El concepto de seguridad ciudadana y la articulación del orden público han ganado un protagonismo inusitado en la agenda de los partidos políticos. Marcan una brecha irreconciliable entre la visión garantista e integradora de las izquierdas y las recetas de autoridad, código penal severo y contención migratoria que abandera el bloque conservador y de extrema derecha.
El PSOE: firmeza operativa y respeto a los derechos civiles
La propuesta del Partido Socialista en materia de orden público busca mantener un equilibrio entre la firmeza operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el respeto escrupuloso a los derechos civiles y las libertades comunitarias. Los socialistas apuestan por la consolidación del incremento de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mejorando sus medios técnicos. Y la modernización de los protocolos de ciberseguridad para combatir la delincuencia digital.
En el plano legislativo, el PSOE defiende una reforma pactada de la denominada "Ley de Seguridad Ciudadana" —la conocida por sus detractores como "ley mordaza"— para eliminar sus aspectos más restrictivos sobre el derecho de manifestación y las sanciones administrativas. La sustituirían por un marco centrado en la mediación comunitaria. En materia de convivencia urbana y migración, el programa socialista rechaza de plano los discursos xenófobos. Vincula la seguridad a la inclusión social. Aboga por canales de regularización ordenados. Y por el refuerzo de la prevención de la violencia machista a través de unidades policiales y judiciales hiperespecializadas.
El PP: autoridad, tolerancia cero y reforma penal
Por su parte, el PP centra su estrategia de seguridad en el restablecimiento absoluto del principio de autoridad. La tolerancia cero frente a la ocupación. Y la reforma punitiva del Código Penal . La alternativa liderada por el PP promete la aprobación inmediata de una "Ley Antiokupación" que permita el desalojo exprés de inmuebles usurpados en un plazo máximo de 24 a 48 horas. Además de prohibir el empadronamiento de los ocupantes ilegales y considerar la ocupación como un delito grave.
Asimismo, los populares proponen endurecer las penas contra la multirreincidencia en hurtos y robos violentos que asolan las zonas comerciales de las grandes ciudades. Incrementar la presencia policial de proximidad en los barrios. Y devolver a los agentes de policía y guardia civil el respaldo legal blindado en sus actuaciones de mantenimiento del orden público. En materia migratoria, el PP vincula la seguridad a una política de fronteras estrictas. Propone acoger únicamente una inmigración legal y ordenada sujeta a contratos de trabajo en origen. Y acelerar los expedientes de expulsión para aquellos extranjeros en situación irregular que cometan delitos.
Vox: emergencia nacional y modelo punitivo
En un peldaño de mayor contundencia y ruptura institucional, Vox eleva el debate de la seguridad a la categoría de emergencia de soberanía nacional y cohesión social. El programa encabezado por Santiago Abascal plantea un modelo abiertamente punitivo. La expulsión inmediata y preferente de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a España. Así como de los extranjeros legales que cometan delitos graves o hagan de la delincuencia leve su forma de vida.
Vox propone la supresión total de cualquier ayuda pública o beneficio social a los inmigrantes en situación irregular. El cierre definitivo de los centros de menores extranjeros no acompañados (MENAs) mediante su repatriación masiva con sus familias a los países de origen. Y la derogación de las normativas que protegen la identidad o el estatus de los procesados. En la calle, la formación abandera el endurecimiento penal drástico. El mantenimiento e intensificación de la prisión permanente revisable . Y el despliegue del Ejército en la custodia de las fronteras de Ceuta, Melilla y los archipiélagos si la presión migratoria desborda a los efectivos policiales.
El Frente Amplio: garantismo, despenalización y transformación comunitaria
Por último, el Frente Amplio se posiciona en las antípodas del modelo punitivo. Abraza un enfoque fuertemente garantista, despenalizador y de transformación comunitaria de la convivencia. El Frente Amplio exige la derogación íntegra de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la prisión permanente revisable . La prohibición total del uso de material antidisturbios lesivo como las pelotas de goma . Y el fin del perfilamiento racial o étnico en los controles policiales de identidad en la vía pública.
La coalición rechaza la criminalización de la ocupación y de la pobreza. Defiende que los conflictos habitacionales deben resolverse a través de los servicios sociales y no mediante la intervención judicial o policial. Asimismo, en materia migratoria y de convivencia, el Frente Amplio reclama el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por considerarlos "cárceles impunes para inocentes" . La regularización extraordinaria de todos los trabajadores migrantes sin papeles que residen en el país. Y el fomento de políticas de mediación intercultural para garantizar que la seguridad sea entendida como la garantía plena del ejercicio de los derechos humanos y no como coerción estatal.
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