La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en volver a protagonizar una nueva polémica. Su reciente viaje a Austin, Texas, presentado como una expedición “institucional” para fomentar la innovación y la inversión, ha coincidido con una operación que levanta todas las alarmas: Blackstone —el fondo buitre más poderoso de la capital española— y TPG Capital, con sede precisamente en Texas, han comprado Hologic, la empresa estadounidense que acaba de adjudicarse un contrato público de la Comunidad de Madrid para vender test de cáncer de cérvix peor valorados que sus competidores.
Una coincidencia demasiado conveniente
La operación, valorada en más de 18.000 millones de dólares, se cerró apenas días después de que Ayuso paseara por Austin con el pretexto de abrir “nuevas oportunidades” para Madrid. En su viaje, se la vio en el Gran Premio de Fórmula 1 y en diversos actos privados con empresarios texanos. Y ahora, justo desde Texas, surge el fondo que se alía con Blackstone para comprar la empresa beneficiada por su propio Gobierno.
¿Casualidad? Para muchos, no. Lo que empieza a tomar forma es un entramado de relaciones entre el poder político madrileño y los grandes capitales internacionales, donde las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan a medida que los contratos públicos acaban en manos de quienes ya controlan el mercado inmobiliario madrileño.
Blackstone: de comprar vivienda pública a quedarse con la sanidad
Blackstone no necesita presentación. Fue el fondo que en 2013 compró 1.860 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ana Botella, por solo 128 millones de euros —una media de 69.000 euros por piso—, un precio muy inferior al de mercado. Años después, la Cámara de Cuentas de Madrid reveló irregularidades: uso de información privilegiada, falta de transparencia y pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Desde entonces, Blackstone se ha hecho con más de 13.000 viviendas en la capital, ha sido denunciado por subidas abusivas del alquiler y por presionar a familias vulnerables con desahucios. Ahora, ese mismo fondo que se ha enriquecido con los hogares madrileños entra en el negocio sanitario, de la mano de una empresa que, por casualidad, acaba de recibir un contrato de la Comunidad de Madrid.
El test más barato y peor valorado
La Consejería de Sanidad adjudicó a Hologic la compra de test de detección de cáncer de cuello de útero, pese a que su producto obtuvo la peor nota técnica entre las cinco empresas que se presentaron. Solo consiguió 15 puntos sobre 30 en calidad, cuando otras alcanzaban 24. Los propios técnicos alertaron de que las pruebas ofrecían poca información diagnóstica y un alto riesgo de error si la muestra la toma la paciente y no un profesional, como prevé el modelo elegido.
Pese a todo, Hologic ganó la licitación gracias a un precio irrisorio de cuatro euros por test, la mitad de lo que la Comunidad de Madrid estaba dispuesta a pagar. Es decir, la salud de las mujeres madrileñas quedó supeditada al ahorro económico de un Gobierno que presume de “gestión eficaz” mientras pone en riesgo la calidad sanitaria.
Un viaje con mucho interés y poca transparencia
El viaje a Austin de Ayuso fue presentado como una misión comercial. Pero, más allá de los discursos y las fotos, nunca se detallaron los acuerdos firmados ni las reuniones mantenidas. Lo único verificable es que Blackstone se ha asociado con TPG Capital, un fondo texano que en 2022 compró junto a Westmont la cadena Room Mate Hotels de Kike Sarasola, la misma donde Ayuso se alojó durante la pandemia en condiciones privilegiadas.
Así, se repite el patrón: relaciones opacas, viajes, coincidencias y negocios cruzados. TPG, vinculado a la élite empresarial de Texas, se convierte en socio del fondo que más daño ha hecho a la vivienda pública madrileña. Y ambos se hacen con una empresa a la que la Comunidad de Madrid premia con un contrato millonario pese a su baja calidad técnica.
Negocios primero, ciudadanos después
Desde su llegada al poder, Ayuso ha sido el mayor exponente del neoliberalismo radical dentro del PP. Ha defendido abiertamente a los fondos de inversión, rechazando limitar los precios del alquiler o declarar zonas tensionadas como permite la Ley estatal de Vivienda. Su mensaje es claro: “No vamos a intervenir el mercado de la vivienda. Vamos a defender la propiedad privada como un principio”.
El problema es que, bajo ese principio, los madrileños pagan cada año alquileres un 17% más altos, sufren expulsiones de barrios gentrificados y ven cómo su sanidad pública se degrada mientras el dinero fluye hacia empresas con vínculos sospechosos. Ahora, con esta nueva operación, los mismos fondos que especulan con los pisos sociales amplían su control sobre el sistema sanitario público madrileño.
Si el Gobierno regional adjudica contratos en los que el precio importa más que la calidad, y esos contratos benefician a empresas que acaban en manos de sus aliados financieros, el resultado es una privatización encubierta de la salud pública.
Texas, Madrid y el mismo modelo
El viaje de Ayuso a Texas no fue turismo político. Fue una muestra más de su modelo: vender Madrid al capital extranjero, abrir las puertas de la sanidad y la vivienda pública a los fondos que buscan rentabilidad, no bienestar. Texas, con su bajo nivel de regulación y su culto al mercado, es el espejo en el que Ayuso quiere reflejar a Madrid: una ciudad donde la inversión manda y la ciudadanía obedece.
Pero lo que para Ayuso es un “éxito empresarial”, para los madrileños puede ser una factura sanitaria más alta y una vivienda más cara. Porque cuando los fondos compran empresas de diagnóstico o pisos públicos, lo que están comprando no son bienes: están comprando poder. Y Madrid, una vez más, parece dispuesta a vendérselo todo.