El código postal de la sanidad pública

Los mapas políticos suelen explicar un país mejor que muchos discursos. Hay uno de España que, observado con cierta distancia, habla de algo más importante que la distribución territorial del poder. Habla de cuánto tarda un ciudadano en llegar al especialista, de qué posibilidades tiene de conseguir cita con su médico de familia y de cuánto espacio conserva la sanidad pública frente al avance de la privada. Es también un mapa del lugar donde uno enferma.

España construyó uno de sus grandes consensos democráticos sobre una idea bastante sencilla, que la enfermedad no debía convertirse en un privilegio económico. El Sistema Nacional de Salud hizo de esa aspiración una realidad razonablemente sólida, pero cuatro décadas después la igualdad sanitaria tiene una nueva frontera. Ya no depende solamente de la renta. Depende también del código postal.

La descentralización explica una parte sustancial de esas diferencias. Las comunidades autónomas gestionan los hospitales, la Atención Primaria, las plantillas, buena parte de la inversión y los conciertos sanitarios. Por eso el debate adquiere una importancia política especial para Alberto Núñez Feijóo. Al PP ya no hace falta preguntarle qué haría con la sanidad si gobernase España. Existe una extensa experiencia autonómica con la que contrastar sus promesas.

Conviene hacerlo sin trampas estadísticas. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad no permiten afirmar que todas las comunidades gobernadas por el PP tengan peores listas de espera. Galicia registraba al cierre de 2025 una espera media de 63 días para la primera consulta con el especialista frente a los 102 del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y Madrid se situaba en 68. Andalucía, en cambio, alcanzaba los 136 días. Las diferencias territoriales atraviesan gobiernos de distinto signo y responden también a estructuras demográficas y asistenciales muy diferentes. Precisamente por eso la discusión interesante empieza donde termina la clasificación de comunidades.

La cuestión no consiste solamente en cuánto se espera, sino en qué modelo sanitario se está construyendo para dejar de esperar. Ahí aparecen las decisiones sobre Atención Primaria, contratación de profesionales, inversión pública, conciertos y derivaciones. Un gobierno puede mejorar determinadas estadísticas y, al mismo tiempo, favorecer un ecosistema en el que una parte creciente de la población considera necesario contratar un seguro privado para protegerse de las insuficiencias que percibe en el sistema público.

El deterioro de un servicio público rara vez se presenta como programa electoral. Ningún presidente autonómico anuncia que desea una Atención Primaria más débil o unos hospitales con menos capacidad. El proceso suele ser bastante más silencioso. Una vacante tarda en cubrirse, un consultorio reduce actividad, conseguir cita deja de ser cuestión de uno o dos días, una prueba se demora y quien dispone de recursos empieza a buscar una alternativa. Así puede cambiar un sistema sin necesidad de desmontarlo.

Madrid representa desde hace años una de las expresiones más reconocibles de esa discusión. La comunidad más rica de España ha desarrollado un modelo en el que la relación entre provisión pública y operadores privados ocupa un lugar central. La pregunta relevante no consiste en negar los resultados favorables que pueda ofrecer en determinados indicadores, sino en averiguar qué ocurre con el principio de suficiencia de la red pública cuando la alternativa privada se integra cada vez con mayor naturalidad en la vida de las clases medias.

Andalucía ofrece otra fotografía. Las Mareas Blancas volvieron a recorrer en abril las ocho capitales de provincia denunciando listas de espera, carencias asistenciales y privatización. Miles de personas salieron a la calle en defensa de la sanidad pública después de años de gobierno de Juan Manuel Moreno. El conflicto demuestra que el presupuesto, aun siendo imprescindible, no basta para medir la calidad de un sistema. Una Administración puede anunciar cifras históricas de inversión y encontrarse al mismo tiempo con ciudadanos que sienten que acceder al médico se ha vuelto más difícil.

Galicia exige un análisis todavía más preciso porque allí se encuentra buena parte de la biografía política de Feijóo. Los datos recientes de espera especializada son buenos en comparación con la media española y negarlo debilitaría cualquier crítica seria. Pero Feijóo gobernó la Xunta durante trece años y su gestión sanitaria constituye por ello una referencia legítima para examinar la concepción de los servicios públicos que ahora pretende trasladar al conjunto del Estado.

Esa memoria explica la dureza con la que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública respondió en marzo a la carta que Feijóo había dirigido a los profesionales sanitarios. La organización recordó algo elemental que con frecuencia desaparece del debate nacional, que son las autonomías las responsables de planificar recursos, gestionar plantillas, organizar la Atención Primaria y hospitalaria, establecer conciertos y aprobar sus presupuestos sanitarios. El PP gobierna actualmente buena parte de esas administraciones.

Feijóo intenta presentarse como un gestor que devolvería eficacia y previsibilidad a los grandes servicios del Estado. Es uno de los pilares de su oferta política. Pero la gestión no puede invocarse únicamente como promesa cuando existe ya un historial sobre el que rendir cuentas. Los partidos son también la suma de las decisiones que adoptan sus gobiernos autonómicos.

Existe además una dimensión económica que suele quedar escondida detrás de la discusión presupuestaria. Durante años, la derecha española ha convertido la reducción fiscal en una forma de libertad individual. Menos impuestos significan, en ese relato, más dinero disponible para el ciudadano. Falta explicar la segunda mitad de la ecuación.

Cuando un servicio público pierde capacidad o genera la percepción de que ya no basta, parte del gasto reaparece en el presupuesto familiar. Seguro médico, fisioterapia, odontología, consultas, pruebas diagnósticas. El ciudadano puede recuperar dinero como contribuyente y terminar gastándolo como paciente.

Para una renta alta, esa posibilidad constituye una elección. Para muchas familias de clase media representa un esfuerzo adicional. Para quien no dispone de recursos suficientes sencillamente no existe. Ahí se encuentra la verdadera línea divisoria. La sanidad de dos velocidades separa a quien puede comprar tiempo de quien tiene que esperar.

Ese riesgo debería preocupar a cualquier gobierno, también al Gobierno central, porque la defensa del Sistema Nacional de Salud no admite complacencias partidistas. Hay problemas estructurales que atraviesan territorios gobernados por la izquierda y por la derecha, desde la escasez de determinados especialistas hasta el envejecimiento de la población y la dificultad para cubrir plazas. El Ministerio publica ya información autonómica actualizada hasta junio de 2026, prueba de una desigualdad territorial que requiere coordinación además de recursos.

Pero el PP afronta una responsabilidad adicional porque pretende convertir la gestión en la credencial principal de su alternativa. Feijóo no puede separar completamente su proyecto nacional de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia cuando reclama que los españoles juzguen al Gobierno por sus resultados.

La sanidad pública conserva una extraordinaria legitimidad porque sigue encarnando una de las formas más concretas de igualdad. Su deterioro más peligroso quizá no sea presupuestario, sino cultural. Llegará el día en que una generación considere perfectamente normal pagar para recibir con rapidez aquello que la anterior entendía como un derecho garantizado por su ciudadanía.

España conservaría entonces formalmente un sistema universal, pero habría construido materialmente una sociedad sanitaria de dos velocidades.

Por eso importa el código postal. Porque detrás de cada comunidad existe una determinada relación entre impuestos, derechos, mercado y servicios públicos. Y porque, si Alberto Núñez Feijóo pretende convertir su experiencia de gestión en el argumento para llegar a La Moncloa, tendrá que responder a una pregunta bastante más concreta que cualquier promesa electoral. No qué sanidad dice que construirá el PP en España, sino qué sanidad está construyendo allí donde ya gobierna.