Pedro Sánchez podría estar contemplando de nuevo la política española desde el abismo de una aritmética parlamentaria rota. Sopesando la opción más radical de su manual de supervivencia: pulsar el botón rojo de las urnas. La fecha del próximo 29 de noviembre, según ha publicado elDiario.es, ha dejado de ser una especulación de mentideros para convertirse en un escenario de trabajo real sobre la mesa del núcleo duro del Ejecutivo.
Esta sacudida responde al impacto devastador provocado por el voto en contra de Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, una entente que ha tumbado esta misma mañana los dos reales decretos sobre vivienda aprobados apenas tres días antes por el Consejo de Ministros. La conmoción en las filas gubernamentales es tan profunda como el sentimiento de traición que se respira en el Ministerio de Vivienda.
Durante semanas, los negociadores del Gobierno creyeron haber atado los siete apoyos imprescindibles de la formación posconvergente. Llegando a incorporar en el texto final un paquete de incentivos fiscales para propietarios e inquilinos diseñado a la medida de las exigencias catalanas. Sin embargo, en un giro nocturno que desconcertó a los fontaneros de la Moncloa, la dirección de Junts decidió alinearse con el bloque de la derecha tradicional y la ultraderecha. Alegando argumentos que jamás formaron parte de la mesa de negociación, el grupo comandado en Madrid por Míriam Nogueras asestó un golpe letal a la norma. Abriendo una brecha irreparable en el bloque de la investidura.
Cálculo estratégico
Lejos de optar por una retirada táctica que atenuase la derrota, el Gobierno decidió no mover una sola coma del texto y someterlo al juicio del hemiciclo. La consigna presidencial ha sido clara: obligar a cada fuerza política a retratarse ante la opinión pública en un asunto de máxima sensibilidad social.
La supuesta convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre se erige ahora como la respuesta política a lo que en la Moncloa califican abiertamente como una emboscada legislativa. El equipo del presidente podría haber entendido que la caída de las medidas de protección habitacional transforma el fracaso parlamentario en un potente catalizador electoral, capaz de encender la indignación de las clases trabajadoras y medias que sufren la escalada desbocada de los alquileres.
Este golpe encima de la mesa busca resolver, además, una de las mayores vulnerabilidades del bloque progresista. En la lectura analítica que hacen los estrategas gubernamentales, el descontento generado por la derogación de los decretos actúa como un aglutinador natural para las marcas a la izquierda del PSOE. El impacto del rechazo a los decretos de vivienda promete reordenar un espacio político atomizado y apático. Unificando el voto útil en torno a la defensa del derecho a un techo. Frente a la amenaza de una alternativa de gobierno integrada por el Partido Popular y Vox, el relato del Ejecutivo apela a la movilización ciudadana como el único escudo posible frente a las alianzas de la derecha parlamentaria.
Última rendija parlamentaria
Pese al diseño intensivo del escenario electoral, los acontecimientos de las próximas horas en la Carrera de San Jerónimo dictarán el desenlace definitivo. Las alternativas planteadas por Míriam Nogueras abren una rendija microscópica para salvar in extremis la vigencia de las medidas. Sin embargo, la confianza entre los socios está completamente destruida.
En Moncloa se asume que las fórmulas que pueda proponer Junts difícilmente compensarán el coste político de haber dinamitado una norma pactada a no ser que el independentismo perciba que la amenaza del adelanto electoral y la presión de la calle terminan volviéndose en su contra dentro del electorado catalán.
El desenlace de esta crisis sitúa a la política española en una encrucijada histórica donde la gestión del malestar urbano marcará el rumbo del país. Si Sánchez decide finalmente disolver las Cortes y convocar a los ciudadanos el último domingo de noviembre, la campaña electoral no se librará en el terreno de las promesas abstractas. Sino sobre el barro de una crisis habitacional no resuelta.
La estrategia del PSOE ante el colapso parlamentario pasa por convertir la votación de esta mañana en un plebiscito directo entre dos modelos de sociedad: el que pretende regular el mercado para proteger a las familias o el que permite que las reglas del juego las dicten la especulación y las alianzas de conveniencia en el Congreso. Al final, como en tantas otras veces, la calle tendrá la última palabra. Y esta vez, la palabra es vivienda.
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