Al margen de la inmigración y la oficialidad del catalán en Europa, unos asuntos que dependen de terceros, el argumentario de Puigdemont sobre la amnistía no es de recibo. El gobierno no ha incumplido lo acordado en el debate de investidura. La ley orgánica que regula la medida de gracia está ahí. Se hizo todo lo posible para que abarcase a todos y si se han producido limitaciones se debe a la oposición de la derecha judicial de este país. Y esto lo debería tener en cuenta el expresident de la Generalitat que es consciente de que lo que más busca con esta iniciativa está a punto de conseguirlo si el Tribunal Constitucional, como parece, le ampara, a él y a sus compañeros que lideraron el procés de 2017. Da la sensación de que el inquilino de Waterloo ha perdido la paciencia en este asunto porque los otros dos “incumplimientos” parecen más bien producto del miedo a la Aliança Catalana, de extrema derecha. Pretende que no le adelanten en futuros comicios tal y como dicen los sondeos de opinión.
Pero vayamos al tema que ocupa, la amnistía. Carles Puigdemont dice que es uno de “los incumplimientos” del gobierno. La ley orgánica 1/2024 costó mucho esfuerzo sacarla adelante. Desde antes de su aprobación en el Congreso las instituciones controladas por la derecha judicial dedicaron todos sus recursos para atacarla. Un Consejo General del Poder Judicial que llevaba funcionando ilegalmente cinco años, aprobó, con los votos de la mayoría de vocales conservadores, 9 de sus 16 miembros, un informe contrario a la aplicación de la medida de gracias a los independentistas catalanes. Empezaron a surgir voces en el mundo judicial mostrándose contrarios sin, ni siquiera, conocerse el contenido de la proposición de ley. Sirva de ejemplo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, lanzó una dura crítica en un discurso institucional pronunciando durante la toma de posesión de los cuarenta y cuatro nuevos jueces destinados a juzgados de Cataluña. Barrientos argumentó que la amnistía “privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía” y que nunca podrá ser esgrimida como “elemento de pacificación, sino de discordia”. PP y Vox convocaron manifestaciones en toda España. Las maniobras no se limitaron al territorio nacional, sino que llegaron a las instituciones europeas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, avisó de que iban a estudiar el contenido del texto legal y en el Parlamento Europeo, el líder del PPE, el ultraconservador Manfred Weber, lanzó un duro ataque en un pleno en el que, por cierto, se encontraba Puigdemont que, en lugar de defender la iniciativa, exigió “el cumplimiento de los acuerdos de investidura”.
Aquí, una vez aprobada en el Congreso de los Diputados, la propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta pepera en el Senado, pero, al final, prevaleció el criterio de la cámara baja. Y ahí surgieron nuevos problemas. La sala de Lo Penal del Supremo, presidida por el ultraconservador próximo al PP, Manuel Marchena, se negó a aplicarla alegando que, en un artículo, se niega el perdón al delito de malversación si “hubo enriquecimiento personal”. En una resolución en la que los jueces dan numerosas vueltas al relato que hicieron cuando sentenciaron a los independentistas, se argumenta que los condenados “se enriquecieron personalmente” al no financiar con su patrimonio la campaña que llevaron a cabo sacando el dinero de los fondos públicos. Es algo que ahora se va a discutir en el seno del TJUE porque las acciones no concluyeron cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley presentado por el PP avalando la constitucionalidad de la ley.
Cuando se discutió en el Congreso, los socialistas presentaron varias enmiendas para evitar que fuese rechazada por las instituciones europeas. Al relato del Supremo sobre el enriquecimiento personal se sumó la presidenta de la comisión del Tribunal de Cuentas que juzgó las consecuencias contables. Elena Hernáez, propuesta por el PP, presentó una cuestión prejudicial en Estrasburgo que se está estudiando. El recurso a la justicia europea fue el motivo de las cautelas que adoptaron los legisladores para eludir la posibilidad de que se utilizase el argumento de que el dinero presuntamente malversado procedía de los fondos comunitarios, lo que puede llegar a suponer la ilegalidad de la norma.
Por si todo esto fuera poco, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón desempolvó un sumario que guardaba en los cajones de su despacho acusando a Puigdemont y Marta Rovira de haber promovido Tsunami Democràtic al que calificó de “grupo terrorista” por las acciones de protesta llevadas a cabo en 2019 cuando se dio a conocer la sentencia del procès. Sus superiores de la sala de Lo Penal anularon esta instrucción por un defecto de forma: haberla prorrogado fuera de plazo. Pero durante el tiempo en que se mantuvo abierta la investigación hubo otro elemento que había que considerar. La ley de amnistía prohíbe el perdón a los delitos de terrorismo. Por lo tanto, si hubiese prosperado la iniciativa del juez varios de los beneficiados por la medida de gracia verían anuladas sus posibilidades de rehabilitación penal.
Hubo muchas más circunstancias que dificultaron y dificultan la aplicación de la amnistía. Eso es lo que no entiende el inquilino de Waterloo cuyos abogados lo supeditan a los recursos de amparo presentados en el Constitucional. Pero para que se vea el cúmulo de contradicciones del entorno de la derecha independentista, esos abogados, con Gonzalo Boyé al frente, en lugar de aligerar el proceso decidieron presentar una recusación contra dos jueces conservadores lo que retrasa la resolución final que ya no se hará pública hasta primeros del año que viene.
Junts per Catalunya no tiene razón al incluir la amnistía en el paquete de incumplimientos de los acuerdos de investidura. Todavía se desconoce el final de este proceso y es más que probable que se incline por un resultado positivo para todos aquellos que participaron de alguna manera en las acciones que desembocaron en el referéndum del 1 de octubre de 2015. Y entonces, se habrá cumplido el objetivo del principal punto de ese acuerdo. Esta vez, la impaciencia ha podido con el dirigente soberanista. Vamos a ver qué precio va a pagar por ello.