El modelo fiscal y la articulación de los derechos civiles completan el mapa de divergencias más profundo entre los bloques que se disputan el Gobierno de España. Ponen en juego dos formas radicalmente distintas de entender la solidaridad interterritorial, la redistribución de la riqueza y el papel regulador de las instituciones públicas.
El PSOE: progresividad fiscal y ampliación de derechos
Pedro Sánchez articula su propuesta económica sobre el principio de la progresividad tributaria y la justicia fiscal como herramientas indispensables para blindar la equidad. Los socialistas proponen consolidar de forma permanente los gravámenes extraordinarios aplicados a las grandes entidades bancarias y corporaciones energéticas. Además de dar estabilidad al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y promover una reforma integral del Impuesto sobre Sociedades que asegure un tipo mínimo efectivo a escala multinacional.
En el ámbito de las políticas sociales y los derechos civiles, el PSOE enarbola la ampliación del catálogo de derechos individuales. Desde la constitucionalización del derecho al aborto hasta el blindaje de la igualdad de género. Y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad remunerados a 19 semanas. Concatenando esta agenda con el sostenimiento de un modelo fiscal redistributivo que financie la cohesión territorial. La lógica es clara. Si los que más tienen contribuyen más, el Estado puede garantizar los servicios públicos y las ayudas sociales que necesitan los que menos tienen.
El PP: alivio fiscal y protección de la familia
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo abandera una estrategia de alivio fiscal directo orientada a atajar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación en las rentas medias y bajas. La propuesta popular contempla una deflactación inmediata de los tramos autonómicos y estatales del IRPF . La rebaja temporal del IVA en alimentos esenciales como carne, pescado y conservas. Y la derogación definitiva del Impuesto sobre Grandes Fortunas por considerarlo confiscatorio y desincentivador del capital.
En el ámbito autonómico, el PP impulsa la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en todo el territorio nacional. Y la reducción de las cargas a las pymes y autónomos. En cuanto a las políticas sociales, el programa conservador contrapone a la perspectiva de género y de memoria histórica estatal un enfoque centrado en la protección integral de la familia. El apoyo a la natalidad mediante bonificaciones fiscales. Y el respeto estricto al marco constitucional sin incurrir en revisionismos partidistas. Para los populares, bajar impuestos no es un capricho ideológico. Es una forma de devolver a los ciudadanos el dinero que les pertenece y de estimular la economía.
Vox: reestructuración fiscal y recentralización de derechos
En una enmienda drástica al sistema tributario actual, Santiago Abascal plantea una reestructuración fiscal de sesgo liberal y soberanista orientada a la drástica disminución del tamaño del Estado. La formación propone sustituir el diseño actual del IRPF por una estructura simplificada de solo dos tramos tributarios y un mínimo exento ampliado a los 22.000 euros anuales . Acompañada de la supresión total del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones . Y de una rebaja generalizada del IVA hasta un tipo general del 18% .
En el plano social y de derechos civiles, Vox exige la derogación total de las leyes de memoria democrática, de la ley trans y de las normativas de género. Proponiendo en su lugar la recentralización de competencias en defensa del concepto de familia tradicional y la asignación prioritaria de las ayudas públicas a las familias de nacionalidad española. Su discurso conecta con quienes perciben que el Estado ha crecido demasiado. Que los impuestos asfixian a las clases medias. Y que las políticas de identidad han ido demasiado lejos.
El Frente Amplio: máxima redistribución y derechos civiles como bandera
Por último, el Frente Amplio promueve el programa de mayor intensidad redistributiva e intervencionismo fiscal. La coalición reclama fijar tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios superiores a un millón de euros . Incorporar nuevos tramos autonómicos de IRPF para rentas anuales superiores a 120.000 euros. E implantar un impuesto específico a las grandes herencias para evitar la concentración intergeneracional de la riqueza.
Paralelamente, el Frente Amplio convierte el avance en derechos civiles en el núcleo de su discurso. Proponiendo una ley integral de cuidados con financiación pública asegurada. La extensión universal de los permisos parentales a las 24 semanas. La defensa irrestricta de los derechos del colectivo LGTBi . Y el reconocimiento pleno de la diversidad lingüística y cultural como elemento identitario irrenunciable del Estado. Para esta plataforma, la fiscalidad no es solo una cuestión económica. Es una herramienta de justicia social. Y los derechos civiles no son un adorno. Son la base de una democracia que no deja a nadie atrás.
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