La disputa por la memoria histórica ha encontrado un nuevo frente menos visible que las leyes o los monumentos: los archivos municipales. En Alcobendas, un investigador que llevaba años trabajando con documentación sobre la represión franquista se ha encontrado con un muro administrativo tras el cambio de gobierno local. Lo que antes era una consulta ordinaria de documentos históricos se ha convertido en una negativa amparada en la legislación de protección de datos.
Las batallas políticas sobre el pasado rara vez se libran en abstracto. A menudo se materializan en decisiones administrativas concretas, un archivo que se abre o se cierra, un documento que se entrega o se oculta.
Eso es lo que ha ocurrido en Alcobendas con una investigación sobre la represión franquista en el norte de la Comunidad de Madrid. El historiador que había trabajado durante años con documentación del archivo municipal para reconstruir la historia de vecinos represaliados tras la Guerra Civil. En el verano de 2023 pudo consultar esos papeles sin obstáculos.
Cuando regresó más de un año después para revisar algunos documentos adicionales, la situación había cambiado. Entre medias se había producido un relevo político en el consistorio: el gobierno municipal pasó del PSOE y Ciudadanos a un ejecutivo del PP sostenido por Vox.
La respuesta del archivo fue distinta. De los documentos solicitados, varios fueron denegados por contener supuestamente información “sensible”.
La investigación en cuestión se centra en la represión que siguió a la guerra en varios municipios del norte de Madrid. Gracias a ese trabajo se pudieron identificar 108 personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, donde una exhumación financiada con fondos públicos permitió recuperar los restos de 77 víctimas.
El historiador acudió de nuevo al archivo para resolver algunos detalles de un libro sobre la historia social y política de la zona durante las primeras décadas del siglo XX. La negativa, según explica, no se basaba en el contenido histórico de los documentos, sino en la interpretación que el ayuntamiento hace de la legislación sobre protección de datos.
La paradoja es evidente: personas represaliadas en los años treinta pasan a considerarse información sensible en 2026.
Tachaduras que vacían los documentos
El investigador presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El organismo autonómico concluyó que los documentos podían consultarse, siempre que se protegieran datos personales de personas que pudieran seguir con vida, algo que en este caso resulta improbable dada la cronología de los hechos.
Con ese dictamen en la mano, el historiador volvió al archivo municipal.
La solución del ayuntamiento fue entregar los documentos con amplias partes tachadas. Según denuncia el investigador, el resultado era prácticamente ilegible: nombres, afiliaciones y referencias fundamentales aparecían ocultos. En una investigación sobre represión política, borrar los nombres equivale a borrar el objeto mismo del estudio.
El conflicto revela una discusión jurídica que hasta ahora apenas había salido del ámbito archivístico. Mientras la mayoría de archivos históricos consideran que la legislación sobre patrimonio documental prevalece cuando se trata de documentos históricos, el Ayuntamiento de Alcobendas aplica de forma prioritaria la normativa de protección de datos.
La consecuencia práctica es que documentos accesibles en archivos militares, estatales o regionales pueden quedar bloqueados en archivos municipales.
Más allá del caso concreto, asociaciones de memoria histórica advierten del precedente que puede abrirse si esta interpretación se extiende.
Gran parte de la documentación sobre la represión franquista —expedientes, informes policiales, registros administrativos— se encuentra precisamente en archivos locales, donde se conserva la huella cotidiana de la dictadura: afiliaciones sindicales, denuncias vecinales, expedientes laborales o actas municipales.
Cerrar o limitar el acceso a esos documentos supone algo más que una disputa administrativa. Supone dificultar el trabajo de quienes intentan reconstruir la historia de las víctimas y, en última instancia, empobrecer el conocimiento público sobre una etapa decisiva de la historia reciente.
Porque la memoria democrática no se sostiene solo en las leyes o en las declaraciones institucionales. Se sostiene, sobre todo, en los archivos abiertos y en la posibilidad de leer los documentos tal como fueron escritos. Sin tachaduras. Sin silencios administrativos. Sin miedo a lo que cuentan.