La presidenta aporta cifras correctas sobre el despliegue y la inversión, aunque exagera el porcentaje de conatos, presenta como efectivos operativos a miles de voluntarios y lanza un liderazgo europeo que no puede verificarse con datos comparables
La rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso desde el Puesto de Mando Avanzado combinó información necesaria sobre evacuaciones, confinamientos y recursos desplegados con una defensa política de la gestión de la Comunidad de Madrid. La presidenta trató de desplazar el debate sobre las responsabilidades hacia el origen humano de los incendios, la llegada de fuegos desde otras autonomías y las dificultades denunciadas por propietarios y trabajadores del campo para limpiar los montes.
Una parte de sus afirmaciones es cierta. Otra necesita importantes matices. Y algunos de los datos utilizados para presentar el dispositivo madrileño como prácticamente incontestable no coinciden con las cifras publicadas por su propio Gobierno.
Ayuso no es responsable de que un vehículo se incendiara en la M-501 ni de que un fuego iniciado en Toledo atravesara el límite autonómico. Tampoco puede atribuírsele el viento extremo, las altas temperaturas o la conducta de las personas que pudieran haber provocado alguno de los focos. Pero su Gobierno sí tiene responsabilidades directas sobre la prevención forestal, la planificación anual, la regulación de actividades peligrosas, los recursos autonómicos de extinción y la gestión de los montes que se encuentran bajo su competencia.
Las hectáreas no cuadran
La primera contradicción aparece en el balance de superficie. Ayuso afirmó que el incendio había quemado 28.000 hectáreas y que a ellas había que sumar otras 6.000 correspondientes al día anterior. Esa operación arrojaría un total de 34.000 hectáreas.
Sin embargo, la página oficial de la Comunidad de Madrid, actualizada el 27 de julio a las 10.30 horas, mantiene la superficie afectada en aproximadamente 28.000 hectáreas. También confirma más de 55.000 personas evacuadas o confinadas, 300 efectivos regionales, 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos autonómicos.
Por tanto, la cifra de 28.000 hectáreas está respaldada, pero no lo está la suma posterior de otras 6.000. Puede tratarse de un error al expresarse, de una estimación no consolidada o de una doble contabilización. Hasta que exista una actualización cartográfica oficial, no resulta correcto presentar las 34.000 hectáreas como un balance confirmado.
Tampoco puede verificarse su afirmación de que se trata de “la mayor catástrofe natural de la historia de España por el patrimonio natural” perdido. No existe un índice oficial que permita comparar con una sola medida los incendios, inundaciones, terremotos, temporales o erupciones volcánicas sufridos por el país. Es una expresión política y emocional, no una conclusión técnica.
Sí puede sostenerse que el incendio es el más grave sufrido por la Comunidad de Madrid en su historia reciente por su extensión, las poblaciones amenazadas y el número de personas afectadas. Pero convertirlo en la mayor catástrofe natural de toda España carece de una metodología pública que lo respalde.
El Estado dirige ahora, pero Madrid tenía las competencias antes
Desde que el Ministerio del Interior declaró la emergencia de interés nacional el 23 de julio, la dirección general corresponde a Fernando Grande-Marlaska y la dirección operativa al jefe de la Unidad Militar de Emergencias. El Estado ordena y coordina desde entonces todos los recursos estatales, autonómicos y locales movilizados.
Eso no significa que el Gobierno central haya asumido retroactivamente las obligaciones que correspondían a la Comunidad de Madrid antes de la declaración. En las situaciones operativas 0, 1 y 2, el propio Plan INFOMA establece que la dirección pertenece a la Administración autonómica. Solo la situación 3 transfiere el mando al Estado.
Además, el plan madrileño reconoce expresamente que la Comunidad posee las competencias sobre montes, aprovechamientos forestales, protección ambiental, prevención y extinción de incendios. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y la Consejería de Medio Ambiente son los órganos responsables de ejercerlas.
El reproche sustantivo que puede hacerse al Ejecutivo regional no consiste en acusarlo de haber iniciado las llamas. Consiste en exigirle explicaciones sobre la planificación previa, el mantenimiento de las zonas de interfaz entre monte y viviendas, la suficiencia de las plantillas, los trabajos preventivos y la capacidad del dispositivo para responder cuando coincidieron tres incendios.
Un plan anual publicado casi seis meses tarde
Existe además una cuestión administrativa relevante que Ayuso no mencionó. La legislación estatal obliga a las comunidades autónomas a aprobar y publicar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción antes del 31 de octubre del año anterior a su aplicación.
El Plan Anual de la Comunidad de Madrid para 2026 fue aprobado mediante una orden fechada el 17 de abril y publicado en el Boletín Oficial regional el 29 de abril de 2026. El calendario oficial no encaja, por tanto, con el plazo fijado por la Ley de Montes: debió haberse publicado antes del 31 de octubre de 2025.
La demora documental no demuestra por sí sola que los incendios pudieran haberse evitado. Tampoco permite establecer una relación causal directa con la extensión alcanzada por las llamas. Pero sí contradice la imagen de una planificación administrativa ejecutada impecablemente y en los tiempos exigidos.
La normativa obliga a que esos planes incluyan los trabajos preventivos, los cortafuegos, las vías de acceso, los puntos de agua, las dotaciones permanentes, la financiación y las medidas necesarias para intensificar los dispositivos ante condiciones meteorológicas extremas. Evaluar si todo ello fue suficiente y se ejecutó correctamente forma parte de la responsabilidad política autonómica.
¿Está prohibido limpiar los montes? Falso
Ayuso trasladó también las quejas de personas del medio rural sobre las dificultades para limpiar los montes y trabajar en terrenos propios. El problema puede existir en forma de trámites, permisos ambientales, costes o restricciones estacionales, pero presentarlo como si la limpieza estuviera generalmente prohibida resulta engañoso.
Las normas madrileñas obligan a los propietarios a revisar la vegetación y realizar desbroces preventivos en las franjas perimetrales. Los ayuntamientos deben recordar esas obligaciones. Durante las épocas de peligro medio y alto se exige autorización para utilizar maquinaria capaz de generar chispas en terrenos forestales o a menos de 400 metros de ellos. Se trata de una medida de seguridad, no de una prohibición absoluta de gestionar la vegetación.
La propia legislación forestal madrileña establece que corresponde a la Administración forestal la planificación y ejecución de las labores de prevención. La Comunidad gestiona los montes catalogados de utilidad pública, regula las actividades y puede intervenir mediante acuerdos, subvenciones o ejecución subsidiaria cuando sea necesario.
También es cierto que el 65,4% de las 423.385 hectáreas forestales madrileñas es de propiedad privada. Los propietarios y los ayuntamientos tienen, por tanto, obligaciones propias. Pero ese reparto no libera al Gobierno regional de planificar, supervisar, facilitar ayudas, controlar el cumplimiento y actuar en los montes públicos o sometidos a su gestión.
En 2026, la Comunidad anunció tratamientos preventivos sobre 5.652 hectáreas mediante desbroces, trabajos selvícolas, pastoreo y mantenimiento de cortafuegos. Es una actuación real, aunque cubre únicamente una parte seleccionada de la superficie forestal. El debate pertinente no es si se hizo “algo” o “nada”, sino si las zonas seleccionadas, la intensidad de los trabajos y los recursos empleados fueron adecuados para un territorio sometido a un riesgo creciente.
¿Quién quema realmente los montes?
Ayuso acierta cuando afirma que la mayor parte de los incendios españoles tiene origen humano. Pero origen humano no significa necesariamente incendio provocado de manera criminal.
La serie decenal consolidada del Ministerio para la Transición Ecológica correspondiente a 2006-2015 atribuye el 28,07% de los siniestros a negligencias o accidentes y el 52,7% a acciones clasificadas como intencionadas. El conjunto de causas humanas representa algo más del 80%.
La categoría “intencionado” tampoco equivale siempre a la actuación de un pirómano que pretende destruir el monte. Incluye numerosas quemas agrícolas o ganaderas iniciadas deliberadamente para eliminar restos o regenerar pastos que después se abandonan o escapan de control. Confundir origen humano, intencionalidad estadística, negligencia y conducta criminal produce una imagen falsa de las causas.
En los incendios actuales existen situaciones diferentes. El foco de San Martín de Valdeiglesias comenzó después de arder un vehículo en el arcén de la M-501. No está confirmado que fuera eléctrico, pese a los mensajes difundidos en redes. Los otros incendios madrileños continuaban bajo investigación cuando Interior informó de sus causas.
En Burgohondo, Ávila, la Guardia Civil detuvo a una persona e investigó a otra después de atribuir el origen a una imprudencia grave con maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibida. Ese caso apunta a una acción humana negligente, no a una trama organizada para quemar montes.
No existe, por ahora, una base probatoria para afirmar que la oleada actual responde mayoritariamente a incendios criminales coordinados. Cada foco debe investigarse por separado.
El cambio climático tampoco prende por sí solo una cerilla ni incendia un vehículo. Pero esta observación no invalida su influencia. El calor, la sequedad del suelo, la baja humedad y el viento determinan la facilidad con la que una chispa se transforma en un gran incendio. El CSIC advierte de que los paisajes más secos y cálidos arden con mayor severidad y aumentan el riesgo de megaincendios.
Plantear una elección entre “los incendios los causan personas” y “la emergencia climática agrava los incendios” es, por tanto, un falso dilema. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas simultáneamente: una acción humana inicia el fuego y unas condiciones climáticas extremas multiplican su capacidad destructiva.
Los 52,7 millones existen, pero los 6.110 efectivos engañan
La cifra económica ofrecida por Ayuso es correcta. El Plan INFOMA 2026 dispone de algo más de 52,7 millones de euros, un 3,5% más que en 2025. La cantidad incluye prevención, maquinaria pesada, medios aéreos, vehículos y trabajos de extinción.
El problema aparece al presentar los 6.110 “profesionales y voluntarios” como si fueran una plantilla forestal desplegable. La propia Comunidad explica que en esa suma se incluyen 3.420 voluntarios de Protección Civil y 180 trabajadores de Madrid 112, además de bomberos, agentes forestales y otros integrantes del dispositivo.
El dato verdaderamente operativo publicado por el Ejecutivo regional es de 571 efectivos diarios en extinción, distribuidos entre parques de bomberos, brigadas forestales, torres de vigilancia, autobombas y unidades especializadas. Los 6.110 no son 6.110 bomberos forestales ni 6.110 personas trabajando simultáneamente sobre el terreno.
Tampoco es exacto afirmar que nueve de cada diez incendios quedaron reducidos a conatos. El último balance oficial anterior a esta catástrofe cifraba el porcentaje en el 81%: 129 conatos entre 159 incendios registrados hasta el 12 de julio. Es un resultado positivo, pero corresponde a ocho de cada diez, no a nueve de cada diez.
La afirmación de que Madrid es la región europea que más invierte por hectárea se repite desde hace años en las notas de prensa autonómicas. Sin embargo, no se publica la metodología, la lista de regiones comparadas, las partidas incluidas ni el año presupuestario utilizado. La propia Unión Europea reconoce que ni siquiera dispone de una visión completa y homogénea del dinero destinado a medidas contra incendios forestales. En ausencia de una base comparable, el supuesto liderazgo europeo debe considerarse una afirmación del Gobierno madrileño, no un hecho independientemente acreditado.
Ni exoneración total ni culpabilidad automática
Ayuso tiene razón al pedir solidaridad entre territorios y al recordar que los incendios no respetan fronteras administrativas. Madrid ha enviado medios a otras comunidades y también ha recibido recursos cuando la emergencia ha superado sus capacidades. La cooperación es una obligación del sistema, no un favor entre gobiernos.
Pero que algunos focos llegaran desde Toledo o Ávila no convierte a la Comunidad de Madrid en una administración sin responsabilidades. Su Gobierno debía prevenir, planificar, regular, dotar el operativo, proteger las zonas urbanizadas próximas al monte y dirigir la emergencia hasta que solicitó la intervención nacional.
La conclusión no es que Ayuso haya provocado el incendio ni que una inversión de 52,7 millones sea inexistente. La conclusión es que su rueda de prensa utilizó cifras reales de manera selectiva para construir una exoneración política: elevó el 81% al 90%, presentó un dispositivo diario de 571 efectivos bajo el paraguas de 6.110 personas, convirtió un liderazgo europeo no documentado en certeza y evitó explicar por qué el plan anual se publicó casi seis meses después del plazo legal.
Investigar quién encendió cada fuego es imprescindible. Examinar por qué encontró tanta capacidad para propagarse, qué prevención se ejecutó y si el dispositivo estaba suficientemente preparado también lo es. Ambas responsabilidades no se excluyen. Y esa es precisamente la parte del debate que la presidenta trató de dejar fuera del Puesto de Mando.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.