España necesita bajar la voz antes de que sea demasiado tarde

España se está acostumbrando a una forma de hablar de política que hace apenas unos años habría provocado una reacción de rechazo mucho más amplia. El insulto ha dejado de ser una excepción, las acusaciones más graves se pronuncian con una ligereza alarmante y la descalificación personal ocupa cada vez más espacio en un debate público que debería estar dedicado a los problemas de los ciudadanos. La agresividad política se ha convertido en un espectáculo cotidiano, alimentado por dirigentes que encuentran en la provocación una manera de obtener atención, tertulianos que confunden la contundencia con la falta de respeto y activistas de las redes sociales que parecen competir por encontrar la expresión más ofensiva contra quienes piensan de manera diferente. Lo verdaderamente preocupante es que esta forma de relacionarse empieza a considerarse normal, como si la democracia exigiera vivir permanentemente enfrentados y cualquier gesto de moderación pudiera interpretarse como una muestra de debilidad.

La situación requiere una reflexión que debería comenzar por quienes ocupan responsabilidades públicas. El Partido Popular y Vox tienen una responsabilidad especialmente visible en algunos de los episodios recientes de crispación, desde las sospechas lanzadas sobre el voto por correo hasta las acusaciones personales y las teorías conspirativas que circulan alrededor de acontecimientos de enorme sensibilidad social. La crítica política, incluso la más severa, forma parte de la democracia, pero atribuir intenciones delictivas sin pruebas, presentar al adversario como una amenaza para la nación o convertir cualquier desacuerdo en una cuestión de supervivencia colectiva supone traspasar una frontera que debería preocupar también a quienes comparten las posiciones ideológicas de esos partidos. Tampoco la izquierda está exenta de la obligación de vigilar su lenguaje, porque el respeto democrático no puede depender de quién pronuncie las palabras ni de la simpatía que despierte su destinatario.

La violencia empieza mucho antes del primer golpe

El deterioro del lenguaje político no es una cuestión exclusivamente estética ni un problema de buenos modales. Las palabras contribuyen a establecer qué comportamientos considera aceptables una sociedad, especialmente cuando proceden de personas con autoridad pública o capacidad para influir sobre miles de ciudadanos. Si se repite que el adversario es un enemigo, que las instituciones están al servicio de una conspiración o que quienes defienden determinadas ideas representan un peligro que debe ser eliminado de la vida pública, se termina construyendo un clima en el que la hostilidad parece una respuesta legítima. Eso no significa que cada expresión agresiva provoque necesariamente un acto violento, pero sí obliga a reconocer que la normalización de la deshumanización puede facilitar comportamientos que ninguna democracia debería tolerar.

La agresión denunciada recientemente por el alcalde socialista de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, constituye un ejemplo especialmente inquietante. Según su relato, fue atacado después de recibir insultos de carácter ideológico, en presencia de su hija pequeña. El episodio está en manos de la justicia y corresponde a los tribunales esclarecer las responsabilidades, pero su dimensión pública obliga a preguntarse qué está sucediendo para que la identidad política de una persona pueda convertirse en motivo de una agresión. Nadie debería sentir miedo por representar a un partido, expresar una opinión o defender unas ideas, del mismo modo que ningún ciudadano tendría que soportar amenazas por manifestarse, participar en una campaña electoral o intervenir en una discusión política.

La respuesta no puede consistir en atribuir automáticamente cada agresión a un partido determinado, porque las responsabilidades penales son individuales y deben acreditarse. Pero tampoco sería responsable ignorar que existe un ambiente de hostilidad que determinados discursos contribuyen a alimentar. Los dirigentes políticos deberían ser los primeros interesados en rebajar la tensión, condenar sin reservas cualquier episodio violento y evitar que sus declaraciones puedan interpretarse como una autorización moral para hostigar al contrario. La firmeza ideológica no necesita amenazas, y la defensa de unas convicciones no pierde fuerza por expresarse con respeto.

La responsabilidad de quienes tienen un micrófono

El periodismo tampoco puede contemplar esta situación como si fuera un simple espectador. Una parte del debate televisivo y radiofónico ha terminado organizada alrededor del enfrentamiento permanente, con formatos en los que las interrupciones, los gritos y las descalificaciones personales ocupan más tiempo que los argumentos. La búsqueda de audiencia puede explicar algunas decisiones editoriales, pero no justifica convertir la información política en una sucesión de provocaciones destinadas a producir fragmentos virales. Un periodista no tiene la obligación de ser neutral ante una mentira ni de tratar todas las afirmaciones como igualmente verdaderas, pero sí tiene el deber de contrastar, contextualizar y evitar que su trabajo se convierta en un vehículo de intimidación o desinformación.

La dureza de una entrevista se mide por la calidad de las preguntas y por la capacidad de exigir respuestas, no por el volumen de la voz. Un buen entrevistador puede poner contra las cuerdas a un presidente, a un ministro o a un dirigente de la oposición sin necesidad de insultarlo. También puede desmontar una falsedad con datos, señalar una contradicción y denunciar una conducta política sin recurrir a expresiones que degraden personalmente al protagonista. El periodismo crítico resulta imprescindible para la democracia, pero la agresividad gratuita no es una forma superior de independencia profesional. Confundir ambas cosas perjudica a la profesión y contribuye a que una parte de la ciudadanía perciba los medios como extensiones de las disputas partidistas.

Los propios profesionales de la información deberían preguntarse hasta qué punto están contribuyendo a amplificar mensajes que carecen de interés público más allá de su capacidad para provocar indignación. No todas las declaraciones ofensivas merecen convertirse en noticia, ni cada publicación de un agitador necesita una respuesta que multiplique su alcance. Informar sobre los discursos de odio es necesario; reproducirlos sin contexto, convertirlos en entretenimiento o concederles una importancia desproporcionada puede terminar favoreciendo precisamente a quienes los utilizan para obtener notoriedad.

Las redes sociales han convertido la indignación en espectáculo

La situación adquiere una dimensión todavía mayor en las redes sociales, donde la distancia física y la facilidad para publicar mensajes permiten que las descalificaciones circulen con una rapidez desconocida hasta hace relativamente poco tiempo. Bajo la apariencia de debates espontáneos conviven ciudadanos que expresan legítimamente sus opiniones, cuentas dedicadas a la propaganda política, perfiles anónimos que utilizan el insulto como principal recurso y personas que han convertido la provocación en una actividad capaz de proporcionarles notoriedad. El problema no reside en la existencia de posiciones ideológicas enfrentadas, sino en la creciente aceptación de que cualquier medio resulta válido para desacreditar al adversario.

Los datos disponibles muestran que el problema va mucho más allá de una percepción subjetiva. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia detectó más de 111.500 mensajes de odio y contenidos discriminatorios en redes sociales durante el segundo trimestre de 2026, dentro de su ámbito específico de monitorización. La cifra no representa todos los insultos políticos publicados en internet, pero permite apreciar la magnitud de una parte especialmente grave del fenómeno. La deshumanización de las personas migrantes, la difusión de prejuicios y la utilización del miedo como argumento forman parte de un ecosistema comunicativo que necesita respuestas de las plataformas, de las instituciones y de los propios usuarios.

La libertad de expresión protege las opiniones incómodas, las críticas contundentes y las ideas que pueden resultar profundamente desagradables para otras personas. Precisamente por eso conviene evitar que la lucha contra el odio se convierta en una excusa para restringir la discrepancia legítima. No toda expresión ofensiva constituye un delito de odio, ni toda crítica severa representa una amenaza para la convivencia. La frontera debe establecerse con rigor, atendiendo a las amenazas, al acoso, a la incitación a la violencia y a las conductas discriminatorias, sin utilizar conceptos jurídicos graves para descalificar cualquier opinión contraria.

La derecha y la ultraderecha deben asumir su responsabilidad

La apelación a la calma no puede convertirse en una fórmula cómoda para repartir culpas de manera indiscriminada. Los episodios recientes obligan a examinar con especial atención los mensajes procedentes de determinados sectores del PP y Vox, particularmente cuando cuestionan sin pruebas la limpieza de los procesos electorales, difunden sospechas sobre acontecimientos trágicos o presentan a sus adversarios como una amenaza para la continuidad de España. El recurso permanente a las expresiones más alarmistas puede proporcionar visibilidad inmediata, pero tiene consecuencias sobre la confianza institucional y sobre la manera en que los ciudadanos perciben a quienes no comparten sus ideas.

La derecha democrática tiene todo el derecho a defender sus propuestas económicas, territoriales, sociales o migratorias, así como a ejercer una oposición firme contra el Gobierno. Lo que merece una crítica rigurosa es la utilización de acusaciones no acreditadas o de mensajes que convierten al contrario en alguien moralmente ilegítimo. La alternancia política constituye una posibilidad normal de cualquier democracia, no una batalla en la que la derrota deba interpretarse como la destrucción del país. Esa distinción debería formar parte del discurso de todos los partidos, especialmente de aquellos que aspiran a ocupar las principales responsabilidades institucionales.

También sería deseable que las fuerzas progresistas evitaran responder a cada provocación con otra de intensidad equivalente. La defensa de los derechos sociales, de la igualdad, de los servicios públicos o de la convivencia no necesita adoptar los mismos recursos expresivos que se critican. La indignación ante una injusticia puede ser perfectamente legítima y dar lugar a una respuesta política muy contundente, pero la indignación no debería convertirse en una autorización para insultar, acosar o deshumanizar. Defender principios democráticos implica aplicarlos también a quienes sostienen posiciones radicalmente distintas.

Recuperar la discrepancia sin convertir al contrario en enemigo

España tiene por delante debates suficientemente importantes como para desperdiciar buena parte de la conversación pública en enfrentamientos personales. La vivienda, los salarios, las pensiones, la sanidad, la educación, la inmigración y la protección social afectan directamente a la vida de millones de personas que necesitan respuestas concretas. Sin embargo, esos asuntos quedan con demasiada frecuencia desplazados por una sucesión de polémicas sobre declaraciones ofensivas, acusaciones cruzadas y enfrentamientos que apenas aportan información útil. Los ciudadanos tienen derecho a exigir a sus representantes algo más que la capacidad de indignarse ante las palabras del adversario.

Rebajar el tono no significa reclamar una política sin pasión, sin ideología o sin críticas severas. Tampoco implica equiparar posiciones que tienen consecuencias diferentes para los derechos y las libertades. Significa recuperar una regla elemental de convivencia que permite discutir con toda la intensidad necesaria sin negar la dignidad de quien sostiene otra opinión. Un dirigente puede denunciar una medida gubernamental como injusta, un periodista puede investigar una actuación presuntamente irregular y un ciudadano puede expresar su rechazo absoluto a un partido sin necesidad de convertir a sus integrantes o simpatizantes en enemigos personales.

La responsabilidad comienza por los líderes políticos, continúa en los medios de comunicación y alcanza a quienes participan diariamente en las redes sociales. Ninguno de esos espacios puede resolver por sí solo el deterioro del debate público, pero todos tienen capacidad para agravarlo o contribuir a corregirlo. Exigir pruebas antes de difundir acusaciones, rectificar los errores, condenar las amenazas y renunciar a la humillación como recurso expresivo no son gestos de debilidad, sino condiciones necesarias para que la discrepancia siga siendo compatible con la convivencia.

España no necesita que sus ciudadanos piensen igual, voten a los mismos partidos o compartan una interpretación común de su historia y de su futuro. La democracia existe precisamente para organizar esas diferencias sin recurrir a la violencia y para garantizar que nadie tenga que renunciar a sus convicciones por miedo a las consecuencias. Lo que necesita con urgencia es que quienes intervienen en la vida pública comprendan que sus palabras tienen efectos y que la libertad de expresión también exige responsabilidad. Todavía estamos a tiempo de rebajar la agresividad, recuperar el respeto y recordar que detrás de cada posición política hay personas que merecen ser tratadas como tales.