El avance de las investigaciones que salpican al entorno del diputado Santos Cerdán —una empresa vinculada a él habría recibido adjudicaciones procedentes de contratos logrados por una gran constructora— irrumpe en un momento políticamente delicado para el PSOE. El partido convive desde hace meses con una derecha que ha convertido cualquier indicio de irregularidad en arma electoral, aunque sus propios gobiernos autonómicos acumulen investigaciones abiertas. Aun así, este caso obliga a Ferraz a moverse con cautela para no alimentar un relato que el PP da por construido antes de que hable la justicia.
La aritmética interna y el desgaste externo
En el PSOE conocen la secuencia de memoria. Bastan unas líneas en un atestado para que el PP despliegue la maquinaria que mezcla insinuación, sospecha preventiva y un discurso de regeneración que no aplica en su propia casa. Ocurrió con los casos que afectaron a dirigentes populares en la Comunidad de Madrid y en Galicia; y ocurre ahora con un sumario que aún está en su fase preliminar.
El problema para los socialistas no es únicamente jurídico, sino político. Cerdán no es un diputado más: ha sido una figura clave en las negociaciones parlamentarias más complejas de la legislatura. Y aunque el PSOE marque prudencia —“investigación, garantías y respeto a los tiempos judiciales”— el PP ya ha decidido su encuadre: el caso como prueba de una supuesta red de favores, una acusación que usan incluso cuando los hechos todavía no han sido calificados penalmente.
Este episodio se cruza, además, con el clima crispado en el que la derecha ha instalado el debate público. En Génova necesitan un caso que compense sus propios frentes judiciales y que reactive un discurso que llevan meses estancado. Y Vox, siempre dispuesto a ocupar el hueco que deja el PP, interpreta cualquier investigación dirigida a un socialista como una oportunidad para reactivar su relato del “sistema corrupto”, una teoría que evita cuidadosamente mirar hacia sus propias estructuras, mucho más opacas y atravesadas por conflictos internos.
La batalla por el relato: investigación o aprovechamiento político
El sumario aún no sostiene más que una línea argumental por depurar, pero el ruido ya está construido. No sorprende: para el PP, la justicia es útil en su fase embrionaria, cuando todavía no hay certezas y cualquier hipótesis adquiere categoría de verdad si se repite suficientes veces.
No es un procedimiento nuevo. Se vio con otros casos donde la investigación terminaba desinflándose, pero el daño político ya estaba hecho. El mecanismo es siempre el mismo: que la explicación llegue tarde y que la sospecha quede instalada, aunque luego no prospere la imputación ni derive en responsabilidad alguna.
Aun así, en Ferraz no niegan que este episodio les obliga a situar la cuestión de la integridad pública como prioridad de discurso. El Gobierno ha defendido desde el inicio de la legislatura reformas que refuercen los controles y el acceso transparente a los fondos públicos. Pero sabe que cada investigación que roce a un socialista se convierte en munición inmediata para una oposición que evita cualquier examen sobre sus gobiernos autonómicos, donde se acumulan problemas sin la misma visibilidad mediática.
El papel de las grandes empresas y un terreno lleno de interrogantes
Hay otro elemento en esta investigación que no conviene minimizar: el papel de las grandes compañías contratistas, protagonistas ciclotímicas de escándalos que afectan a distintas formaciones políticas según el ciclo. No es una novedad que determinadas empresas mantengan estructuras paralelas donde confluyen consultoras, intermediaciones y subcontratas. Lo que está por aclarar es si en este caso hubo una relación irregular o si, como ocurre a menudo, la apariencia de conexión genera más ruido que sustancia jurídica.
El debate, sin embargo, no es únicamente judicial. Afecta a cómo se gestionan los contratos públicos, cómo se fiscalizan, cómo se entienden los vínculos entre empresas y administración, y qué mecanismos debería reforzar el Estado para separar lo que es colaboración profesional de lo que podría ser tráfico de influencias. Y en ese punto aparece la contradicción de la derecha: exige transparencia en el ámbito estatal mientras desactiva controles en sus autonomías, especialmente en Madrid, donde la opacidad en la política de adjudicaciones ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de organismos independientes.
El PSOE trata de mantener el pulso político sin dejarse arrastrar por un caso que aún está lejos de un escenario procesal definido. El PP, en cambio, opta por un camino rápido: convertir cualquier información preliminar en prueba concluyente. Los socialistas confían en que la justicia delimite pronto el alcance de los hechos. La oposición confía en que el desgaste se prolongue lo suficiente como para instalarlo como símbolo. Y esa divergencia revela, una vez más, que en la política española la lucha por el relato empieza mucho antes que la lucha por la verdad judicial.