Hace unas semanas que Diario Sabemos lo venía avisando. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha quitado la careta y se ha alineado con el bloque conservador al que ha cedido la mayoría de las comisiones y la más importante, la permanente, que es el órgano ejecutivo que toma las decisiones cuando no está constituido el pleno. Perelló ha declarado la guerra al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el cual acaba de sufrir la derrota mas importante de su carrera política porque fue el que pactó con el dirigente del PP, Esteban González Pons, este engendro de acuerdo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces que ha desembocado en este desastre en el cual no hay que olvidar una nueva metedura de pata de Sumar. La formación que gobierna en coalición con los socialistas ha cometido muchos errores a la hora de elegir a sus candidatos. Como consecuencia de ellos se produjo la escisión de los diputados de Podemos y designaron para ocupar una de las dos vocalías que cedieron los socialistas en el CGPJ a un personaje que ahora dice ser un vocal “progresista independiente”, Carlos Hugo Preciado. Y a ello hay que añadir la dimisión “por razones personales” de otro vocal del bloque progresista, José María Fernández Seijo, uno de sus referentes, que deja en minoría a la posición que debería ser mayoritaria. Una vez más, los conservadores vuelven a hacerse con el poder judicial.
En un comunicado, el entorno de Preciado dice que el vocal disidente defiende que el “equilibrio entre sensibilidades se ha conservado con carácter general en la renovación”, y se congratulan de que “los progresistas más próximos al ministerio de justicia han perdido peso respecto de las opciones progresistas independientes”, una corriente de la que, según el texto, solo forma parte él. En el departamento de Bolaños llaman “Tamayo” a Preciado recordando al diputado tránsfuga de la asamblea de Madrid que facilitó la elección de Esperanza Aguirre en 2002, y sostienen que el vocal se ha entregado a los conservadores especulando con la posibilidad de que le hayan ofrecido a cambio alguna contrapartida.
En Sumar defienden a Preciado. Dicen que sigue siendo progresista pero lo cierto es que este vocal últimamente ha apoyado las propuestas de los conservadores. La formación de Yolanda Díaz argumenta que lo ha hecho “para reequilibrar la composición de fuerzas en el organismo”, un relativo reequilibrio cuando el porcentaje de designaciones a favor del bloque conservador es del 68% frente al 32 del bloque progresista del que, por cierto, la otra vocal propuesta por Sumar, Inés Herreros no se ha movido de las posiciones de sus compañeros.
Pero lo peor no es lo de Preciado. Lo más significativo es la postura de Isabel Perelló enfrentada descaradamente al gobierno. Ella fue la que presionó a Ana María Ferrer y Pilar Teso para que renunciaran a seguir adelante con su candidatura a las presidencias de las salas de Lo Penal y Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo facilitando la designación de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, y calificó públicamente a los progresistas de “falta de sentido institucional”. Ahora, ha desequilibrado la composición de fuerzas en el seno de la comisión permanente. Ha apoyado a Preciado y los progresistas se han quedado con dos puestos. El dimisionario Fernández Seijo iba a ser el tercero, pero Perelló voto a favor de que entrase Preciado. Esa es la razón por la que el juez barcelonés quiere marcharse, aunque oficialmente acuda a la tradicional excusa de las razones personales
En el seno del gobierno se culpa a Margarita Robles, la ministra de Defensa, quien recomendó a Isabel Perelló para el cargo. La presidenta del GCPJ y del Supremo está afiliada a Juezas y Jueces para la Democracia. La asociación, en su reciente congreso, ha criticado a su compañera y el malestar es evidente. La mayoría de los nombramientos en las instancias territoriales han caído del lado de los jueces conservadores. Perelló, mientras tanto, no se cansa de efectuar manifestaciones exigiendo la negociación de la ley Bolaños de acceso a la carrera judicial que rechaza tajantemente siguiendo los criterios de las asociaciones conservadoras, en especial la todopoderosa APM.
Pero el problema no está ni en el transfuguismo de Preciado ni en el posicionamiento de la Perelló. Desde aquí se ha advertido, en multitud de ocasiones, la fragilidad del acuerdo alcanzado hace algo más de un año entre Bolaños y González Pons que repartía de forma salomónica la correlación de fuerzas en el Consejo General del Poder Judicial. En el departamento del ministro dicen que no hay fracaso porque la situación actual es mucho mejor que la anterior con cinco años de bloqueo, y que, con mucho esfuerzo, se está logrando reequilibrar los nombramientos en la carrera judicial. Los datos demuestran lo contrario. La Judicatura está dominada por los jueces próximos a los postulados del PP cuando no de Vox y, a partir de ahora, se puede esperar dictámenes desfavorables a las iniciativas legislativas del gobierno de Pedro Sánchez, tal y como sucedía en el anterior mandato.
El Consejo General del Poder Judicial sigue siendo un organismo fundamental en muchos aspectos. Su promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha sido señalado por su proximidad al Partido Popular y es el que tiene que promover o archivar las quejas presentadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la instrucción del juez Ángel Hurtado, y las de los magistrados Juan Carlos Peinado y Nuria Ruiz Tobarra, la instructora de la catástrofe de la Dana. El organismo ni se ha movido a pesar de los señalamientos mediáticos contra Conde. Tampoco se posicionó en la huelga de jueces y magistrados contra la reforma Bolaños a pesar de que los miembros de la judicatura tienen prohibido este tipo de movilizaciones.
La crisis en el CGPJ está servida todo ello debido a la poca eficacia negociadora de Bolaños frente a un halcón pepero como es González Pons. Por mucho que se diga que logró desbloquear una situación complicada y con repercusiones constitucionales, lo cierto es que, en esta ocasión, no ha sido mejor ese mal acuerdo que la falta de acuerdo. Lo mejor habría sido modificar la ley para que este tipo de situaciones no se repitan.