Las mujeres mayores no solo perciben pensiones más bajas, sino que afrontan un final de vida más largo, más caro y peor cubierto. La brecha de género no se jubila con la edad: se amplifica. Y el Estado sigue sin ajustar el sistema a una realidad que conoce desde hace décadas.
Un sistema que penaliza biografías reales
Las cifras son elocuentes. En 2025, las mujeres cobran de media 510 euros menos de pensión al mes que los hombres. No porque vivan menos. No porque hayan trabajado menos. Sino porque el modelo de cotización sigue asumiendo que las trayectorias laborales son masculinas: estables, continuas y bien remuneradas.
Solo el 57% de las mujeres pensionistas accede a la pensión de jubilación —el tramo contributivo principal—, frente al 82% de los hombres. Muchas otras han cotizado de forma parcial, han interrumpido sus carreras por cuidados no remunerados o han transitado empleos de menor protección social. No es un error del sistema. Es el resultado previsible de un diseño que nunca ha corregido el sesgo de origen.
Ese desequilibrio estructural se traduce en 28.500 millones de euros de impacto económico anual, según el último estudio de ClosinGap. Una cifra que equivale al 1,8% del PIB y que tiene consecuencias directas sobre la recaudación y el consumo, pero también sobre la autonomía material de más de cuatro millones de mujeres mayores.
Pobreza acumulada y dependencia desprotegida
El diferencial no se limita a las pensiones. El patrimonio medio de las mujeres mayores de 67 años es un 5% inferior al de los hombres, y su capacidad de ahorro previsional ha retrocedido aún más. En planes de pensiones privados, la brecha se ha cuadruplicado en seis años.
A eso se suma un elemento menos visible pero más determinante: la esperanza de vida femenina es cinco años mayor. Esa longevidad no es una ventaja si viene acompañada de mayor gasto sanitario y de dependencia, y menores recursos para afrontarlo. El coste medio anual de los cuidados supera los 23.000 euros en mayores de 80 años. Solo el 60% de las mujeres pueden asumirlo sin apoyo externo. Y muchas no cuentan con red familiar o institucional suficiente.
No es solo desigualdad en ingresos. Es exclusión en la vejez.
Política fiscal sin perspectiva de género
La inercia fiscal tampoco ha corregido el problema. Las políticas públicas se han centrado en complementar pensiones mínimas con ayudas residuales, pero no han cuestionado el modelo contributivo de base. La lógica permanece: quien cotizó menos, cobra menos. Aunque esa cotización reducida obedezca a tareas que han sostenido el sistema de cuidados del país sin retribución alguna.
La justicia distributiva no puede limitarse a parches en los tramos finales. Exige revisar cómo se calcula el derecho desde el inicio. Y asumir que la desigualdad de género acumulada no se resuelve con una subida del SMI o una deducción fiscal. Se requiere una reforma integral del sistema que reconozca económicamente el trabajo no remunerado que tantas mujeres han asumido como obligación cultural.
Una reforma pendiente que no admite más espera
Desde hace más de una década, los informes académicos y técnicos advierten que el diseño actual del sistema de pensiones no resiste una lectura con perspectiva de género. No lo hace en los ingresos, ni en los tiempos, ni en la protección ante la dependencia. Las reformas han sido siempre paramétricas, cuando el desequilibrio es estructural.
Ajustar las reglas del sistema no es solo una cuestión presupuestaria. Es una decisión política sobre qué vidas se valoran y cómo se define la justicia social. Y cada año que pasa sin cambios reproduce el esquema que penaliza las vidas interrumpidas por la responsabilidad de cuidar.
España está perdiendo ingresos, productividad y equidad a partes iguales. Y miles de mujeres mayores pagan ese coste a diario.