El modelo de colaboración público‑privada presente en la Sanidad española (y que tanto gusta a políticos como Isabel Díaz Ayuso) se introdujo con la Ley 15/1997, aprobada durante el primer Gobierno de José María Aznar. El texto permitía que la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos pudiera ser asumida por entidades privadas, abriendo la puerta a fórmulas mixtas de gestión.
Aunque impulsada por el PP, la ley contó también con el respaldo del PSOE en aquel momento. Dio origen a experiencias como el modelo Alzira en la Comunidad Valenciana, donde un hospital público fue gestionado por una concesión privada. Se extendió a otros centros en Madrid (Fundación Jiménez Díaz, Torrejón de Ardoz) y en distintas comunidades autónomas. Los defensores argumentaban que aportaba eficiencia y flexibilidad; los críticos denunciaban que favorecía el negocio privado y debilitaba la Sanidad pública. Hoy, 28 años después, y a la vista de los desmanes contra los pacientes cometidos en algunos centros gestionados bajo esa fórmula mixta, podemos concluir quién tenía razón y quién mentía.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno derogará la ley del 97 y que está ultimando la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuya aprobación está prevista para principios de 2026. La norma, según ha subrayado, pretende reforzar la sanidad pública frente a los fondos de inversión y limitar la colaboración con empresas privadas.
Tras el escándalo en el hospital público madrileño de Torrejón de Ardoz (gestionado por el grupo privado Ribera Salud), García explicó que la nueva legislación derogará la ley de 1997, que abrió la puerta a nuevas fórmulas de gestión, y pondrá límites claros a la colaboración público‑privada.
La ministra denunció que este modelo se ha “pervertido” hasta convertirse en una colaboración parasitaria, y recalcó que la futura ley será más amplia y establecerá reglas que contengan el ánimo de lucro. “No se prohíbe la colaboración público-privada, pero sí se restringe cuando intervienen empresas con fines lucrativos”, puntualizó.
García confía en que la norma quede aprobada durante la actual legislatura y adelantó que será llevada al Consejo de Ministros a comienzos de 2026. La ministra también recordó que su departamento trabaja en un real decreto sobre listas de espera, que permitirá dar trazabilidad al recorrido del paciente desde la atención primaria hasta la cirugía. Actualmente, señaló, las listas funcionan como “cajas negras”, especialmente en el ámbito quirúrgico, donde la admisión no depende directamente del cirujano.
En este contexto, acusó a la Consejería de Sanidad de Madrid de “maquillar” los datos que se publican cada seis meses, de modo que la comunidad no aparece entre las más afectadas. Respecto al caso de Torrejón, García confirmó que tanto el Ministerio como Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un posible delito de lesiones contra pacientes. Además, la Alta Inspección investigará el hospital. La ministra lamentó que estas prácticas, que priorizan el beneficio económico sobre la atención sanitaria, también se den en el grupo Quirón, al que acusó de estar favorecido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
“Lo que hemos visto en Torrejón es un reflejo de lo que ocurre desde hace años en Quirón: un sistema complejo que deriva pacientes de la sanidad pública a hospitales privados, sustentado en la libre elección, las listas de espera y la connivencia de la Consejería”, afirmó. Finalmente, García recordó que, desde la llegada de Ayuso al Gobierno regional, 5.000 millones de euros han sido destinados al grupo Quirón.
No todos los hospitales gestionados por empresas privadas son iguales. De hecho, hay algunos que son absolutamente privados y otros que, aunque son públicos, los administra una entidad privada, grupos como Ribera o Quirón que, por esa gestión, se embolsan beneficios millonarios gracias a la actual ley, informa La Sexta.
Sanidad quiere apostar al cien por cien por un modelo que ya se da en algunos hospitales como Sant Joan de Deu o el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. Este modelo consiste en que sigue existiendo esa colaboración público-privada, pero la gestión la hace una entidad sin ánimo de lucro. Los beneficios, por tanto, se reinvierten en el hospital y no van a bolsillos de empresarios.
Lo cierto es que este anuncio no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso hablando de “campañas políticas para intentar desprestigiar” la Sanidad madrileña. Es una página más dentro de la rivalidad que protagonizan la presidenta regional y la ministra desde sus duelos en la Asamblea de Madrid.
La ley tampoco permitiría la colaboración público-privada con la Fundación Jiménez Díaz. Aunque es una fundación, está en manos del grupo privado Quirón. Aun así, habrá que esperar a principios de 2026 para conocer más detalles de esta ley. El objetivo del Ministerio quiere aprobarla en esta legislatura.