Esta noche se inicia 2026, un año en el que la continuidad del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ya no depende tanto de sus socios parlamentarios como de los tribunales de justicia. Una sucesión inédita de causas judiciales, que afectan al entorno familiar del presidente, a la cúpula histórica del PSOE y a empresas públicas clave, amenaza con erosionar la legitimidad política del Ejecutivo más que cualquier moción de censura.
España entra en un ciclo excepcional en el que la agenda judicial condiciona la agenda política. En lugar de debates legislativos, el calendario lo marcan audiencias provinciales, autos del Supremo y diligencias de la Audiencia Nacional. La Justicia, tradicionalmente lenta, converge en 2026 con una sincronización incómoda para el poder.
El factor Sánchez
Aunque Pedro Sánchez no está investigado ni imputado, dos de las causas más sensibles afectan directamente a su esfera familiar. El juicio a David Sánchez, hermano del presidente, por tráfico de influencias y prevaricación, y la investigación contra Begoña Gómez, su esposa, por malversación, apropiación indebida e intrusismo, colocan al jefe del Ejecutivo en una posición institucional sin precedentes desde la Transición.
En política, la ausencia de imputación no equivale a ausencia de coste.
Caso Begoña Gómez
La investigación sobre Begoña Gómez va más allá de una conducta individual. El foco judicial se sitúa en el posible aprovechamiento de la posición institucional para obtener financiación, recursos públicos y apoyo administrativo desde Moncloa.
La Audiencia Provincial de Madrid respalda indicios clave, aunque la Fiscalía pida la absolución. El problema, sin embargo, no es penal sino reputacional y estructural: el relato de regeneración queda comprometido.
Corrupción en el núcleo del poder
El caso Koldo ha mutado en una investigación de corrupción sistémica. José Luis Ábalos, ex ministro y ex número tres del PSOE, afronta peticiones de hasta 30 años de cárcel y se convierte en el primer diputado en activo en prisión preventiva.
La imputación de Santos Cerdán, su sucesor como secretario de Organización, refuerza la idea de que no se trata de desviaciones individuales, sino de redes organizadas dentro del partido.
La línea roja
La aparición de pagos en efectivo, descuadres contables y contradicciones internas abre la posibilidad más peligrosa para el Gobierno: una investigación por financiación ilegal del PSOE.
En el sistema político español, este escenario es existencial. De ahí que los socios parlamentarios hayan advertido, aunque con cautela, que su apoyo podría evaporarse si el partido cruza ese umbral judicial.
La “fontanería”, la SEPI y el Estado bajo sospecha
Los casos vinculados a Leire Díez, la “fontanera” del PSOE, la SEPI, el fraude de hidrocarburos y el rescate de Plus Ultra apuntan a un patrón inquietante: el uso de estructuras del Estado para favorecer intereses privados, manipular investigaciones o facilitar blanqueo de capitales, incluso con conexiones internacionales sensibles como Venezuela.
Aquí ya no está en juego un Gobierno, sino la credibilidad institucional del Estado.
El PP vuelve a sentarse en el banquillo con ventaja temporal
El Partido Popular enfrentará en 2026 los juicios de Púnica y Kitchen, herencias de las etapas de Aznar y Rajoy. La diferencia clave es que se trata de casos del pasado, no de una dirección en ejercicio, lo que reduce el impacto inmediato sobre la gobernabilidad.
España se enfrenta en 2026 a una prueba de estrés institucional. Para Pedro Sánchez, el desafío no será sobrevivir a una votación, sino a una narrativa judicial persistente. En política, como en derecho, las sentencias pueden absolver, pero el veredicto público suele llegar antes.