El ascenso de liderazgos autoritarios ha dejado de ser una anomalía para convertirse en una tendencia estructural. En ese nuevo contexto, la figura de Nayib Bukele emerge como uno de los ejemplos más paradigmáticos de lo que algunos analistas denominan autoritarismo eficaz: un modelo que sacrifica garantías democráticas en nombre de la seguridad y obtiene, a cambio, un respaldo social masivo. Sin embargo, lo verdaderamente revelador no es solo la consolidación de este modelo en El Salvador, sino la doble vara de medir que se aplica desde ciertos liderazgos europeos, particularmente desde la política española.
En ese terreno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido en una de las voces más contundentes contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su discurso ha sido constante, frontal y sin matices: denuncia de la represión, crítica a la falta de libertades y condena del autoritarismo como sistema político. No obstante, esa firmeza retórica se diluye cuando el foco se desplaza hacia El Salvador de Bukele, donde los elementos que definen un régimen autoritario no solo están presentes, sino que están documentados de manera reiterada.
El modelo salvadoreño se sustenta en una lógica de excepción permanente. La implementación de estados de emergencia, la detención masiva de ciudadanos sin garantías procesales, la construcción de megaprisiones como el Centro de Confinamiento del Terrorismo y la destrucción del debido proceso configuran un escenario donde el Estado de derecho queda subordinado a la lógica de la seguridad absoluta. A ello se suma la reforma constitucional para endurecer las penas, la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de contrapesos institucionales.
A pesar de ello, Bukele no solo mantiene niveles de popularidad extraordinarios, sino que se proyecta internacionalmente como un referente para sectores políticos que ven en su modelo una respuesta eficaz frente al crimen. Esta narrativa conecta con un clima global donde la seguridad se ha convertido en una prioridad política capaz de desplazar otras consideraciones, como los derechos humanos o la calidad democrática.
Es precisamente en este punto donde la posición de Isabel Díaz Ayuso adquiere relevancia geopolítica. La ausencia de una condena explícita al modelo salvadoreño contrasta con la contundencia de sus críticas a otros regímenes latinoamericanos, lo que sugiere una selectividad basada no tanto en criterios normativos universales como en afinidades ideológicas. Mientras que Cuba, Nicaragua o Venezuela son señaladas como ejemplos de autoritarismo de izquierda, El Salvador parece quedar fuera de ese marco, a pesar de compartir prácticas que restringen libertades fundamentales.
Esta asimetría no es un fenómeno aislado, sino que responde a una reconfiguración más amplia del discurso político global. En el entorno de Donald Trump, con el que Bukele mantiene afinidades discursivas, se ha consolidado una narrativa que legitima el uso de medidas excepcionales en nombre del orden. En este esquema, el autoritarismo deja de ser un problema en sí mismo y pasa a evaluarse en función de sus resultados, especialmente en materia de seguridad.
El caso salvadoreño ilustra esta transformación con particular claridad. La drástica reducción de la violencia atribuida a las pandillas ha sido utilizada como argumento para justificar políticas que, en otros contextos, serían objeto de una condena inmediata. La eficacia se convierte así en un criterio de legitimidad, desplazando principios fundamentales del constitucionalismo democrático.
La falta de una condena clara al modelo de Nayib Bukele por parte de figuras como Isabel Díaz Ayuso no solo refleja una incoherencia discursiva, sino que contribuye a normalizar una tendencia preocupante: la aceptación tácita de regímenes que restringen derechos fundamentales siempre que se alineen con determinadas coordenadas ideológicas o geopolíticas.