Europa no se traga la épica. La Comisión valora que el bloqueo del CGPJ haya terminado, sí, pero lo hace como quien anota un movimiento pendiente en una hoja de ruta más amplia. La justicia española no ha salido aún de la sala de observación. Bruselas exige una reforma real del sistema de elección, y el Parlamento Europeo ya prepara maletas para vigilar, evaluar y redactar un informe crítico sobre el estado del derecho en España. El tiempo del aplauso breve ha terminado. Empieza el de los deberes aplazados.
Una renovación que no basta
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), celebrada por buena parte del tablero político como un hito, apenas ha arañado la superficie del problema. Bruselas lo ha dicho con diplomacia quirúrgica, pero sin ambigüedad: “no es el final de la historia”.
Julien Mousnier, responsable del área de Estado de derecho en la Dirección General de Justicia de la Comisión, recordó este lunes que la clave sigue siendo el modelo de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El actual, donde el poder legislativo —y por extensión, los partidos— decide quién ocupa los sillones, sigue bajo observación. Europa reclama una reforma sustancial, alineada con la doctrina del Consejo de Europa y con la práctica mayoritaria en los sistemas judiciales independientes. Mientras tanto, el CGPJ renovado, tras más de cinco años de mandato caducado, funciona con un traje a medida para salir del paso, no con un nuevo diseño institucional que blinde la independencia judicial.
Control institucional o reforma estructural
En el fondo del debate no solo está la arquitectura institucional, sino su uso. El Poder Judicial ha sido una herramienta de desgaste partidista, una palanca más en la confrontación entre bloques, en lugar de una institución con autoridad propia y legitimidad regenerada.
No sorprende que la Comisión Europea mantenga el expediente abierto. Tampoco que anuncie nuevas visitas y un seguimiento más estrecho. Lo que sí sorprende es la tranquilidad escénica con la que parte del arco parlamentario ha recibido esta vigilancia ampliada.
En 2026, una misión del Parlamento Europeo aterrizará en Madrid con una agenda amplia: desde la reforma del CGPJ, hasta la situación del Ministerio Fiscal, la sociedad civil y la transparencia legislativa. La LIBE —comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior— ya ha advertido de que elaborará un informe formal tras la visita. Lo que aquí se ha contado como solución, en Bruselas se sigue escribiendo como problema en desarrollo.
Un sistema atrapado en su propia inercia
España ha vivido años con un CGPJ en funciones que, sin embargo, siguió tomando decisiones clave. En ese periodo, el órgano nombró magistrados, asumió competencias críticas y se mantuvo como actor institucional con plena actividad. La anomalía no fue jurídica, fue política. Y ahí es donde las instituciones europeas siguen viendo el foco de la erosión.
El principal riesgo ahora no es que se repita el bloqueo, sino que se acepte como normal un modelo donde el reparto de vocalías se pacta como si fuera parte de un juego de coaliciones. La independencia judicial no se mide por el número de magistrados afines a un bloque u otro, sino por la arquitectura institucional que evita esa dicotomía desde el origen.
Por eso Bruselas exige más. Porque los acuerdos que se firman para salir del paso no sustituyen a las reformas que se deberían haber pactado hace una década. Porque Europa no mide la calidad democrática por titulares, sino por mecanismos.
Lo que viene: fiscalización europea y cuentas pendientes
La Comisión Europea ha encajado avances, pero no se ha desmovilizado. La cita con España de 2026 será una auditoría real, no una visita de cortesía. Y el informe que se redacte a su regreso tendrá consecuencias políticas, tanto en el plano comunitario como en el interno.
Para entonces, si el Gobierno no ha abierto el debate sobre el cambio del sistema de elección, si la derecha vuelve a agitar la amenaza del retroceso democrático y si la sociedad civil no ha sido incorporada al proceso de reforma, la confianza exterior volverá a resentirse.
Bruselas lo ha dicho con el estilo que se reserva a los países que aún cuentan: el tiempo para los arreglos internos se agota. Lo que ahora está en juego no es solo el CGPJ. Es la credibilidad de la institucionalidad democrática ante quien observa desde fuera, y la eficacia de un sistema que, tras años de desgaste, ya no resiste más parches.