Hay momentos en las que el silencio de un despacho judicial pesa más que el estruendo de los grandes titulares de prensa. En la novena planta del Palacio de Justicia de San Sebastián, entre cerros de expedientes que amenazan con desbordar las mesas, la magistrada Eva Cerón, titular del Juzgado número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia, ha firmado un documento que ha hecho temblar a los altos ejecutivos de banca y al propio gobierno de Pedro Sánchez.
La jueza ha decidido plantarle cara a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) paralizando de golpe los procedimientos en Gipuzkoa para elevar trece cuestiones prejudiciales de alto voltaje al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El pulso no es un simple formalismo leguleyo, sino una enmienda a la totalidad a la jurisprudencia española sobre los abusos financieros. Mientras el Supremo ha venido dando por buena la transparencia de estas hipotecas bajo el peregrino argumento de que la fórmula de cálculo figuraba en el Boletín Oficial del Estado, Cerón denuncia la absoluta desconexión de esta tesis con la vida real de los ciudadanos.
Exigir a un cliente de a pie que localice e interprete el BOE de hace tres décadas sin ayuda de un diccionario financiero es, para la magistrada donostiarra, una ficción inaceptable que oculta una grave falta de transparencia en la comercialización masiva de estos préstamos.
La trampa matemática del IRPH
El mecanismo del IRPH encierra en sí mismo una trampa matemática devastadora. A diferencia del euríbor, que refleja el tipo medio al que los bancos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario, este indicador oficial se calculaba agregando las comisiones y los márgenes comerciales que las propias entidades aplicaban a sus clientes. Era, por naturaleza, un indicador estructuralmente más caro.
Para colmo, cuando las entidades financieras vendieron este producto de forma masiva como una alternativa refugio, estable y segura frente a la volatilidad del mercado, ocultaron sistemáticamente la advertencia del propio regulador: aplicar un diferencial negativo para equilibrar el coste final del préstamo con los precios del resto del mercado.
La consecuencia de ignorar aquella advertencia fue una auténtica catástrofe silenciosa para la economía doméstica, provocando desahucios y problemas mayores como, entre otras cosas, suicidios. Ahora que Pedro Sánchez pretende erigirse en el paladín del derecho a la vivienda, no debería olvidar que, siendo ya presidente, su partido defendió el IRPH junto a Vox y Partido Popular y que su gobierno, con el condenado José Luis Ábalos como ministro de Transporte, se negó a cambiar el IRPH por Euribor en las hipotecas de vivienda de protección oficial.
Cuando los tipos internacionales se desplomaron tras la crisis financiera, el índice oficial quedó varado en cotas desproporcionadamente elevadas. Encareciendo los préstamos en decenas de miles de euros y atrapando a las familias en cuotas inasumibles. Son cientos de miles los afectados por el IRPH, quienes han terminado abonando un sobrecoste medio cercano a los 15.000 euros por vivienda sin haber tenido la oportunidad real de comprender la trampa jurídica que estampaban con su firma.
La batalla que empezó en 2019
El caso, que arrancó su andadura en los tribunales europeos allá por 2019 gracias a la tenacidad de los abogados guipuzcoanos José María Erauskin y Maite Ortiz, entra ahora en una fase crítica de desenlace. Frente a la postura de un Tribunal Supremo empeñado en proteger la solvencia de la banca y evitar una cascada de nulidades, Luxemburgo ha ido dejando rendijas abiertas para la protección del consumidor.
Cerón insiste en que entregar un folleto denso de sesenta páginas tres días antes de la firma en la notaría, cuando el comprador solo piensa en que le entreguen las llaves, no es transparencia.
La verdadera información exige simulaciones claras, escenarios comparativos y una explicación transparente que muestre sin tapujos que el cliente puede terminar pagando un 44% de intereses sobre el capital concedido.
Una de las preguntas más incisivas que la magistrada envía a los jueces europeos afecta al corazón de la rentabilidad bancaria. Si las entidades sumaron un diferencial positivo en lugar de restar los puntos recomendados por el regulador en 1994, la jueza pregunta si el contrato debe sufrir una mera reestructuración o si procede decretar la nulidad total de la cláusula.
Cerón advierte sin rodeos de que una sentencia categórica desde Luxemburgo que declare la nulidad radical obligaría a devolver todo el capital cobrado de más junto con sus intereses, asestando un golpe financiero que impactará de manera muy dura en la banca española. Según Goldman Sachs, que no es una empresa sospechosa de apoyar al Sindicato de Inquilinas, valoró el impacto en 44.000 millones de euros.
La pelota está ahora de nuevo en el tejado de Europa que deberá decidir si valida la cómoda doctrina de los jueces españoles o si, por el contrario, abre la puerta a la mayor devolución de dinero en la historia del sistema financiero español.
La justicia no se mide por la velocidad. Se mide por la valentía. Y Eva Cerón ha demostrado tenerla, una vez más.
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