En medio del debate sobre una posible unión de las formaciones de izquierdas para frenar a Vox, las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística no solo describen una realidad social, también explican un clima político. Cuando uno de cada cuatro ciudadanos (25,7%) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a años de crecimiento económico y gobiernos que se reivindican progresistas, el dato adquiere una dimensión política.
El estancamiento social debilita la legitimidad de quienes han hecho de la justicia social su principal bandera. Para amplios sectores del electorado, especialmente en regiones con tasas superiores al 30% de vulnerabilidad, la persistencia de la precariedad cuestiona la eficacia del proyecto redistributivo de la izquierda. No basta con aumentar el salario mínimo, reformar el mercado laboral o ampliar transferencias si la estructura profunda de la desigualdad apenas se altera.
La percepción importa tanto como la estadística. Aunque los ingresos medios hayan crecido y algunos indicadores mejoren marginalmente, la experiencia cotidiana de fragilidad (no poder afrontar un gasto imprevisto, depender de contratos temporales, ver cómo la vivienda absorbe una parte creciente de la renta) genera una sensación de bloqueo. Cuando esa sensación se cronifica, la política de izquierdas se percibe como incapaz de ofrecer soluciones transformadoras.
En este contexto, la pobreza infantil del 33,9% resulta especialmente simbólica. La infancia es el territorio moral por excelencia de la izquierda. Si uno de cada tres menores continúa creciendo en condiciones de vulnerabilidad, el relato de progreso pierde fuerza. La promesa de movilidad social ascendente, pilar histórico del discurso progresista, se debilita cuando las oportunidades siguen determinadas por el origen familiar y el territorio.
El resultado no es necesariamente un trasvase directo de votos hacia opciones conservadoras clásicas, sino un desplazamiento hacia discursos más disruptivos. La extrema derecha, representada en España por formaciones como Vox, ha sabido capitalizar ese malestar combinando tres elementos: crítica frontal al establishment, denuncia de supuestos privilegios ajenos y apelación a una identidad nacional amenazada.
La relación entre vulnerabilidad económica y voto a la extrema derecha no es lineal, pero sí significativa. En territorios con altas tasas de desempleo estructural y precariedad laboral, el discurso antiélite encuentra terreno fértil, y así se demuestra en las distintas elecciones. Vox crece en territorios tradicionalmente progresistas. Cuando la izquierda gobierna durante ciclos prolongados y los indicadores sociales apenas se mueven, la narrativa de “abandono” gana tracción.
Además, el estancamiento social alimenta una competencia simbólica. Si la redistribución no logra reducir drásticamente la pobreza, la discusión pública se desplaza hacia otros ejes: inmigración, seguridad, identidad cultural. La extrema derecha prospera precisamente en ese terreno. En ausencia de avances contundentes en materia socioeconómica, el debate se desancla de la igualdad material y se reconfigura alrededor de agravios culturales.
Existe también un fenómeno de expectativas frustradas. Los votantes progresistas tienden a depositar mayores esperanzas en la capacidad del Estado para corregir desigualdades. Cuando esas expectativas no se cumplen, la desafección puede convertirse en abstención o en voto de protesta. En ambos casos, el resultado debilita el bloque progresista.
El problema, por tanto, no es únicamente distributivo; es narrativo. Mientras las estadísticas reflejen estabilidad en torno al 25% de riesgo de pobreza, el argumento de que “España avanza” resultará insuficiente para quienes no perciben ese avance en su vida cotidiana. Y cada año de estancamiento consolida la idea de que las reformas implementadas no alteran las dinámicas estructurales.
La extrema derecha no necesita demostrar capacidad de gestión para crecer; le basta con explotar la percepción de fracaso ajeno. En ese sentido, las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida funcionan como munición retórica. Cada décima que no desciende en la tasa de exclusión se convierte en prueba de que el sistema político, y especialmente quienes prometieron combatir la desigualdad, no ha cumplido.
El desafío para la izquierda no es electoral, como se está planteando en los últimos proyectos presentados. Es estratégico. Sin una reducción sustancial y visible de la pobreza estructural en España, el espacio político se seguirá reconfigurando hacia discursos más polarizadores. La desigualdad persistente no solo debilita la cohesión social, también altera el equilibrio ideológico.
Pobreza estructural, desigualdad territorial y vulnerabilidad infantil
Las estadísticas rara vez gritan, susurran. Y el susurro de la Encuesta de Condiciones de Vida dibuja una España que mejora en la superficie pero permanece atrapada en una estructura persistente de pobreza y exclusión social. El dato central apenas se mueve: el 25,7% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, prácticamente la misma proporción que el año anterior. En términos simples, una de cada cuatro personas en España continúa en situación de vulnerabilidad.
El informe muestra que los ingresos medios han aumentado. El ingreso por persona alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5% más que el ejercicio precedente, una cifra, por cierto, inferior al salario mínimo. Sin embargo, la mejora nominal convive con una sensación extendida de fragilidad material. El crecimiento de la renta no siempre se traduce en bienestar efectivo. El poder adquisitivo, debilitado por años de inflación acumulada, convierte el avance estadístico en alivio parcial.
Las cifras lo confirman: un 8,5% declara dificultades para llegar a fin de mes; un 36,4% no puede afrontar gastos imprevistos; un 32,2% no dispone de recursos para permitirse unos días de descanso fuera del hogar. Son indicadores que revelan no solo insuficiencia de ingresos, sino también ausencia de colchones financieros. La pobreza en España no es únicamente carencia absoluta; es precariedad latente, exposición constante al riesgo.
Pobreza infantil
Si el estancamiento preocupa, la situación de la infancia alarma. El 33,9% de los menores de 16 años vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque la cifra desciende ligeramente respecto al año anterior, el significado estructural permanece intacto: uno de cada tres niños y niñas crece en condiciones de vulnerabilidad.
La pobreza infantil no es solo una cuestión coyuntural, es un multiplicador intergeneracional de desigualdad. Limita el acceso a oportunidades educativas, condiciona la salud y reduce la movilidad social futura. En términos macroeconómicos, implica una merma potencial del capital humano. En términos sociales, consolida una brecha que se hereda.
España arrastra desde hace décadas tasas de pobreza infantil superiores a la media europea. La combinación de empleos precarios, hogares monoparentales y una protección social menos robusta que la de otras economías del norte del continente configura un ecosistema donde la infancia resulta especialmente expuesta.
Dos Españas
El mapa de la desigualdad territorial en España confirma que la vulnerabilidad no se distribuye homogéneamente. Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y la Región de Murcia (32,5%) encabezan los niveles de riesgo de pobreza o exclusión social. En el extremo opuesto, País Vasco (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Navarra (16,5%) presentan las tasas más bajas.
La brecha no es anecdótica, es estructural. Refleja diferencias profundas en tejido productivo, calidad del empleo, salarios medios y capacidad redistributiva autonómica. Las comunidades con mayor dinamismo industrial y sistemas de protección social más consolidados exhiben menores niveles de vulnerabilidad. Aquellas con mercados laborales más dependientes de sectores estacionales o de baja productividad muestran mayores tasas de riesgo.
Exclusión acumulativa
El informe identifica además un núcleo especialmente vulnerable porque cerca de un millón de personas se encuentra simultáneamente en riesgo de pobreza, sufre carencia material severa y vive en hogares con baja intensidad en el empleo. Esta acumulación de desventajas configura una exclusión social persistente, difícil de revertir sin intervenciones estructurales.
Aquí la pobreza deja de ser transitoria y se convierte en crónica. La falta de empleo estable no solo reduce ingresos, desgasta relaciones sociales, limita acceso a servicios y perpetúa la inseguridad económica. El resultado es un círculo vicioso donde la movilidad ascendente se vuelve improbable.
Límites del crecimiento
La lección de la Encuesta de Condiciones de Vida no es de colapso, sino de inmovilidad. España no empeora de forma abrupta, pero tampoco logra reducir de manera significativa la tasa de riesgo de pobreza. El crecimiento económico agregado y el aumento de los ingresos medios no bastan para alterar la estructura profunda de la desigualdad.
El acceso a un empleo es condición necesaria, pero no suficiente. La calidad del trabajo, la estabilidad contractual y la capacidad redistributiva del sistema fiscal y de prestaciones determinan la eficacia real de la protección social. Cuando el mercado laboral genera ocupación pero no garantiza suficiencia salarial, la pobreza laboral se convierte en una categoría estable.
Y, en esta situación, la izquierda sigue mirándose al ombligo, con sus cuitas de teoría política y las buenas intenciones de un gobierno que no logra resultados. Así, los ultras seguirán creciendo por más que se hagan cálculos electorales.