La campaña electoral todavía no ha comenzado oficialmente y una de las primeras discusiones del 29-N ya no gira alrededor de los precios de la vivienda, los salarios, la inflación o los desahucios, o eso quiere hacernos creer la derecha y la extrema derecha. Para los medios conservadores de la presidenta madrileña, gira alrededor de si los ciudadanos pueden confiar en que su voto llegará correctamente a una mesa electoral.
Isabel Díaz Ayuso abrió esa puerta apenas se conoció el adelanto electoral. En un discurso lleno de inquina y teorías de la conspiración, pidió desconfiar del voto por correo y advirtió de una posible manipulación electoral. Santiago Abascal se movió en una dirección semejante. Apenas veinticuatro horas después, destacados dirigentes del propio Partido Popular han comenzado a introducir matices.
La portavoz parlamentaria Ester Muñoz ha insistido este martes en que los electores deben votar, presencialmente o por correo: «Que cada uno lo haga como considere, pero que vote». Borja Sémper ha ido más lejos al recordar que el PP confía en un sistema electoral que considera garantista. Incluso Manuel Domínguez, líder del PP canario, ha reconocido que no dispone de datos que acrediten ningún “pucherazo”.
Ayuso redobla la acusación de «trampas»
Lejos de rebajar sus palabras, Isabel Díaz Ayuso ha insistido este martes desde IFEMA, durante su visita a Fruit Attraction, en sembrar dudas sobre el proceso electoral. «Tenemos al frente del Gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia», afirmó sobre Pedro Sánchez, al que acusó de «inflar los censos» mediante regularizaciones y «cambalaches». Casualmente durante la feria de la fruta.
La presidenta volvió a pedir que «no haya trampas, trucos ni censos inflados a última hora», pese a que no ha aportado pruebas de fraude electoral ni de manipulación del voto por correo. Además, las regularizaciones de extranjeros no otorgan por sí mismas derecho a votar en unas elecciones generales, que exige nacionalidad española e inscripción en el censo.
Resulta significativo que Ayuso recurra de nuevo a «trilero» y no al «me gusta la fruta», uno de sus insultos políticos recurrentes. Mientras la dirección nacional del PP defiende que el sistema de voto por correo es garantista y pide acudir a las urnas, la presidenta madrileña mantiene el relato de la sospecha. El problema para el PP es que la sospecha ya ha sido introducida en la campaña.
El voto por correo no depende del Gobierno
Las garantías del voto postal están descritas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en las instrucciones de la Junta Electoral Central.
El elector debe solicitar personalmente su voto e identificarse. La Oficina del Censo Electoral comprueba su inscripción y anota que ejercerá el sufragio por correo para impedir que vuelva a votar presencialmente. La documentación electoral se entrega mediante correo certificado y con acreditación de identidad.
Desde 2023 existe además una garantía adicional: el elector debe entregar personalmente el voto en una oficina de Correos e identificarse nuevamente. Si excepcionalmente lo entrega otra persona necesita autorización firmada y documentación identificativa de ambos. Los votos depositados simplemente en buzones no son válidos.
El voto no se cuenta en Correos. Los sobres son enviados a las mesas electorales correspondientes y forman parte del escrutinio realizado bajo el mismo sistema de control que el resto de los sufragios.
Por tanto, una cosa es reclamar vigilancia —absolutamente legítimo en cualquier proceso electoral— y otra afirmar o insinuar que existen indicios de una operación para alterar masivamente el voto postal. Hasta este momento no se ha presentado ninguna evidencia que permita sostener esa acusación.
La “ley de nietos”: aquí la historia es bastante más complicada
Este es el punto donde conviene no cometer el error contrario. Ayuso y otros dirigentes han mezclado el crecimiento del censo exterior con la llamada “ley de nietos”, nombre popular de una parte de la Ley de Memoria Democrática.
La norma permitió optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio, a descendientes de españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros y a otros supuestos contemplados expresamente en la ley.
Posteriormente, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública interpretó ampliamente algunos de esos supuestos. Entre otras cuestiones, estableció una presunción de exilio para españoles que salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955.
Y aquí sí existe un conflicto jurídico verdadero.
La Junta Electoral Central estudió durante 2026 el incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes y reconoció la existencia de mecanismos de actualización, control y trazabilidad, aunque señaló que su informe no permitía pronunciarse de manera concluyente sobre determinadas cuestiones jurídicas relativas a la actualización y adscripción territorial del CERA.
Más importante todavía: el Tribunal Supremo acordó el 10 de septiembre medidas cautelares en recursos interpuestos por Vox e Iustitia Europa relacionados con la aplicación de esa normativa y el censo exterior. La propia Junta Electoral Central recoge oficialmente esos autos.
Por eso presentar todo este asunto como una pura invención del PP o de Vox sería incorrecto.
Lo que tampoco permite ese procedimiento judicial es dar el salto siguiente y afirmar que existe un fraude electoral del Gobierno. Una medida cautelar sobre la interpretación de una norma de nacionalidad no acredita un pucherazo.
La regularización de inmigrantes no les da derecho a votar en unas generales
Hay otra confusión especialmente importante.
Regularizar administrativamente a una persona extranjera no significa convertirla en elector en unas elecciones generales.
La LOREG es inequívoca: el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral. Una autorización de residencia o una regularización extraordinaria no concede automáticamente la nacionalidad española y, por tanto, no incorpora por sí misma a nadie al censo de unas elecciones generales.
Los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática son un supuesto completamente distinto porque quienes culminan legalmente ese procedimiento adquieren la nacionalidad española.
Mezclar regularización migratoria, Ley de Memoria Democrática y voto por correo en un único relato de posible fraude distorsiona tres procedimientos jurídicos diferentes.
El propio PP intenta ahora limitar el incendio
Las declaraciones de Ester Muñoz revelan la dificultad. La portavoz reconoce que puede haber «dudas» por el comportamiento de Sánchez, pero simultáneamente pide a los ciudadanos que voten por el procedimiento que consideren conveniente.
Sémper ha sido aún más explícito al defender el carácter garantista del sistema.
El resultado es una situación peculiar: una de las figuras más relevantes del PP ha cuestionado el voto postal mientras portavoces nacionales del mismo partido tratan de asegurar a sus electores que pueden utilizarlo.
No es una cuestión menor. Desincentivar el voto por correo también puede perjudicar electoralmente a quien lanza la advertencia.
Estados Unidos ofrece un precedente revelador. Donald Trump convirtió durante años el voto postal en uno de los ejes de sus acusaciones de fraude electoral. Las investigaciones oficiales estadounidenses no encontraron un fraude capaz de alterar las elecciones de 2020 y organismos federales calificaron aquellos comicios como los más seguros hasta entonces.
La paradoja es que el propio Trump está pidiendo ahora, en octubre de 2026, que sus votantes utilicen también el voto por correo en las próximas elecciones estadounidenses. El instrumento no ha cambiado. Ha cambiado la estrategia política respecto a él.
Y mientras se habla del voto por correo, la vivienda continúa ahí
Aquí aparece una cuestión políticamente mucho más relevante para la campaña española.
No puede probarse que Ayuso o el PP hayan introducido deliberadamente esta controversia para ocultar la vivienda. Afirmarlo como hecho supondría atribuir una motivación interna para la que no existe una prueba documental.
Pero sí puede constatarse el efecto objetivo: durante las primeras horas de la precampaña, una parte considerable del debate político se ha desplazado desde alquileres, desahucios y vivienda hacia censos y sospechas electorales.
Y la secuencia temporal es extraordinaria.
El viernes 2 de octubre, el Congreso debatió los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado tras las movilizaciones provocadas por el desahucio de Maricarmen. Las medidas incluían protección frente a determinados desahucios, regulación de alquileres temporales y por habitaciones, prórrogas contractuales y un segundo decreto sobre estabilidad de los contratos.
Su rechazo desembocó pocos días después en el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre de 2026, fecha ya publicada oficialmente en el BOE. La campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará el día 27.
Y este martes el Consejo de ministras y ministros ha vuelto a aprobar versiones de las medidas de vivienda para intentar que sean convalidadas a través de la Diputación Permanente después de la disolución de las Cortes.
La vivienda no es una preocupación para Ayuso y Feijóo
Existe además un dato que complica cualquier intento de relegarla durante la campaña.
En abril, el último dato oficial del CIS que he podido verificar directamente situaba la vivienda como el principal problema de España para el 41,3% de los encuestados, muy por encima de otras preocupaciones.
Desde entonces se han producido el desahucio de Maricarmen, las manifestaciones, la acampada de Sol, los dos decretos, su rechazo parlamentario y finalmente el adelanto electoral.
Además, UGT y CCOO han acordado apoyar una huelga general de 24 horas centrada precisamente en vivienda y salarios, que previsiblemente se celebrará antes de las elecciones.
Por tanto, hay base suficiente para afirmar que la vivienda puede ocupar un lugar central en la campaña.
Lo que no puede hacerse —por rigor demoscópico— es anticipar cómo afectará exactamente al resultado del 29-N.
Ayuso entra en un terreno utilizado anteriormente por Trump y Bolsonaro
Hay otra dimensión que merece atención.
Poner bajo sospecha las reglas electorales antes de celebrarse las elecciones no es una innovación española.
Donald Trump construyó buena parte de su discurso de 2020 alrededor de la supuesta manipulación del voto postal. Después de perder, mantuvo las acusaciones pese a que su propio Departamento de Justicia, responsables electorales, asesores y organismos de seguridad le comunicaron que no existían pruebas de un fraude capaz de cambiar el resultado.
En Brasil, Jair Bolsonaro también cuestionó repetidamente el sistema electoral antes de las presidenciales de 2022, en un conflicto que terminó siendo examinado por el Tribunal Superior Electoral brasileño.
Eso permite hablar de un precedente internacional de discursos de deslegitimación preventiva de los sistemas electorales.
No demuestra que Ayuso persiga exactamente los mismos objetivos, pero la semejanza retórica existe: introducir dudas sobre el árbitro antes de conocer el resultado.
El auténtico problema del PP
El riesgo político para el Partido Popular no consiste únicamente en que la acusación de fraude sea difícil de demostrar.
Consiste también en abrir una campaña electoral cuestionando un procedimiento que sus propios dirigentes nacionales dicen considerar seguro y que sus propios electores pueden necesitar utilizar.
La Junta Electoral Central existe precisamente para controlar el proceso electoral. El Tribunal Supremo está interviniendo en las dudas jurídicas surgidas alrededor del CERA. El voto por correo exige identificación personal y trazabilidad. Y las controversias sobre nacionalidad están siendo examinadas por los tribunales antes de las elecciones.
Es decir: las instituciones que deberían funcionar ante posibles irregularidades están funcionando.
Mientras tanto, detrás de toda esta disputa continúa una pregunta que ningún relato sobre el voto postal elimina: cómo van a pagar los españoles su vivienda, qué ocurrirá con los alquileres y qué protección tendrán las personas vulnerables ante un desahucio.
Ese debate probablemente acompañará toda la campaña hasta el 29 de noviembre.
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