El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel. De esta forma, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy va a actuar a partir del Real Decreto-ley 10/2025 que el Gobierno de España aprobó la semana pasada para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
El artículo 4 del Real Decreto-ley prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio. En base a ello, la Dirección General de Consumo investigará a las empresas que estarían aprovechándose de esta ocupación, como señaló el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio". En este informe, Albanese, que es la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, señaló que hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.
El ministro ya anunció el pasado mes de julio durante la presentación del acto "Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina" que el departamento que dirige iba a "poner todos los recursos que sean necesarios" con el fin de garantizar "que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino". Con este anuncio, el ministro avanza para garantizar que "cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente".
Desde el ministerio que dirige Bustinduy se considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel". Los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el derecho internacional y, como recoge el informe de Albanese, en base a ello en Países Bajos la fiscalía está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.