La beca que no paga estudiar

Durante décadas, la beca fue una de las respuestas más claras a una pregunta bastante elemental sobre la igualdad de oportunidades. Si un estudiante tenía capacidad para llegar a la universidad pero su familia no disponía de dinero suficiente, el sistema público debía ayudarle para que la renta de sus padres no decidiera hasta dónde podía estudiar. Nunca fue una igualdad perfecta, pero el principio estaba claro y permitió que generaciones enteras llegaran a facultades a las que difícilmente habrían accedido dependiendo exclusivamente de la economía familiar.

Ese mecanismo sigue existiendo y mueve cada año miles de millones de euros. Sin embargo, el precio de la vivienda está introduciendo una variable que amenaza con alterar la eficacia real de las becas, especialmente para quienes necesitan abandonar su domicilio familiar porque la carrera que quieren estudiar se encuentra en otra ciudad.

La normativa para el curso 2026-2027 permite ver bastante bien dónde empieza a abrirse esa distancia. Un universitario que cumple los requisitos puede recibir la matrícula, una cuantía fija de 1.700 euros vinculada a la renta, otros 2.700 euros si necesita cambiar de residencia, una cantidad variable calculada en función de la situación económica familiar y del expediente académico y hasta 125 euros adicionales por excelencia.

No todos los becarios cobran todos esos conceptos. Depende de la renta, la situación académica y las circunstancias personales, y la cuantía variable puede modificar considerablemente el importe final. Conviene dejarlo claro porque comparar únicamente los 2.700 euros de residencia con el precio de un alquiler no permite calcular cuánto dinero recibe realmente un estudiante becado.

Pero esos 2.700 euros sí permiten responder a una pregunta mucho más concreta. Cuánto ayuda específicamente el sistema estatal a pagar el alojamiento de quien tiene que marcharse de casa para estudiar. Si distribuimos esa cantidad entre diez meses de curso, salen 270 euros mensuales, y ahí empiezan las dificultades.

Una habitación puede comerse la ayuda de residencia en cinco meses

Santiago Morell es gallego y pasó tres años estudiando en Madrid. Su experiencia, contada estos días en la Cadena SER, ofrece una dimensión bastante menos abstracta del problema. Durante su estancia en la capital llegó a pagar entre 450 y 500 euros mensuales más gastos por una habitación y descartó residencias universitarias en las que una habitación compartida podía alcanzar los 1.100 euros.

Después de pasar por tres pisos decidió regresar a Santiago de Compostela, donde paga alrededor de 250 euros más gastos.

El caso individual no demuestra por sí mismo cómo viven todos los estudiantes desplazados, pero las cifras del mercado indican que tampoco estamos ante una extravagancia madrileña. La propia bolsa de alojamiento para universitarios de la Comunidad de Madrid permite comprobar que el grueso de las habitaciones individuales anunciadas se concentra en los tramos de 400 a 550 euros y de 550 a 700 euros mensuales.

Con una habitación de 500 euros, diez meses de alojamiento cuestan 5.000 euros sin incluir electricidad, agua, calefacción, internet, comida ni transporte. La ayuda estatal específica para residencia cubriría 2.700.

La diferencia tendría que salir de los demás componentes de la beca, cuando correspondan, de la familia, de los ahorros del estudiante o de un trabajo compatible con los estudios. Y aquí aparece una cuestión que merece bastante más atención que discutir simplemente si 2.700 euros son muchos o pocos.

La beca puede reconocer que un estudiante necesita vivir fuera de casa y, al mismo tiempo, no proporcionarle recursos suficientes para que esa posibilidad resulte económicamente viable.

El problema se agrava en las residencias universitarias. España está viviendo un auténtico auge de la inversión privada en este mercado. Según datos de Atlas Real Estate Analytics recogidos por diferentes medios, la inversión pasó de 115 millones de euros en 2023 a 1.775 millones en 2025, mientras determinadas habitaciones superan ya los 1.000 euros mensuales.

La explicación está en una combinación que cualquier mercado entiende rápidamente. Hay mucha demanda y poca oferta.

España cuenta con unos 677.390 estudiantes desplazados y 123.120 camas en residencias, de manera que apenas existe una plaza por cada cinco potenciales demandantes. El parque ha aumentado un 42 % desde 2021 y hay nuevos proyectos en marcha, pero la demanda continúa creciendo y una parte importante de la nueva oferta está orientada hacia segmentos capaces de pagar precios que quedan bastante lejos de lo que puede asumir una familia con rentas modestas.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, Paco Oliva, lo ha planteado esta misma semana en términos especialmente claros. La falta de residencias a precios asequibles puede afectar al papel de la universidad pública como ascensor social incluso más que algunos problemas de financiación universitaria, porque un estudiante puede conseguir plaza, cumplir los requisitos académicos y obtener una beca y encontrarse finalmente con que no puede pagar dónde dormir.

El código postal empieza a elegir también la carrera

La universidad española ha construido buena parte de su capacidad para igualar oportunidades alrededor de dos instrumentos. Un sistema público con precios de matrícula contenidos y una política de becas destinada a compensar las diferencias económicas entre familias. El encarecimiento de la vivienda introduce una tercera condición que no depende necesariamente de la universidad.

Dos estudiantes con la misma nota, la misma renta familiar y exactamente la misma beca pueden encontrarse ante situaciones radicalmente distintas dependiendo de dónde esté la facultad. Quien puede estudiar viviendo en casa de sus padres tiene resuelta la partida económica más importante. Quien necesita trasladarse a Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o cualquiera de las ciudades universitarias donde el alquiler se ha disparado comienza el curso con varios miles de euros adicionales de gasto.

La consecuencia puede acabar influyendo incluso en la elección de los estudios. No basta con tener nota para entrar en una carrera si estudiar esa carrera obliga a asumir un alquiler que la familia no puede pagar, y ese condicionante perjudica especialmente a quienes proceden de municipios pequeños o territorios donde la oferta universitaria es más limitada.

Galicia permite entender bien esa dimensión. Un estudiante de Santiago, A Coruña o Vigo puede encontrar una oferta universitaria relativamente próxima para numerosas titulaciones, pero no para todas. Para muchos jóvenes de zonas rurales el desplazamiento comienza incluso dentro de Galicia, y determinadas especialidades obligan además a trasladarse a otras comunidades.

Durante mucho tiempo aceptamos con cierta naturalidad que un joven eligiera universidad considerando la nota de corte, la calidad de los estudios o sus preferencias personales. El precio del alquiler está incorporando una pregunta mucho más prosaica a esa decisión y obliga a calcular cuánto cuesta la habitación antes incluso de decidir si merece la pena solicitar la plaza.

La beca intenta corregir precisamente esa desigualdad, pero una ayuda fijada en una cantidad estatal uniforme se enfrenta a mercados de vivienda extraordinariamente diferentes. Los 2.700 euros tienen el mismo valor nominal para un estudiante que encuentra alojamiento por 250 euros en Santiago y para otro que necesita pagar 600 en Madrid, aunque su capacidad real para financiar el curso sea completamente distinta.

Eso abre un debate complicado sobre si las ayudas de residencia deberían incorporar de alguna manera el coste efectivo del alojamiento en cada territorio. Hacerlo aumentaría la complejidad del sistema y podría producir efectos indeseados sobre los precios, pero mantener una cantidad idéntica independientemente del mercado tampoco garantiza una igualdad real entre estudiantes.

Estudiar y trabajar para poder seguir estudiando

El otro ajuste se produce fuera de las estadísticas de las becas y entra directamente en la vida cotidiana de los universitarios. Santiago Morell explicaba que varios amigos trabajan mientras estudian para poder mantenerse en Madrid.

Trabajar durante la carrera no constituye por sí mismo ningún problema y para muchos estudiantes puede aportar experiencia, autonomía e ingresos. La situación cambia cuando el empleo deja de ser una elección y se convierte en la condición necesaria para poder continuar estudiando.

Quien dedica quince o veinte horas semanales a un trabajo para pagar la habitación dispone de quince o veinte horas menos para estudiar, acudir a tutorías, preparar prácticas o simplemente participar de una vida universitaria que también forma parte de la formación. La desigualdad económica que la beca pretendía reducir reaparece entonces convertida en desigualdad de tiempo.

El estudiante con respaldo familiar puede dedicar el curso a estudiar. El que necesita completar la beca con un empleo tiene que repartir sus horas entre aprobar y pagar el siguiente mes de alquiler.

No significa que todos los universitarios que trabajan lo hagan por necesidad ni que hacerlo condene necesariamente su expediente académico. Significa que la igualdad de acceso a la universidad no termina en la puerta de la facultad, porque las condiciones materiales durante los años de estudio influyen también en las posibilidades de aprovecharla.

La política de becas española ha avanzado en recursos y cobertura durante los últimos años y sería injusto describir el sistema como si permaneciera congelado mientras todo lo demás subía. Para 2026-2027, la ayuda ligada a residencia se sitúa en 2.700 euros y los estudiantes de las rentas más bajas pueden sumar los 1.700 euros ligados a renta y la cuantía variable, además de tener cubierta la matrícula.

La cuestión que plantea el mercado de la vivienda no consiste, por tanto, en negar ese esfuerzo, sino en preguntarse si el diseño de las ayudas está evolucionando al mismo ritmo que el coste real de desplazarse para estudiar. Porque la matrícula ha dejado de ser hace tiempo el único precio de una carrera.

La universidad pública necesita también una cama asequible

España ha invertido durante décadas en ampliar universidades, campus y titulaciones para que el lugar de nacimiento condicionara cada vez menos las oportunidades educativas. La movilidad de los estudiantes se convirtió precisamente en una señal de apertura del sistema y estudiar fuera de casa dejó de estar reservado a las familias con mayor capacidad económica.

La crisis de vivienda amenaza con introducir de nuevo esa barrera por una puerta distinta.

No lo hace mediante una matrícula de diez mil euros ni mediante una norma que excluya a quienes tienen menos renta. Funciona de una manera bastante más silenciosa. El estudiante consigue la nota, solicita la plaza, obtiene la beca y empieza a buscar habitación. Es en ese último paso donde descubre cuánto dinero falta.

El auge de las residencias privadas demuestra además que existe una demanda enorme y que el mercado ha identificado perfectamente el negocio. La inversión en alojamiento universitario se multiplicó casi por dieciséis entre 2023 y 2025, mientras el déficit de plazas mantiene una presión considerable sobre los precios. El problema no está en que exista inversión privada, necesaria para ampliar una oferta claramente insuficiente, sino en confiar exclusivamente en que ese mercado produzca por sí solo alojamiento accesible para estudiantes con pocos recursos.

Ahí aparece probablemente el siguiente escalón de la política universitaria. Las becas siguen siendo imprescindibles, pero pueden necesitar una estrategia de alojamiento que las acompañe mediante residencias públicas o concertadas a precios asequibles, ampliación de plazas, colaboración con universidades y administraciones locales y fórmulas que impidan que el lugar donde se encuentra una facultad termine determinando quién puede permitirse estudiar en ella.

El Real Decreto que regula las becas para este curso mantiene una arquitectura destinada precisamente a compensar las diferencias económicas. Una familia de cuatro miembros situada en el umbral más bajo no puede superar los 22.107 euros anuales de renta para acceder a todos los componentes principales, incluida la cuantía fija ligada a renta. Estamos hablando de hogares para los que aportar cada mes varios cientos de euros adicionales al alquiler de un hijo puede resultar sencillamente imposible. Por eso tener una beca y tener dinero suficiente para estudiar empiezan a dejar de ser exactamente la misma cosa.

La beca continúa abriendo la puerta de la universidad y sigue siendo uno de los instrumentos más importantes para evitar que la renta familiar determine el nivel educativo. El problema aparece si al otro lado de esa puerta espera un mercado de vivienda capaz de cobrar en pocos meses toda la ayuda que el sistema ha concedido para residir durante el curso.

La igualdad de oportunidades universitaria se jugaba tradicionalmente en las aulas, las notas de corte, las matrículas y las becas. El precio de una habitación ha añadido otra casilla a esa cuenta y obliga a revisar qué entendemos realmente por poder estudiar fuera de casa. Si conseguir una plaza y una beca no garantiza siquiera que un estudiante pueda permitirse vivir en la ciudad donde está su facultad, el ascensor social de la universidad sigue funcionando, pero hay jóvenes que empiezan a tener dificultades para pagar el viaje.