Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se celebran con dos proyectos políticos que comparten algunos diagnósticos, pero discrepan de forma significativa en las respuestas. El PSOE de Pedro Sánchez presenta La fuerza de seguir avanzando, un documento de 114 páginas y 500 compromisos. El PP de Alberto Núñez Feijóo concurre con La Reconstrucción Nacional, un programa de 249 medidas organizado en cuatro grandes bloques: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición económica y social.
La comparación permite plantear una cuestión que va más allá de la campaña y que no es otra que si sería posible que los dos grandes partidos nacionales acordaran una agenda común de país, al margen de sus diferencias ideológicas y de la pugna por la Moncloa. Tras la lectura y análisis de los programas se desprende que ambos contienen materias en las que el entendimiento es posible, aunque un pacto de gobierno en sentido estricto exigiría superar desacuerdos que afectan al núcleo de sus respectivos proyectos. Sin embargo, ese gran pacto entre PSOE y PP es lo que necesita España y el problema está en que los socialistas actuales han olvidado las palabras de Ramón Rubial de “primero España, segundo el partido y tercero la persona”, y los populares obvian el legado de Manuel Fraga, quien enfatizó, precisamente, que lo prioritario es el interés general de los españoles frente a los intereses partidistas o personalistas.
Vivienda: el principal campo de discrepancia y también de negociación
La vivienda ocupa un lugar central en ambos programas. El PSOE propone movilizar cada año recursos equivalentes al 1% del PIB, crear un parque público estatal de 100.000 viviendas y reforzar la protección de los inquilinos. También plantea ampliar la estabilidad de los contratos, intervenir temporalmente sobre determinadas rentas en mercados tensionados y establecer mecanismos de protección frente a los desahucios de personas vulnerables.
El PP fija como objetivo construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Para conseguirlo propone movilizar suelo público y privado, aprobar una nueva Ley del Suelo, acelerar licencias, facilitar la construcción industrializada y rehabilitar edificios. Su programa plantea derogar la actual Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y suprimir el índice de precios del alquiler. Añade incentivos fiscales para compradores jóvenes, avales públicos y beneficios para propietarios que renueven contratos con incrementos inferiores al IPC.
La diferencia es evidente. El PSOE confía más en la intervención pública y en la regulación del mercado. El PP apuesta por aumentar la oferta mediante suelo, construcción, incentivos y cambios normativos. Sin embargo, existe un espacio concreto para negociar. Un Pacto de Estado por la Vivienda que combine objetivos de construcción, rehabilitación, movilización de suelo, financiación estable y evaluación anual de resultados.
Ese acuerdo podría fijar metas plurianuales de vivienda asequible, criterios comunes para la colaboración entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y mecanismos de transparencia sobre viviendas iniciadas y terminadas. La protección de los hogares vulnerables y la seguridad jurídica de los pequeños propietarios podrían abordarse en una misma negociación, aunque las fórmulas regulatorias seguirían siendo objeto de debate.
Pensiones, sanidad y educación: la base de un acuerdo social
Las pensiones constituyen uno de los puntos de encuentro más claros. PSOE y PP defienden el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la actualización conforme al IPC y reconocen la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema público. El PP propone reconstruir el Pacto de Toledo como compromiso de Estado. El PSOE plantea blindar constitucionalmente el sistema y su revalorización, además de avanzar en la separación de fuentes de financiación.
Esta coincidencia permitiría impulsar un acuerdo que incluyera financiación, suficiencia de las prestaciones, reducción de la brecha de género y garantías para las generaciones jóvenes. La negociación tendría que concretar cómo se distribuyen los costes y qué reformas se consideran necesarias para sostener el sistema a largo plazo.
En sanidad, el PP propone incorporar al menos 4.500 médicos más a Atención Primaria, reducir listas de espera y aprobar un Plan Nacional de Salud Mental para 2027-2037. El PSOE apuesta por prolongar el refuerzo de la Atención Primaria, fortalecer los equipos multidisciplinares y mejorar la atención en zonas rurales y de difícil cobertura. Ambos programas reconocen la necesidad de reforzar los recursos humanos y mejorar la capacidad asistencial.
Un pacto sanitario podría establecer objetivos comunes de reducción de listas de espera, financiación plurianual, planificación de profesionales, salud mental y coordinación entre comunidades autónomas.
En educación también existe margen para acordar medidas de largo recorrido. Atención al alumnado con necesidades especiales, formación profesional, educación infantil, mejora de resultados y reducción de desigualdades territoriales. La sustitución de la LOMLOE que plantea el PP, sin embargo, choca con la continuidad del marco educativo defendida por el PSOE.
Economía e impuestos: crecimiento compartido, instrumentos opuestos
Los dos partidos sitúan el crecimiento económico, la productividad y el empleo entre sus prioridades. El PSOE defiende una mayor intervención pública para impulsar la transformación productiva, la innovación, la industria y la transición ecológica. Su programa incorpora propuestas de mayor tributación para determinadas rentas del capital, grandes empresas tecnológicas y ejecutivos con remuneraciones extraordinariamente superiores a las de sus plantillas.
El PP propone rebajas fiscales para rentas medias y bajas, jóvenes y autónomos. Entre sus medidas figuran reducciones del IRPF durante los primeros años de actividad laboral para jóvenes, la exención del impuesto para quienes perciban el salario mínimo y cambios en el tratamiento fiscal de los autónomos. También sitúa la reducción del déficit y de la deuda entre sus compromisos.
La distancia entre ambos modelos dificulta un pacto fiscal completo. No obstante, podrían acordar una estrategia de productividad, reindustrialización, apoyo a pymes, simplificación administrativa, formación profesional y digitalización. También sería posible negociar incentivos a la inversión y objetivos de creación de empleo digno dejando para el debate parlamentario las discrepancias sobre tipos impositivos y distribución de la carga fiscal.
Infraestructuras, agua y energía: acuerdos de interés estratégico
Las infraestructuras ofrecen otro terreno de entendimiento. El PP anuncia un plan de inversión de 300.000 millones de euros en quince años, con prioridad para el mantenimiento y la seguridad de las redes de transporte, agua y energía. El PSOE propone reforzar las infraestructuras resilientes, la cohesión territorial y la movilidad sostenible. Además, incorpora un Pacto de Estado por la seguridad ferroviaria, apoyado en una auditoría técnica.
Un acuerdo podría establecer una planificación de inversiones a diez o quince años con criterios públicos de prioridad, mantenimiento, seguridad ferroviaria, Cercanías, conexión territorial y adaptación climática. El agua también podría formar parte de una estrategia nacional que abordara sequías, inundaciones, desalación, reutilización y modernización de regadíos.
La energía presenta diferencias más profundas. El PSOE impulsa el despliegue de renovables y fija el objetivo de alcanzar el 81% de generación eléctrica renovable en 2030. El PP propone prolongar la vida útil de las centrales nucleares, siempre con autorización del Consejo de Seguridad Nuclear y combinar nuclear, renovables y almacenamiento. Aun así, ambos reconocen la importancia de la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el acceso a una energía asequible. Un pacto energético podría acordar objetivos de estabilidad de red, almacenamiento, interconexiones, eficiencia y protección de consumidores. Sin exigir un consenso inmediato sobre el calendario nuclear.
Regeneración democrática y política exterior: un compromiso institucional
El PP sitúa la regeneración democrática en el centro de su programa. Plantea reformas sobre los nombramientos institucionales, el control parlamentario, la Fiscalía General del Estado y la lucha contra la corrupción. El PSOE también incorpora compromisos de transparencia, integridad pública, calidad democrática y modernización administrativa.
Existe margen para negociar reglas de transparencia, evaluación de políticas públicas, independencia de los órganos de control, comparecencias parlamentarias y rendición de cuentas. La dificultad residiría en acordar los mecanismos concretos de nombramiento y en superar la desconfianza acumulada entre ambas formaciones en los últimos 12 años.
La política exterior podría ser otro ámbito de consenso. El PP propone que vuelva a ser una política de Estado y que las decisiones esenciales se sometan a información y control parlamentario. El PSOE defiende el multilateralismo, una Unión Europea más integrada y la protección de los derechos humanos. Un acuerdo sobre prioridades europeas, defensa, seguridad, relaciones comerciales y cooperación internacional sería posible si se establecieran compromisos estables y procedimientos de consulta.
Los límites del pacto: inmigración, derechos y modelo territorial
Las mayores dificultades aparecen en inmigración, derechos civiles y organización territorial. El PP propone impedir las regularizaciones masivas, endurecer determinados requisitos de residencia y nacionalidad y acelerar las devoluciones cuando procedan. El PSOE plantea una política migratoria regular, humana y eficaz con énfasis en la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación. Aunque ambos podrían acordar más recursos para gestionar fronteras, combatir redes de tráfico de personas y mejorar la integración laboral, sus planteamientos sobre regularización y derechos no son equivalentes.
También existen diferencias en memoria democrática, legislación sobre igualdad, derechos sexuales y reproductivos y modelo territorial. El PP anuncia la derogación de la Ley de Memoria Democrática y de la Ley de Amnistía. Mientras, el PSOE defiende la continuidad y protección de derechos y normas aprobadas durante su etapa de Gobierno. En estas materias, un pacto global resultaría especialmente complejo.
¿Gran gobierno de coalición o sólo pacto de Estado?
Un gobierno de coalición PSOE-PP sería una fórmula política de gran alcance, pero no se desprende automáticamente de las coincidencias programáticas. Implicaría compartir responsabilidades ejecutivas, acordar una orientación económica y social común y resolver discrepancias que ambos partidos han convertido en elementos centrales de su identidad política.
Una alternativa sería un Pacto de Estado con compromisos legislativos, sin necesidad de compartir Gobierno. Podría incluir cinco grandes acuerdos: vivienda asequible, pensiones y financiación de la Seguridad Social, sanidad y educación, infraestructuras, agua y seguridad energética y regeneración institucional. Cada compromiso debería contar con calendario, financiación, indicadores públicos y evaluación parlamentaria anual.
La principal condición sería separar las políticas de Estado de la confrontación partidista. Eso requeriría aceptar que ningún partido puede imponer íntegramente su programa y que los acuerdos deben sobrevivir a los cambios de Gobierno. También exigiría incorporar a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes sociales en las materias que afectan a sus competencias.
El 29-N no plantea únicamente una competición entre dos programas. También pone sobre la mesa qué asuntos pueden quedar protegidos frente a los cambios de mayoría y cuáles seguirán sometidos a la alternancia política. Los documentos de PSOE y PP muestran coincidencias en objetivos esenciales, pero divergencias relevantes en los instrumentos y en la concepción del Estado.
Un gran pacto no consistiría en borrar esas diferencias, sino en delimitar con precisión dónde es posible cooperar y dónde debe mantenerse el debate democrático. Su viabilidad dependería menos de las declaraciones de campaña que de la voluntad posterior de convertir compromisos generales en leyes, presupuestos y mecanismos de control.
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