Isabel Díaz Ayuso volvió a cruzar una línea especialmente delicada al referirse a la llamada “ley de nietos”, la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática para que descendientes de españoles exiliados o privados de su nacionalidad puedan optar a la nacionalidad española.
En su intervención ante la Asociación para el Progreso de la Dirección, la presidenta madrileña afirmó que “la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina” y sugirió que el Gobierno estaría utilizando la nacionalidad española para alterar el censo electoral.
La frase tiene carga política, pero también una enorme carga moral. Porque no habla de una masa anónima de nuevos votantes fabricados por un Gobierno, sino de hijos, nietos y descendientes de españoles que tuvieron que marcharse por la Guerra Civil, por la represión franquista, por el hambre, por la persecución política o por una legislación que durante décadas impidió transmitir la nacionalidad en igualdad de condiciones.
No salieron por capricho: fueron expulsados por la historia
La derecha madrileña presenta ahora a muchos de esos descendientes como una amenaza electoral. Pero conviene recordar por qué sus familias acabaron en Argentina, México, Francia, Chile, Uruguay, Cuba o Venezuela.
No se fueron de España para aprovechar una ventaja administrativa futura. Salieron porque España se rompió en 1936. Salieron porque hubo una guerra. Salieron porque después llegó una dictadura que persiguió, depuró, encarceló, ejecutó y empujó al exilio a decenas de miles de personas. Salieron porque ser republicano, sindicalista, maestro, intelectual, funcionario leal a la legalidad democrática o simplemente familiar de alguien señalado podía convertir la vida en una amenaza permanente.
Muchos españoles cruzaron la frontera francesa en condiciones dramáticas. Otros embarcaron hacia América Latina. Argentina recibió a miles de familias españolas que reconstruyeron allí su vida sin dejar de sentirse españolas. En muchos hogares se conservó el idioma, la memoria familiar, los apellidos, los relatos de la guerra, las cartas, las fotografías y una identidad que la dictadura no pudo borrar. Por eso resulta profundamente injusto presentar ahora a sus nietos como una maniobra electoral.
La nacionalidad como reparación
La llamada “ley de nietos” no nace de un capricho partidista. Responde a una reparación histórica. La Ley de Memoria Democrática permite optar a la nacionalidad española a descendientes de españoles que padecieron el exilio, así como a hijos e hijas de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
Ese punto es esencial. Durante décadas, la legislación española discriminó a muchas mujeres. En determinados supuestos, las españolas que se casaban con extranjeros perdían la nacionalidad o veían limitada su capacidad de transmitirla a sus descendientes. La democracia ha reconocido que aquello fue injusto.
Por tanto, no se trata solo de nietos de republicanos exiliados. Se trata también de reparar situaciones de desigualdad legal que afectaron especialmente a las mujeres españolas y a sus familias.
No son extranjeros cualquiera
Ayuso habla de estas personas como si fueran ajenas a España. Pero no lo son. Son descendientes de españoles. Muchos tienen abuelos nacidos en Galicia, Asturias, Castilla, Andalucía, Cataluña, Madrid o Canarias. Muchos llevan generaciones escuchando en casa que sus familias tuvieron que irse porque España dejó de ser un lugar seguro para ellos.
El pasaporte español no les cae del cielo. Deben acreditar documentalmente su vínculo familiar y cumplir los requisitos legales. Los consulados no “regalan” nacionalidades. Tramitar expedientes no es fabricar votantes: es aplicar una ley aprobada por las Cortes Generales.
Por eso resulta especialmente grave que Ayuso lanzara una advertencia a cónsules y funcionarios, afirmando que quien otorgue la nacionalidad “a quien no la merece” estaría haciendo algo ilegal. Esa frase pone bajo sospecha a empleados públicos que aplican una norma vigente y a familias que acuden a los consulados para ejercer un derecho reconocido por la legislación española.
Argentina no es una provincia: es memoria española en el exilio
La comparación de Argentina con una “tercera provincia” española es un recurso político pensado para alarmar. Argentina no es una provincia electoral. Los españoles residentes en el exterior votan conforme a las reglas del censo exterior y su voto se asigna según los criterios legales correspondientes.
Lo que sí es Argentina es uno de los grandes territorios de la diáspora española. Allí llegaron emigrantes económicos, exiliados republicanos y familias enteras que mantuvieron durante décadas la memoria de España. Reducir esa historia a una supuesta operación electoral es una forma de borrar el exilio por segunda vez.
Primero se les expulsó o se les empujó a marcharse. Ahora se insinúa que sus descendientes son sospechosos de participar en una manipulación electoral.
La respuesta de Más Madrid
Desde Más Madrid, su portavoz ha respondido a este discurso recordando precisamente lo que Ayuso omite: que la nacionalidad de los descendientes del exilio no es una concesión arbitraria, sino una reparación democrática.
La izquierda madrileña ha situado el debate donde debe estar: no en el miedo al voto exterior, sino en el reconocimiento de quienes fueron obligados a abandonar España y de sus familias. Frente al intento de convertirlos en sospechosos, Más Madrid defiende que esas personas tienen derecho a recuperar una nacionalidad que forma parte de su historia familiar.
La diferencia entre ambos enfoques es clara. Ayuso mira a esos descendientes como posibles votos contra la derecha. Más Madrid los mira como parte de una memoria democrática que España todavía tiene la obligación de reparar.
Una sospecha sin pruebas
Ayuso no aportó pruebas de que el Gobierno esté alterando ilegalmente el censo. Tampoco demostró que los consulados estén concediendo nacionalidades de forma irregular. Ni explicó qué expedientes concretos serían fraudulentos, qué funcionarios estarían actuando fuera de la ley o qué resolución judicial avala sus acusaciones.
Lo que hizo fue otra cosa: sembrar sospecha. Y en política, sembrar sospecha sobre personas que recuperan derechos por memoria democrática tiene consecuencias. Alimenta la idea de que esos nuevos españoles lo son menos. Que su nacionalidad vale menos. Que su voto es sospechoso antes incluso de ser emitido.
Españoles por memoria, por sangre y por derecho
Los nietos del exilio republicano merecen ser españoles porque sus familias lo fueron, porque muchas dejaron de serlo por la fuerza de la historia y porque la democracia tiene la obligación de reparar las heridas abiertas por la dictadura.
Merecen ser españoles porque sus abuelos no abandonaron España voluntariamente en busca de privilegios, sino porque España les negó la libertad, la seguridad o el futuro.
Merecen ser españoles porque durante décadas conservaron una identidad que el franquismo intentó expulsar del país. Y merecen ser españoles porque una democracia madura no teme a los descendientes de sus exiliados. Los reconoce. La verdadera pregunta no es por qué esos nietos pueden ser españoles. La verdadera pregunta es por qué a Ayuso le incomoda tanto que lo sean.