Durante años, las grandes plataformas tecnológicas han repetido un mismo mantra: su prioridad es la seguridad de los menores. Sin embargo, los documentos judiciales desprecintados en 2026 y analizados por The Tech Oversight Project dibujan un escenario radicalmente distinto. Correos internos, presentaciones estratégicas, estudios propios y declaraciones bajo juramento muestran que la adicción adolescente no fue un efecto colateral, sino un objetivo explícito del modelo de negocio de las principales empresas de redes sociales y vídeo online.
El informe, titulado Tech Oversight Report: Unsealed Court Documents Show Teen Addiction Was Big Tech’s “Top Priority”, se apoya en pruebas procedentes de litigios federales por adicción a las redes sociales. En ellas aparecen Meta, Google, Snap y TikTok como actores que, con pleno conocimiento de los riesgos, diseñaron productos para maximizar el tiempo de uso de niños y adolescentes.
La prioridad eran los menores, no su bienestar
Uno de los correos internos más reveladores data de 2016 y resume sin rodeos la estrategia corporativa: “la máxima prioridad para el primer semestre son los adolescentes”. No se trataba de una declaración aislada. Documentos internos describen planes multianuales para captar usuarios cada vez más jóvenes, incluso antes de los 13 años, segmentando a la infancia por “etapas vitales” —de los 6 a los 10 años, de los 11 a los 12 y, finalmente, adolescentes— con productos, incentivos y dinámicas adaptadas a cada grupo.
En el caso de Instagram, los propios empleados reconocían que los adolescentes hablaban de la plataforma en términos de “adicción”, incapaces de desconectarse aun siendo conscientes del daño. Estudios internos admitían una correlación entre el uso intensivo y un menor bienestar psicológico, especialmente en conflictos entre iguales, acoso y ansiedad social. Pese a ello, las conclusiones no se tradujeron en cambios estructurales, sino en ajustes cosméticos y campañas de comunicación.
Diseñar para enganchar, incluso en horario escolar
Las pruebas judiciales muestran prácticas difícilmente compatibles con un discurso de protección infantil. Entre ellas, estrategias para enviar notificaciones masivas durante el horario lectivo, programas de “embajadores adolescentes” en institutos —con incentivos económicos y acuerdos de confidencialidad— y el análisis del valor económico de cada menor a lo largo de su vida como usuario. En un documento interno se estimaba que el “valor de por vida” de un adolescente de 13 años rondaba los 270 dólares, una cifra que convertía a cada menor en una inversión a largo plazo.
Snapchat reconocía internamente que más del 60 % de sus usuarios de entre 13 y 21 años utilizaban la aplicación durante las clases. TikTok admitía que su popularidad entre usuarios jóvenes se basaba en mecanismos de refuerzo social frente a una capacidad mínima de autorregulación. Y en Google, los propios informes describían el uso compulsivo, nocturno e involuntario como uno de los principales problemas entre los menores de 24 años.
YouTube y el “conejo” del consumo infinito
Los documentos de YouTube son especialmente explícitos. Presentaciones internas reconocían que funciones como el autoplay podían alterar los patrones de sueño y fomentar el consumo compulsivo. Un informe comparaba el efecto de los vídeos cortos con una “dosis rápida de dopamina”, equiparable a mecanismos de recompensa presentes en sustancias adictivas.
Lo más significativo no es solo el diagnóstico, sino la inacción. En 2021, empleados de la propia compañía admitían que no sabían si las herramientas de bienestar funcionaban, que la mayoría de usuarios ni siquiera conocía su existencia y que la empresa no estaba midiendo de forma efectiva el impacto en la salud mental.
Controlar el relato: alianzas para desactivar las críticas
Más allá del diseño de producto, el informe revela una estrategia paralela: el control del relato público. Documentos internos muestran la coordinación con organizaciones supuestamente independientes, como la National PTA y el Family Online Safety Institute, para presentar a las plataformas como aliadas de las familias.
En comunicaciones internas, empleados celebraban que determinados eventos no atrajeran a la prensa, pese a contar con paneles de menores que admitían haber mentido sobre su edad para acceder a las plataformas. Otros mensajes describían a estas organizaciones como “un buen escudo” frente a las críticas públicas, capaces de actuar como portavoces de las empresas ante medios y legisladores.
Este patrón se repite en iniciativas como el “Día de Internet Seguro”, financiado en parte por las propias tecnológicas, mientras los documentos judiciales evidencian que las prácticas internas apenas cambiaron.
Lo que dicen los expertos bajo juramento
Los informes periciales incluidos en el proceso judicial refuerzan las conclusiones. Expertos independientes sostienen que las plataformas no proporcionaron advertencias eficaces a padres y adolescentes sobre los riesgos conocidos, que los sistemas de verificación de edad eran fácilmente burlables y que los controles parentales resultaban ineficaces. En síntesis, los productos no estaban diseñados para ser razonablemente seguros para menores.
Las declaraciones de directivos, incluidos consejeros delegados, contrastan con los mensajes públicos dirigidos al Congreso y a la opinión pública. Mientras afirmaban priorizar la seguridad, los documentos internos mostraban objetivos de crecimiento juvenil, métricas de engagement y estrategias para integrar las plataformas en la vida escolar y social de los adolescentes.
Un debate que ya no es teórico
La relevancia de este informe va más allá del ámbito judicial estadounidense. Plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, la eficacia de la autorregulación y la necesidad de marcos legales más estrictos para proteger a la infancia y la adolescencia.
Las pruebas desprecintadas no describen errores aislados, sino un sistema coherente: identificar a los menores como usuarios estratégicos, diseñar productos que fomenten el uso compulsivo, minimizar o retrasar las medidas de protección y, en paralelo, construir un relato público de responsabilidad y compromiso.
Regulación o repetición
A la luz de estos documentos, el debate sobre la adicción digital juvenil deja de ser una cuestión de opiniones para convertirse en un asunto de hechos probados. La pregunta ya no es si las plataformas conocían los riesgos, sino por qué, aun con ese conocimiento, siguieron adelante.
El informe de The Tech Oversight Project concluye que, sin regulación efectiva, supervisión independiente y rendición de cuentas, el ciclo se repetirá. Para millones de familias, docentes y jóvenes, estas revelaciones no son solo un escándalo corporativo: son la confirmación de que el bienestar infantil quedó subordinado a un modelo de negocio que convirtió la atención y la adicción en su principal activo.