aseguraba que la convocatoria llegará “pronto”, aunque todavía no existe una fecha cerrada. Racu quiso además desligar esta estrategia de quién gobierne tras unas eventuales elecciones y sostuvo que la presión continuará con independencia del Ejecutivo que salga de las urnas.
El planteamiento también apareció en las asambleas celebradas durante los últimos días en Sol, donde los colectivos han defendido que una eventual huelga no debería limitarse a un gesto simbólico, sino buscar una paralización efectiva de la actividad. El Sindicato de Inquilinas ha comenzado al mismo tiempo a reducir parte de su presencia directa en la acampada para devolver militantes a los barrios y concentrar esfuerzos en esa nueva fase de organización.
Jóvenes que trabajan pero no pueden independizarse
Más allá de las organizaciones que encabezan las protestas, una parte importante de la movilización está formada por personas que trabajan pero consideran imposible acceder a una vivienda con sus ingresos. Entre los testimonios recogidos durante la marcha madrileña aparecen jóvenes que continúan viviendo con sus padres, trabajadores que destinan más del 40% del salario al alquiler y personas que, aun teniendo empleo estable, descartan poder comprar una vivienda durante la próxima década.
Esa diversidad generacional explica también por qué la marcha reunió a jóvenes, familias y jubilados que no necesariamente sufren personalmente un problema de vivienda, pero que observan cómo afecta a hijos y nietos, una transversalidad que las organizaciones convocantes intentan convertir ahora en la base de un movimiento mucho más amplio.
La protesta de este sábado deja por tanto una fotografía difícil de reducir exclusivamente a la batalla partidista abierta en el Congreso: con independencia de la enorme discrepancia sobre las cifras de asistencia, Madrid ha vivido una movilización masiva y decenas de ciudades españolas han salido simultáneamente a la calle, mientras el movimiento por la vivienda anuncia que su siguiente objetivo ya no es únicamente mantener las acampadas, sino intentar construir una huelga general capaz de trasladar la presión desde las plazas hasta los centros de trabajo.
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