Europa reconoce por primera vez que la vivienda no es solo un problema urbano, sino una fractura social que atraviesa al continente. El Gobierno español lleva al Consejo Europeo una propuesta para actuar desde Bruselas, combinando financiación e intervención pública. Pero el equilibrio entre mercado y derechos sigue inclinándose del lado de los inversores.
La cuestión de la vivienda —qué se construye, cómo y para quién— entra por fin en la agenda de máximos de la Unión Europea. Pero el paso es más simbólico que transformador si no se acompaña de herramientas que limiten el dominio del mercado. España propone activar financiación comunitaria y normas comunes para frenar la especulación, en una Europa donde el derecho al techo sigue subordinado a la rentabilidad.
Una crisis social con rienda de mercado
La presión sobre los mercados de la vivienda en Europa ha dejado de ser una incomodidad coyuntural para convertirse en un problema estructural. En numerosos países, los hogares destinan más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, especialmente los de menores recursos. La noción de “vivienda asequible” ha perdido sentido: ya no es una cuestión de acceso, sino de exclusión.
En este contexto, la presidencia portuguesa del Consejo Europeo ha aceptado que la vivienda ocupe espacio en un foro que hasta ahora la consideraba un asunto doméstico. El reconocimiento institucional es relevante, pero no garantiza un cambio real: Europa sigue parcheando lo que debería transformar.
Financiación comunitaria por regulación supranacional
España plantea dos vectores para la acción europea: uno económico y otro normativo. En lo financiero, el Gobierno propone utilizar el Banco Europeo de Inversiones o reservar partidas específicas en los fondos europeos para vivienda. Sin embargo, los presupuestos comunitarios actuales no incluyen una línea dedicada al derecho a techo: se limita a incentivar que los Estados integren esta materia en sus planes nacionales.
En lo regulatorio, Moncloa considera que la UE puede intervenir en ámbitos como los alquileres turísticos o la definición de zonas tensionadas para el arrendamiento. Pero surge el dilema de las competencias: el urbanismo y el mercado de la vivienda siguen siendo materias estatales o incluso locales. Algunos informes europeos insisten en que el derecho a una vivienda digna debe consagrarse de forma explícita en la legislación comunitaria, para permitir políticas de intervención más ambiciosas.
El modelo europeo: ¿tiene margen para virar?
La maquinaria europea muestra ahora señales de movimiento. La Comisión trabaja en un plan europeo de vivienda asequible y en una iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo. También se estudia liberar fondos estructurales no ejecutados para la construcción de vivienda pública.
Pero el control efectivo sigue en manos de los Estados. Las competencias sobre suelo, urbanismo o arrendamiento marcan el límite de la acción europea. Y la escasez de parque público en varios países —España incluida— reduce el impacto de cualquier estrategia sin un cambio de modelo. El continente ha delegado históricamente la política de vivienda en el mercado, y revertir esa lógica exigirá más que nuevos programas o fondos reciclados.
Por qué este paso importa y qué puede no cambiar
Que la vivienda esté en la agenda europea es un avance político evidente: significa reconocer que el acceso al techo es una cuestión de cohesión social, de economía y de estabilidad democrática. Pero si la intervención se limita a financiar más de lo mismo —viviendas supuestamente asequibles bajo dinámicas especulativas o de inversión privada—, el efecto será nulo. España tiene ahora una doble oportunidad: puede impulsar desde el Consejo Europeo una pauta de acción compartida y, al mismo tiempo, consolidar en casa los compromisos de su propia ley de vivienda. El reto no es solo conseguir fondos o normas, sino alterar una lógica que ha convertido la vivienda en mercancía antes que en derecho.