En el Partido Popular de Madrid empezaron diciendo que les gustaba la fruta, ahora han descubierto la verdura y, con la colaboración de Vox, han terminado incorporando la basura a su vocabulario parlamentario. No se trata de una nueva campaña de alimentación saludable, sino de una forma de hacer política en la que los insultos ocupan cada vez más espacio mientras los problemas de los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano.
La sesión de la Asamblea de Madrid ha ofrecido un ejemplo de esa degradación cuando quienes deberían representar a las instituciones parecen más interesados en descalificar a sus adversarios que en responder a sus preguntas.
La historia comenzó en noviembre de 2023, cuando Isabel Díaz Ayuso convirtió un insulto a Pedro Sánchez en el célebre «me gusta la fruta», una expresión que terminó transformándose en consigna de sus seguidores. Tres años después, su secretario general en el PP madrileño, Alfonso Serrano, ha ampliado el repertorio con un «cállate ya, verdulera» dirigido a la diputada socialista Mar Espinar, mientras la representante de Vox, Isabel Pérez Moñino, culminaba el menú reclamando que el próximo 29 de noviembre sacaran «a esta basura de la Moncloa».
Ayuso denuncia el acoso mientras Serrano insulta a la oposición
Lo más significativo del episodio protagonizado por Alfonso Serrano no fue únicamente el insulto, sino el contexto en el que se produjo. Ayuso estaba acusando a la oposición de acosarla incluso dentro de la Asamblea y exigía al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, que pusiera orden porque, según ella, ya no se podía debatir en los parlamentos.
Fue entonces cuando Serrano, uno de los máximos responsables del PP de Madrid, gritó «cállate ya, verdulera». Ossorio le pidió silencio y la sesión quedó interrumpida durante varios minutos, antes de continuar sin que conste una sanción formal por aquellas palabras.
Resulta difícil encontrar una contradicción más evidente entre el discurso y los hechos. La presidenta denuncia que sus adversarios no respetan las instituciones mientras su secretario general insulta a una representante elegida democráticamente. Ayuso reclama respeto para sus intervenciones, pero en el mismo pleno se refiere a Espinar como «la vieja del visillo» y sostiene que ser socialista consiste en «tener poca vergüenza y dar mucha vergüenza».
No estamos ante una cuestión de sensibilidad excesiva, sino ante una exigencia elemental de coherencia institucional: quien reclama respeto para sí mismo debería practicarlo con los demás, especialmente cuando ocupa responsabilidades públicas.
Los profesores, de «coro rociero» a manifestantes «fascistas»
La ofensiva de Ayuso contra las movilizaciones educativas ha sido otro de los asuntos centrales del pleno. Después de referirse anteriormente al profesorado en huelga como un «coro rociero», la presidenta ha asegurado que por cada docente que reclama sus derechos hay nueve activistas que se manifiestan contra ella «de manera fascista».
La proporción resulta sorprendente porque no ha presentado documentación que permita explicar de dónde sale, pero el problema principal es que la utiliza para desacreditar unas movilizaciones con reivindicaciones laborales y educativas concretas.
Mar Espinar respondió con una frase que resume buena parte del conflicto: «Son docentes, no son delincuentes, no son un coro rociero, son profesionales». Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, reclamó igualmente que la presidenta deje de criminalizar las protestas y atienda las demandas del profesorado sobre sus condiciones de trabajo y los recursos de la enseñanza pública.
Ayuso ha presentado las movilizaciones como una amenaza para su seguridad personal y ha acusado a los manifestantes de impedir que los niños acudan a clase y los ciudadanos lleguen a sus trabajos. Sin embargo, los posibles incidentes deben investigarse individualmente y no justifican atribuir comportamientos violentos a todo un colectivo.
La pregunta que sigue sin encontrar una respuesta suficiente es cuándo se sentará el Gobierno madrileño a negociar las reivindicaciones de los profesionales de la educación sin convertir previamente sus protestas en un enfrentamiento político.
La Puerta del Sol y la motosierra de Milei completan el escenario
La acampada por el derecho a la vivienda tampoco ha escapado a los ataques de Ayuso, que ha responsabilizado a los manifestantes de causar graves daños a la imagen de Madrid y pérdidas económicas que superarían los 25 millones de euros, según las estimaciones empresariales que utiliza.
Es legítimo examinar las consecuencias de una ocupación prolongada del espacio público sobre el comercio y la movilidad, pero también exigir que se distingan los datos acreditados de las estimaciones y que los perjuicios alegados no sirvan para descalificar automáticamente una reivindicación social.
La presidenta contrapone las protestas a la prosperidad de Madrid y deja en segundo plano las dificultades de acceso a la vivienda que han motivado la movilización. Resulta especialmente llamativo que alguien que presume constantemente de libertad parezca considerarla problemática cuando se ejerce para cuestionar las políticas de su Gobierno.
La presencia de Javier Milei en Madrid ha añadido otro elemento a esta confrontación. El presidente argentino llamó «impresentable dictador» a Pedro Sánchez y defendió sacar «a los socialistas a patadas», mientras Ayuso reivindicaba su legitimidad democrática y sus resultados económicos.
Nadie cuestiona que Milei llegó a la presidencia mediante las urnas, pero una victoria electoral tampoco convierte los insultos en verdades ni coloca sus decisiones políticas al margen de la crítica.
El verdadero problema no es la fruta
La sucesión de descalificaciones revela un problema que va más allá de la mala educación de una mañana. Cuando una presidenta autonómica cuestiona la legitimidad de quienes protestan, atribuye intenciones violentas a sus adversarios y convierte las respuestas parlamentarias en ataques personales, mientras uno de los máximos responsables de su partido insulta a una diputada, el debate público termina alejándose de aquello que debería justificar su existencia.
Ayuso tiene mayoría absoluta para desarrollar su programa y debe poder hacerlo sin intimidaciones, exactamente igual que la oposición tiene derecho a fiscalizar su gestión y los ciudadanos a movilizarse para reclamar mejores servicios públicos o una vivienda asequible.
A Ayuso le gusta la fruta, Serrano ha añadido la verdura y Vox ha traído la basura. Pero lo verdaderamente preocupante es que, mientras se discute este menú de descalificaciones, las reivindicaciones de miles de madrileños siguen esperando una respuesta
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