El día que el Tribunal Supremo dijo “enséñame el código”, la Administración descubrió que «propiedad intel·lectual» y la «protección de datos» no son una manta térmica para tapar algoritmos que deciden sobre la vida de la gente. BOSCO —esa aplicación que certifica si una familia puede acceder al bono social eléctrico— tendrá que abrirse de par en par para Fundación Civio. Y aquí lo relevante no es la épica tecnológica, sino el principio: cuando el software reparte derechos, su código fuente deja de ser fetiche corporativo y pasa a ser información pública. Lo ha dicho la Sección Tercera, con fecha 11 de septiembre de 2025, y lo ha publicado el propio Poder Judicial el 17 de septiembre. Fin del mito de la caja negra con sello oficial.
La sentencia fija algo que muchos intuían y algunos temían: el acceso a la información pública no es un adorno programático, es un derecho ejercitable contra la Administración. Y sí, incluye mirar las tripas del algoritmo cuando ese algoritmo decide si eres “vulnerable” o no. No hablamos de una infografía amable ni de un “manual de usuario”. Hablamos del repositorio, las reglas, el histórico de cambios, la lógica que traduce la ley a condicionales. Si el binario hace de BOE, el periodismo tiene derecho a leer el BOE que compila.
¿Y ahora qué? Ahora toca recordar algo muy simple a las redacciones: se puede pedir el código y toda la información conexa. No por capricho nerd, sino porque sin ese acceso no hay escrutinio real. Las excusas habituales —seguridad por oscuridad, secretos empresariales, protección de datos, costes inasumibles— ya no sirven de cortafuegos universal. El Supremo no ha comprado ese discurso; ha comprado el de la transparencia efectiva en decisiones automatizadas que afectan a derechos sociales. Ese es el titular que importa, y la puerta que se abre para cualquier sistema parecido: baremos de becas, cribas de ayudas, licencias exprés, sanciones automatizadas. Si hay software entre el ciudadano y su derecho, hay luz obligatoria.
El contexto europeo empuja en la misma dirección: documentación, trazabilidad, explicaciones comprensibles, registros de sistemas de riesgo. Apostar por “código cerrado + nota de prensa” es quedarse en blanco y negro en un mundo que ya emite en 4K. La apertura no es postureo: es la diferencia entre fiscalizar una política pública embebida en reglas y quedarse con la fe del errante. Y, por cierto, abrir el código no expone a nadie: el código no son los datos. Se puede publicar con datos de prueba y sin desparramar la vida privada de nadie. Eso también lo sabemos desde ayer, aunque algunos lo sospechaban desde hace años.
Así que no hace falta solemnizarlo más: los algoritmos de lo público no son arcano, son expediente. Y si el expediente que cuenta es una sucesión de ifs y elses, también se archiva, se consulta y se discute. Pidan el código. Pídanlo con la misma naturalidad con la que piden un contrato, una oferta, un informe. Pídanlo porque ahora —por fin— pueden y, sinceramente, deben. La noticia ya no es que una máquina decida; la noticia es que podemos leer cómo decide. Y ahí empieza el poder del ciudadano de verdad.