Aznar predica concordia con el apocalipsis en la boca

José María Aznar ha vuelto a colocarse en un papel que conoce bien, el del dirigente que advierte de que España está a punto de dejar de ser España. Esta vez el calendario del desastre termina el 29 de noviembre, fecha de unas elecciones que considera las más importantes «desde el comienzo de la Transición». No porque los ciudadanos vayan a elegir entre distintos programas, mayorías o modelos de país, sino porque, según su relato, Pedro Sánchez y sus aliados pretenden conferir a esos comicios un carácter «prácticamente constituyente». Si la actual coalición logra volver a gobernar, sostiene, se acabarán «el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora», «la unidad» y «la monarquía constitucional parlamentaria». Cuando se le preguntó si eso significaría caminar hacia una república, respondió sin rodeos. «Absolutamente». 

La escena tiene algo de viejo conocido. Aznar no describe una alternancia política que considera indeseable, sino una especie de último día del sistema constitucional, como si las urnas del 29 de noviembre no fueran a elegir un Congreso sino a decidir si España amanece al día siguiente convertida en otra cosa. El problema para semejante dramatización es que la Constitución tiene procedimientos bastante menos emocionantes. La forma política del Estado está recogida en su artículo 1.3 y una reforma que afectase al Título preliminar o al Título II exigiría el procedimiento agravado del artículo 168, con mayorías de dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, nuevas elecciones, una segunda aprobación por idéntica mayoría y referéndum. La monarquía, por tanto, no desaparece porque Sánchez vuelva a reunir los apoyos necesarios para ser investido, por mucho que el expresidente prefiera presentar unas elecciones ordinarias como la última estación antes del abismo. El propio análisis de su intervención advierte de que esa afirmación debe entenderse como una previsión política y no como una consecuencia jurídica automática. 

La Constitución convertida en atrezo electoral

Aznar no se limita a decir que el Gobierno se equivoca, que legisla mal o que mantiene alianzas que él considera perjudiciales. Construye una acusación mucho más amplia. Habla de un «bloque absolutamente anticonstitucional que quiere acabar» con la Constitución y sostiene que el Ejecutivo y sus socios pretenden «deconstruir» el sistema constitucional. Es una diferencia importante, porque una democracia admite que una ley pueda ser inconstitucional y dispone de tribunales precisamente para resolverlo. Otra cosa muy distinta es elevar al conjunto de los adversarios políticos a la categoría de enemigos del propio sistema.

El recurso funciona porque elimina casi todos los matices. Si quienes gobiernan no son simplemente una mayoría distinta, sino un bloque dedicado a destruir la Constitución, entonces ya no hace falta discutir demasiado sobre sus políticas. El adversario deja de estar equivocado y pasa a estar situado fuera de los límites de la normalidad democrática. A partir de ahí, cada elección puede convertirse en definitiva, cada acuerdo parlamentario en una amenaza histórica y cada legislatura en la última oportunidad para salvar algo. España lleva bastantes años sobreviviendo a este tipo de anuncios, pero la fecha del apocalipsis siempre puede aplazarse hasta la siguiente convocatoria electoral.

Del voto a la sospecha

Mucho más seria es la parte de la intervención en la que Aznar entra en el terreno del censo electoral. El expresidente sostiene que la conocida como ley de nietos supone «alterar el censo electoral» y, cuando se le plantea si considera capaces a los socialistas de utilizar esa alteración para obtener ventajas, responde afirmativamente. La acusación merece detenerse porque aquí ya no se discute sobre ideología, vivienda o pactos parlamentarios, sino sobre la confianza en las reglas que permiten votar.

La Ley de Memoria Democrática estableció determinados supuestos para que descendientes de españoles pudieran adquirir legalmente la nacionalidad. Quienes obtienen esa nacionalidad adquieren, como cualquier otro español que cumpla los requisitos legales, derechos políticos. Que el número de electores aumente como consecuencia de una norma no convierte ese crecimiento en una manipulación clandestina del censo. El documento sobre la intervención de Aznar recuerda además que la Oficina del Censo Electoral depende del INE y actúa bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central, con mecanismos para controlar altas, bajas, duplicidades y reclamaciones. 

Aznar no aportó pruebas de una operación para colocar electores donde electoralmente resultasen más rentables. Y esa ausencia no es secundaria. Insinuar que un Gobierno podría manipular el censo para obtener escaños resulta considerablemente más grave que acusarlo de aprobar una mala ley. La sospecha, sin embargo, tiene una extraordinaria resistencia política. No necesita demostrar nada para empezar a circular. Basta con formularla y dejar que el resto lo haga la desconfianza.

Una huelga que Aznar convierte en campaña

La huelga general anunciada por UGT y CCOO también pasa por la trituradora interpretativa del expresidente. Aznar pregunta repetidamente «¿contra quién?» y acaba resolviendo el misterio por su cuenta. Según él, se trata de una huelga «contra la oposición, contra la alternativa», una iniciativa «políticamente delirante» promovida por quienes habrían perdido «un poco el sentido de la orientación». 

Los sindicatos han explicado algo diferente. UGT y CCOO acordaron una huelga general de 24 horas para este otoño vinculada al derecho a una vivienda digna y a la necesidad de salarios suficientes para poder pagarla, y señalaron como destinatarias de sus reivindicaciones tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales. Aznar puede sostener que esa protesta tendrá consecuencias políticas o que favorecerá electoralmente a determinados partidos. Lo que ya resulta mucho más complicado es presentar esa interpretación como la finalidad oficial de la convocatoria.

El procedimiento vuelve a ser el mismo. Una movilización por vivienda y salarios se transforma en una ofensiva contra el PP. Todo termina orbitando alrededor de una derecha convertida simultáneamente en alternativa de Gobierno y víctima de una gigantesca operación política destinada a impedir que gobierne. El relato tiene una indudable virtud narrativa. También tiene el inconveniente de que exige retorcer bastante las motivaciones expresadas por quienes convocan la protesta.

El propietario entra en escena

Cuando llega a la vivienda, Aznar sitúa buena parte del problema en la falta de oferta y en la inseguridad jurídica que, a su juicio, sufren los propietarios. Su explicación es gráfica. Si al propietario se le trata «poco más o menos que como un criminal» y al casero «poco más o menos que como un ladrón», acabará retirando la vivienda del alquiler. Rechaza los controles de rentas y determinadas fórmulas de intervención, y apuesta por liberar suelo, construir vivienda social y facilitar empleo y acceso a una casa a los jóvenes. 

Existe un debate económico legítimo sobre cómo determinadas regulaciones afectan a la oferta, pero reducir la emergencia habitacional a la falta de vivienda disponible y al miedo del propietario deja fuera demasiadas piezas. Los salarios, el precio del alquiler, la localización de la oferta, la vivienda vacía, la inversión especulativa o la escasez de parque público no desaparecen porque se coloque al casero en el centro de la escena. En la versión de Aznar, sin embargo, la persona que no puede pagar el alquiler pierde rápidamente protagonismo y el foco se desplaza hacia quien teme que alquilar deje de resultarle atractivo.

Hay aquí una continuidad bastante reconocible con su visión del mercado. El problema no estaría tanto en que una parte creciente de la población encuentre imposible acceder a una vivienda asequible como en que la regulación haya alterado los incentivos de quienes poseen una. El drama habitacional termina explicado desde la incomodidad del propietario. Es una elección política perfectamente legítima, aunque conviene llamarla por su nombre y no confundirla con una descripción neutral del problema.

España necesita ser reconstruida

Aznar también dedica tiempo a Vox y sostiene que a Sánchez le interesa que la formación de Santiago Abascal crezca porque un Vox fuerte debilitaría al PP. Para explicarlo recurre a dos escenarios. No sería lo mismo, dice, un PP con 165 diputados y Vox con 35 que un PP con 140 y Vox con 60. En ese segundo supuesto duda de que pudiera acometerse la «reconstrucción nacional» que considera necesaria.

La expresión merece detenerse un momento porque ninguna reconstrucción empieza sin una destrucción previa. Aznar no plantea simplemente un cambio de Gobierno que rectifique determinadas políticas. Habla de reconstruir la nación, una formulación que vuelve a colocar el debate en una dimensión extraordinaria. España ya no necesitaría mejores políticas públicas, más vivienda, mejores salarios, reformas administrativas o cambios legislativos. Necesitaría levantarse de unas ruinas que el propio discurso da por existentes.

Ahí reside buena parte de la eficacia del lenguaje elegido. Si el país está destruido, quien promete reconstruirlo deja de ser una opción partidista entre otras y adquiere una misión histórica. Y si quienes han gobernado son responsables del derrumbe, cualquier pacto con ellos o con sus aliados puede presentarse como una prolongación del desastre. La política deja de ser administración del conflicto democrático y se convierte en una pelea entre demolición y restauración.

Y después llegó la concordia

Con semejante introducción, el tramo dedicado a la concordia adquiere un tono casi involuntariamente satírico. Aznar reivindica los puntos de encuentro de la Transición, critica los «muros», alerta contra los extremismos y termina recomendando a los jóvenes que «busquen siempre la concordia» y que «nunca busquen el enfrentamiento entre españoles». La frase sería difícil de discutir si no hubiese llegado después de escuchar el resto.

Porque el mismo hombre que reclama concordia acaba de anunciar que una nueva mayoría parlamentaria puede liquidar la monarquía, que existe un bloque que quiere acabar con la Constitución, que los socialistas podrían utilizar el censo en su beneficio y que una huelga por la vivienda es en realidad una movilización contra la oposición. También ha hablado de reconstrucción nacional y ha convertido unas elecciones generales en un plebiscito sobre la continuidad del modelo constitucional.

El contraste constituye quizá el elemento más revelador de toda la intervención. Aznar parece reclamar una España sin muros después de haber dedicado buena parte de su discurso a construir uno de considerable altura entre quienes compartirían su diagnóstico y quienes formarían parte de la amenaza.  La concordia queda así reservada para después del apocalipsis, cuando previamente se haya aceptado que una parte del país pretende destruir la Constitución, manipular el censo y acabar con la monarquía.

El 29 de noviembre los ciudadanos elegirán diputados. De esos resultados saldrán mayorías parlamentarias y, si alguna consigue articularlas, un Gobierno. La Constitución seguirá teniendo sus procedimientos, los tribunales sus competencias y los españoles su derecho a votar a quien consideren conveniente. Todo bastante menos solemne que el escenario descrito por Aznar y también bastante más parecido a una democracia constitucional. Quizá la mejor manera de defender la concordia no consista en advertir a media España de que la otra media está preparando el fin del país.