Un grave fallo técnico en el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores ha dejado a miles de víctimas de violencia de género sin protección efectiva durante meses, provocando “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios” según revela la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024.
El error, producido durante el cambio de empresa adjudicataria del sistema Cometa, eliminó todos los datos históricos anteriores al 20 de marzo de 2024, impidiendo acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento y poniendo en peligro la seguridad de las víctimas.
La cronología del desastre: de Telefónica a Vodafone
El problema se remonta a julio de 2023, cuando el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Irene Montero, licitó un nuevo contrato para la gestión del sistema Cometa. Irene Montero dejó de ser ministra de Igualdad en noviembre de 2023.
En julio de 2021, Noelia Vera firmó los pliegos de la contratación inicial, mientras que en julio de 2023, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam firmó los pliegos técnicos de la licitación, adjudicando el servicio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas por un valor de 42,6 millones de euros para el período 2024-2026.
El cambio de proveedor supuso el paso de Telefónica, que subcontrataba el servicio a Securitas Direct desde 2009, a la nueva UTE Vodafone-Securitas en marzo de 2024. Durante este proceso de migración, se perdió el acceso a toda la información histórica sobre la ubicación y movimientos de los maltratadores registrados antes del 20 de marzo de 2024.
El coste unitario se ha reducido un 35% respecto al contrato anterior, pasando de 596 euros mensuales por dispositivo a 390 euros, lo que ha generado sospechas sobre si la reducción de precio ha afectado a la calidad del servicio.
Las advertencias ignoradas del CGPJ
María Ángeles Carmona, entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, alertó directamente a la ministra Ana Redondo en enero de 2024 sobre los riesgos que entrañaba el cambio de sistema.
“Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías”, declaró Carmona a El Confidencial.
La expresidenta del observatorio confirmó sus sospechas iniciales: “No nos fiábamos de que el nuevo sistema fuera a funcionar. Entre otras cosas, porque Vodafone no tenía experiencia anterior en el control de esta clase de dispositivos”. Incluso llegó a verificar que algunas pulseras “se habían comprado en AliExpress”, una afirmación posteriormente desmentida por la ministra Redondo.
El impacto judicial: absoluciones en masa
Las consecuencias del fallo han sido devastadoras para el sistema judicial. El Centro de control que administra el sistema “Cometa” ha informado “reiteradamente” a los juzgados que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, lo que ha provocado:
• Sobreseimientos provisionales en procesos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento
• Sentencias absolutorias al no poder acreditar la ubicación de los agresores
• Imposibilidad de que los representantes legales del centro de control respondan sobre incidencias anteriores a esa fecha
• Pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones
Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han reportado específicamente estos problemas, advirtiendo sobre la “potencial desprotección de las víctimas”.
Los fallos técnicos sistemáticos
Más allá de la pérdida de datos históricos, el nuevo sistema ha presentado múltiples fallos técnicos que han comprometido la seguridad de las víctimas:
• Congelación de la ubicación de agresores durante horas o incluso días
• Errores de GPS que proporcionan ubicaciones incorrectas
• Posibilidad de que los agresores se quiten las pulseras y falseen su ubicación
• Desvinculación de dispositivos por errores de comunicación
• Falsas alarmas constantes que generan angustia adicional a las víctimas
“Hay mujeres que han llamado por teléfono para avisar de que tenían a su maltratador delante y no había saltado el dispositivo”, denunció Carmona
Las víctimas: en estado de indefensión
Los trabajadores del Centro Cometa, que también denunciaron sus condiciones laborales, han alertado de casos en los que “víctimas que no recibieron ninguna señal cuando su agresor traspasó el espacio de alejamiento” marcado por el juzgado.
Esta situación ha generado:
• Revictimización de las mujeres afectadas
• Pérdida de confianza en el sistema de protección
• Algunos jueces ya no consideran fiables estos dispositivos
• Solicitudes de retirada de las pulseras por parte de víctimas hartas de los fallos
La respuesta del Ministerio: “problema resuelto”
La ministra Ana Redondo ha reconocido la existencia de “algunas incidencias técnicas” durante el cambio de contrato, pero insiste en que “fueron resueltas inmediatamente” y que “es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024”.
“El sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege”, ha declarado la ministra, tratando de tranquilizar a las víctimas.
Sin embargo, fuentes especializadas indican que la empresa israelí que encriptó los datos del sistema anterior se niega a entregar la información histórica por motivos de seguridad, manteniendo el problema sin resolver completamente.
Los números de la crisis
A finales de 2024, 4.595 dispositivos estaban activos, solo 47 más que el año anterior, para un universo de 100.000 casos de violencia de género en seguimiento activo.
El sistema, que había alcanzado un máximo histórico de 4.851 pulseras en abril de 2024, se encuentra ahora estancado en su implantación.
El coste unitario se ha reducido un 35% respecto al contrato anterior, pasando de 596 euros mensuales por dispositivo a 390 euros, lo que ha generado sospechas sobre si la reducción de precio ha afectado a la calidad del servicio.
Las consecuencias políticas
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido dimisiones inmediatas en el Ministerio de Igualdad, afirmando que “quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato”. El dirigente popular ha recordado que el Gobierno “fue advertido” del riesgo y “lo ignoró”, al igual que ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’.
Las consecuencias políticas
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido dimisiones inmediatas en el Ministerio de Igualdad, afirmando que “quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato”. El dirigente popular ha recordado que el Gobierno “fue advertido” del riesgo y “lo ignoró”, al igual que ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’.
El fallo del sistema Cometa representa uno de los errores más graves en la protección de víctimas de violencia de género en España, con consecuencias que van más allá de los aspectos técnicos para afectar directamente a la vida y seguridad de miles de mujeres. La pérdida de datos históricos, los fallos técnicos sistemáticos y las absoluciones judiciales configuran un panorama de desprotección que exige respuestas inmediatas y responsabilidades políticas claras.