Con su dictamen sobre las ventajas e inconvenientes de las fórmulas propuestas para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. la Comisión de Venecia, en lugar de aportar soluciones, ha vuelto a abrir la polémica. Y, ahora, cada uno analiza la resolución según sus intereses. El dictamen de la Comisión de Venecia se inclina por la propuesta conservadora, la elección directa de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero, al mismo tiempo, admite que este sistema puede derivar en un excesivo corporativismo por la influencia de las asociaciones judiciales. La derecha mediática se ha lanzado a decir que la resolución, que, por supuesto no vincula a nadie, es “un varapalo” al gobierno de Sánchez y apunta directamente a Bolaños cuando el ministro de Justicia nada ha tenido que ver en este asunto. El acuerdo que negoció con Esteban González Pons para desbloquear la negociación del consejo hace ya algo más de un año, dejaba en manos del organismo la propuesta para una futura renovación. El empate entre progresistas y conservadores por cuya balanza la presidenta, supuestamente “progresista”, Isabel Perelló, no se atrevió a inclinar, obligó a una solución salomónica: se elaboró un informe con las dos propuestas antagónicas, y se remitió al Congreso de los diputados.
Pero, por supuesto, en todo proceso existe la “trampa” y, dicen que fue la propia Perelló, aunque no está confirmado, la que acudió a la Comisión de Venecia para solicitar un dictamen. El organismo consultivo de un Consejo de Europa donde están representados no sólo los socios de la UE sino también terceros países que nada tienen que ver con el respeto al Estado de derecho, ya ha efectuado dictámenes en lo que respecta a la legislación española que están siendo manipulados por la derecha para defender sus intereses. Sucedió con la ley de amnistía. Un dictamen ambiguo en el cual los “relatores” avalan la legalidad de la medida de gracia, pero añadiendo algunos inconvenientes como es la rapidez con que se elaboró y se tramitó parlamentariamente. Poco les faltaron a los portavoces del PP y de Vox para manifestar que “Europa les dio la razón”. El dictamen de la Comisión de Venecia se aprobó cuando todavía, ni siquiera, había sido aprobada parlamentariamente la norma.
Esos mismos relatores que aprovechan cualquier oportunidad para darse un paseo por España a costa del erario son los que han incendiado el asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay interpretaciones para todos los gustos, convenga a quien convenga. Pero lo que sí es cierto es que, inclinándose por la fórmula de la elección directa por parte de los jueces de los vocales de su órgano de gobierno, avisan de que ésta puede ser utilizada por las asociaciones profesionales para hacerse con un poder que no les corresponde ni siquiera por representatividad.
Según los datos disponibles, de los 5.408 jueces y magistrados en activo, sólo 3.000 están afiliados. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura arrasa, con 1.355. Las siguen otras dos asociaciones que se declaran “centristas e independientes” pero que su trayectoria dice lo contrario, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente. Si trasladamos los datos de su representatividad a los órganos que, en estos momentos, dependen del sufragio directo de la profesión, los miembros de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, a finales del año pasado cuando se celebraron las últimas elecciones, la APM se hizo con el 52% de los asientos, mientras la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial, accedieron al 25% y al 11%, respectivamente. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia consiguió apenas el 3,3% de los puestos en liza. En la Comisión de Ética, donde también hay elección directa por parte de los jueces, solo un miembro es de la asociación progresista.
Estos resultados no tendrían mayor importancia, porque refleja el sentir de este colectivo, si no fuera porque últimamente la judicatura está politizada hasta el punto de que en numerosos procedimientos están muy claras las posiciones favorables de los tribunales hacia la derecha. Además, habría que estudiar un sistema que permita la transparencia de unas elecciones de este tipo ya que en las de los jueces de sala se ha podido comprobar, gracias al llamado “voto delegado”, que las asociaciones con un aparato capaz de movilizarse consiguen sufragios de manera poco democrática. Incluso se ha pedido la anulación de los sufragios emitidos por correo. Porque lo que es verdad es que jueces y magistrados tienen escaso interés en este tipo de consulta y, además, hay que volver a repetirlo, casi el 50% del colectivo no muestra interés alguno por las asociaciones profesionales que dicen representarlos.
El sistema que proponen los conservadores fue el vigente hasta 1985. Con las anteriores reglas del juego, la candidatura de la APM, la única constituida hasta ese momento, ganó las elecciones y se hizo con todos esos puestos a pesar de que había listas abiertas. El sistema se antojó inoperante y el PSOE de Felipe González decidió cambiarlo por el actual mediante el cual las Cortes designan, por mayoría de tres quintos, a los veinte vocales. Cada una de las Cámaras, el Congreso y el Senado, elige a diez: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial. Estos últimos, son escogidos de una lista cerrada propuesta por los propios jueces. Para entrar en ella es necesario tener el aval de 25 magistrados o de una asociación. Cada juez puede respaldar a 12 compañeros y cada asociación puede avalar también a 12.
La Comisión de Venecia rechaza este sistema, el propuesto por los vocales progresistas, por considerar que “no garantiza la independencia del poder judicial”. Pero está claro que, aunque la derecha insista en que en Europa es el modelo vigente, la elección directa implica demasiadas dudas. Se tiene el ejemplo de los consejos de los años ochenta del siglo pasado dominados por los conservadores y, ahora mismo, numerosos puestos de responsabilidad están en manos de la derecha precisamente por la aplicación de este modelo que, tal y como están las cosas, no garantiza una representación proporcional donde tengan cabida las minorías.