La Asociación de Mujeres Juristas Themis fue la encargada de elaborar un exhaustivo informe sobre “La realidad práctica de las órdenes de alejamiento en el contexto de la violencia de género” que permanece sin publicar desde octubre de 2024, pese a haber sido pagado con dinero público por el Ministerio de Igualdad.
El estudio cobra especial relevancia tras conocerse los graves fallos técnicos en el sistema COMETA que gestiona las pulseras telemáticas de control de maltratadores, y que han provocado “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” en casos de quebrantamiento de medidas de alejamiento.
Un informe que aborda los problemas del sistema
El informe de Themis, que se compone de más de 270 páginas divididas en nueve apartados principales, analiza de forma pormenorizada la eficacia de las medidas de alejamiento tanto a nivel nacional como internacional. El estudio incluye análisis jurisprudencial, datos estadísticos del sistema VioGén, evaluación de los sistemas telemáticos de control y testimonios de víctimas y profesionales.
Particularmente significativo es que el documento dedica apartados específicos a los fallos del protocolo COMETA, incluyendo el “coste económico de los dispositivos”, las “necesidades de mejora del protocolo” y el “tratamiento judicial de las incidencias reportadas”. Todo ello cobra una dimensión especial tras conocerse que los fallos técnicos durante el cambio de empresa proveedora en marzo de 2024 provocaron la pérdida de datos históricos, dejando a los juzgados sin elementos probatorios esenciales.
Una mesa de trabajo que conocía los problemas
El proceso de elaboración del informe se inició con una mesa de trabajo celebrada el 13 de junio de 2024, en la que participaron representantes del Ministerio de Igualdad y del propio centro COMETA, junto a magistradas especialistas, fiscales y abogadas de Themis. Entre las asistentes se encontraba Rosa María Casasús Figueroa, coordinadora del Centro COMETA, así como Laura Piñuela Rubio, subdirectora general adjunta del ministerio. Fuentes directas consultadas por este diario denuncian que en ese momento, desde COMETA no se informó de los fallos que estaban produciéndose con la migración de sistema, una información fundamental para haber podido aportarla al estudio.
María Martín Romero, presidenta de la asociación La Volaera y superviviente de violencia de género, ha denunciado públicamente que en esa reunión “el Ministerio de Igualdad conocía perfectamente lo que estaba pasando con COMETA”. Según su testimonio, fue precisamente por ello que se encargó el informe a Themis, desafiando a cualquiera de los asistentes a “desmentir su testimonio sobre lo ocurrido en la reunión”.
Contexto de crisis y opacidad
La decisión de mantener oculto este informe resulta especialmente controvertida en el contexto actual. El sistema COMETA sufrió graves fallos técnicos durante el cambio de empresa proveedora de Telefónica/Securitas Direct a la unión temporal Vodafone/Securitas, perdiendo el acceso a información anterior al 20 de marzo de 2024. Estos problemas han sido reconocidos por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, que admite que provocaron absoluciones de agresores por falta de pruebas. Problemas que se mantuvieron en el tiempo, como demuestran las actas de las reuniones mantenidas entre las partes responsables de la gestión del sistema.
Los magistrados especialistas en violencia de género han alertado desde julio de 2024 de las “disfunciones a nivel nacional” de las pulseras telemáticas, y algunas víctimas han llegado a devolver los dispositivos por sentirse “desprotegidas”. La Guardia Civil también alertó en marzo de 2025 de estas disfunciones que crean “graves problemas probatorios en los procedimientos judiciales”.
La periodista Nuria Coronado ha denunciado públicamente el ocultamiento de esta información tan relevante, que explicó detalladamente en esta pieza informativa.
Reprobación parlamentaria sin consecuencias
La gravedad de la situación llevó al Congreso de los Diputados a reprobar a la ministra Ana Redondo el 24 de septiembre de 2025 con 170 votos a favor, exigiéndole información urgente sobre los fallos y las medidas adoptadas. La votación fue posible gracias a la abstención de socios habituales del Gobierno como ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria, que evitaron posicionarse en contra, pero permitieron que prosperara la reprobación.
Sin embargo, la ministra se mantiene en el cargo y el Gobierno ha cerrado filas en torno a su gestión. Tanto desde el Ejecutivo como desde sus socios se insiste en considerar toda la información como “un bulo”, mientras que el informe que podría aportar luz sobre la situación permanece oculto por decisión del Ministerio, que sí ha publicado otros estudios que fueron desarrollados en el mismo momento.
La exigencia de transparencia
La Asociación de Mujeres Juristas Themis, reconocida con el II Premio Igualdad AMA en 2024 por su labor en defensa de los derechos de las mujeres, ha desarrollado un trabajo riguroso que debería ser conocido por la opinión pública. El informe forma parte de cuatro investigaciones jurídicas elaboradas durante 2024 sobre temas de alta relevancia social, todas ellas “presentadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género durante el primer semestre de 2025”.
El hecho de que no se haya querido publicar atenta contra los principios de transparencia, especialmente tratándose de un estudio pagado con dinero público que aborda un asunto de innegable interés para la opinión pública. Mientras otros informes realizados en el mismo periodo sí han sido hechos públicos, este permanece oculto en un momento en que su contenido resulta especialmente relevante.
Un informe financiado con recursos públicos que analiza precisamente los fallos de un sistema cuyas deficiencias han provocado absoluciones de maltratadores y han dejado a las víctimas en situación de desprotección. La publicación inmediata de este documento se convierte así en una exigencia democrática y un imperativo de transparencia que no puede seguir siendo eludido por el Ministerio de Igualdad, según las expertas consultadas por este medio.