Continúa el escándalo, entre acusaciones cruzadas. La Ministra de Igualdad acusa a la Fiscalía General de haber generado "alarma", incluso después del comunicado del Ministerio público que trató de minimizar la alerta generada en su memoria anual de 2024. Los miembros del gobierno del PSOE insisten en decir que ninguna víctima ha corrido peligro. Desde Sumar presentan preguntas al Congreso para poner luz sobre lo que Yolanda Díaz ya suaviza como "errores". Y el Partido Popular pone toda la carne en el asador, convocando en el Senado una sesión especial para mañana, y presentado preguntas ante instancias europeas para que se abra una investigación. Mientras tanto, declaraciones de víctimas de maltrato dejan en evidencia las aseveraciones de la ministra de Igualdad, que señaló incidencias "mínimas" en el 1% de los casos.
Hoy conocemos que los presidentes de las audiencias provinciales de toda España alertaron formalmente al Consejo General del Poder Judicial en marzo de 2025 sobre los graves problemas que presentaban las pulseras antimaltrato.
En un informe remitido a la comisión permanente del CGPJ tras su reunión en Las Palmas de Gran Canaria, los magistrados advirtieron de “fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados” y exigieron que se “revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas”.
Esta advertencia formal constituye la tercera de las 36 conclusiones recogidas en el acta de las vigésimo terceras jornadas de presidentes de audiencias provinciales, evidenciando que los problemas con los nuevos dispositivos no se limitaban a casos aislados, sino que se extendían por todo el territorio nacional. Los magistrados no solo denunciaron los fallos técnicos de las pulseras, sino que también alertaron sobre “las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación del dispositivo”, solicitando “la ampliación urgente de la plantilla” de técnicos del centro Cometa, según publica La Razón.
Un sistema que acumula problemas desde hace más de un año
Los fallos en las "pulseras antimaltrato" se han convertido en un problema “recurrente” desde 2024, según confirman jueces y fiscales consultados por El Confidencial. El origen de estos problemas se sitúa en julio de 2023, cuando la entonces ministra de Igualdad Irene Montero lanzó una licitación de urgencia dotada con 50 millones de euros para cambiar el sistema de control telemático. La adjudicación pasó de Telefónica a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas a comienzos de 2024.
Un informe interno del centro Cometa de octubre de 2024, elaborado por cinco trabajadores del sistema, alertaba de que “la baja calidad del material adquirido ha derivado en problemas críticos tanto para las víctimas como para los sancionados”. El documento detallaba fallos graves como la posibilidad de que “los agresores pueden apagar su dispositivo” y “quitarse la pulsera” sin que salte ninguna alarma, lo que “contraviene el principio de inviolabilidad estipulado en el pliego”, según recoge El País.
Los técnicos de Cometa también denunciaron en el informe que los nuevos brazaletes “no resisten la inmersión en agua”, contrario a lo especificado en el contrato, generando “señales de manipulación que confunden a las víctimas” porque “esta señal es la misma que se activa cuando un inculpado corta su pulsera intencionadamente”.
Avisos ignorados y un “apagón” de ocho meses
El Ministerio de Igualdad recibió durante meses avisos del mal funcionamiento de las pulseras por parte de técnicos que trabajaban con ellas, según revelan correos electrónicos internos. Un técnico de Cometa envió el 26 de mayo de 2025 un mensaje a la subdirectora general de Coordinación Institucional alertando de que “prácticamente ninguna víctima era protegida” y describiendo “pérdidas de cobertura constantes, saltos de GPS, señales que no entraban nunca a panel”, según ha informado El País.
Los informes internos del centro Cometa desvelan que los problemas fueron más graves y se alargaron durante al menos ocho meses de 2024. En febrero de 2024, la asesoría jurídica de Cometa advirtió a un juzgado que “dada la imposible localización del dispositivo portado por el usuario del servicio y en consecuencia de su persona, no puede desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de la víctima”. En septiembre de 2024, otro informe indicaba que “de manera temporal, no es posible la realización de nuevas instalaciones” de pulseras.
La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, María Ángeles Carmona, asegura que advirtió personalmente a la ministra Ana Redondo de los riesgos durante una reunión en enero de 2024, afirmando que “le advertimos de que este servicio no tenía las garantías”. Sin embargo, desde Igualdad niegan haber recibido “ninguna comunicación oficial” sobre la mala calidad del servicio.
Ahorro económico por encima de la seguridad
El cambio de sistema impulsado por Irene Montero tuvo como principal criterio el ahorro económico. El nuevo contrato redujo el coste medio por dispositivo de 591 a 384 euros al mes, un ahorro del 35% para las arcas públicas. Los nuevos dispositivos cuestan menos de 700 euros frente a los casi 3.000 anteriores, pero esta reducción de costes ha venido acompañada de una significativa pérdida de calidad y eficacia.
Los pliegos de la licitación priorizaron el precio por encima de criterios técnicos de calidad, lo que a la postre resultó en la adquisición de aparatos que daban múltiples fallos. La decisión se tomó en un momento crítico para Montero, en plena oleada de excarcelaciones de agresores sexuales a consecuencia de la ley del “solo sí es sí”.
La respuesta institucional: negación y minimización
La ministra de Igualdad Ana Redondo ha insistido en que las pulseras telemáticas “nunca dejaron de funcionar” y que el error se circunscribe a un “periodo muy determinado” en la migración de datos. “Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente. Salvan vidas”, ha reiterado, acusando a la oposición de generar una “alarma fundamentada en exageraciones”.
Sin embargo, el Partido Popular ha registrado una moción para reprobar a la ministra en el próximo pleno del Congreso, calificando el asunto como “el segundo solo sí es sí” del Gobierno y exigiendo el cese inmediato de Redondo. Incluso dentro del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar) ha pedido que “se investigue lo ocurrido” y que “si han existido fallos o disfunciones, es conveniente que se esclarezca todo”.
Un problema que persiste sin solución definitiva
Actualmente, hay 4.500 pulseras telemáticas activas en España, protegiendo a un número similar de mujeres en situación de riesgo. Desde 2009, cuando se creó el sistema, se han instalado 21.036 dispositivos y, según datos oficiales, ninguna mujer con dispositivo activo ha sido asesinada en 2022, 2023 y 2024.
No obstante, los problemas técnicos persisten. El nuevo CGPJ, con Esther Erice al frente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, envió dos oficios en enero y febrero de 2025 a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trasladando las “incidencias” reportadas por órganos judiciales alarmados por los fallos de los dispositivos. Esto indica que los problemas con estos dispositivos son recurrentes y no se han resuelto definitivamente.
El Senado abordará mañana el escándalo en sesión monográfica
Mañana martes, 23 de septiembre, a las 12:00 horas, el Senado celebrará una sesión monográfica sobre violencia de género en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se abordará específicamente el escándalo de las pulseras antimaltrato. La iniciativa ha sido organizada por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.
A la sesión han confirmado su asistencia los consejeros de Igualdad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras que las regiones socialistas han declinado participar. La ministra Ana Redondo ha sido invitada al encuentro, aunque todavía no ha confirmado su asistencia a esta cita que coincide con el Día Internacional contra la Trata.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha instado a Redondo a aprovechar esta ocasión para “decir la verdad sobre el escándalo de las pulseras antimaltrato, pida perdón y dimita”, calificándolo como “la única salida digna que le queda”. García ha acusado al presidente Pedro Sánchez de “haber dejado desprotegidas a las víctimas e impunes a los agresores”.
Además del caso de las pulseras antimaltrato, también se abordará la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos y el alarmante aumento de las agresiones sexuales.
El Gobierno anuncia una nueva licitación tras reconocer los fallos
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado hoy lunes que su departamento licitará “en unos meses” un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos Cometa de control telemático, que incorporará “mejoras técnicas” como la incorporación de una plataforma para disponer en todo momento de los datos de estos dispositivos. La decisión llega después de que se hayan hecho públicos los graves problemas que arrastra el actual sistema desde hace más de un año.
En un videocomunicado difundido este lunes, Redondo ha vuelto a defender que “las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente”, aunque ha admitido “deficiencias en el volcado de los datos” y que no puede “cuantificar los casos de fallos” porque es un sistema “muy complejo”. La ministra ha descartado rotundamente su dimisión afirmando que “estamos haciendo un excelente trabajo”.
Según fuentes del Ministerio consultadas por medios especializados, el actual contrato con Vodafone y Securitas vence en mayo de 2026, por lo que aún disponen de tiempo suficiente. La intención es extender la duración del contrato e incluir la posibilidad de prórroga: será por tres años, con dos prórrogas de un año. El contrato actual está valorado en 35,22 millones de euros (sin IVA) y tiene una duración de 30 meses.