Según la OMS, existe una alta tasa de maltrato a las personas mayores en instituciones como residencias de mayores y centros de atención de larga duración. También ha indicado que en los establecimientos institucionales (en las residencias), es más probable que se produzca maltrato:
Si los niveles de la atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados. En la Comunidad de Madrid, han hecho caso omiso de lo establecido en el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia, sobre la necesidad de garantizar la atención sanitaria por parte del Servicio Nacional de Salud, mediante la atención primaria y hospitalaria con el establecimiento de instrumentos permanentes de coordinación sociosanitaria entre las residencias y el SNS. Se está sustituyendo la asistencia sanitaria pública a la que tienen derecho los residentes, como el resto de la ciudadanía, por la asistencia sanitaria privada de las residencias, lo que empeora la calidad de la atención, por la falta de medios materiales y humanos, y la alta rotación originada por la precarización de las condiciones de trabajo. Los reducidos servicios médicos de las residencias, en todo caso, deben ser complementarios de los públicos. Tampoco ayuda a la mejor atención el tamaño desmesurado de muchas residencias, ni la existencia mayoritaria de habitaciones compartidas.
Si el personal no está bien formado y remunerado, y soporta además una carga de trabajo excesiva. En las residencias, sector altamente feminizado, prima la parcialidad y la temporalidad en los contratos, los salarios son como mucho el SMI, incluso por debajo, y las ratios de personal no están establecidas pensando en la atención a las personas residentes, ni en la salud de las trabajadoras, sino en el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones.
Actualmente no hay suficiente personal para atender de forma digna e individualizada según sus necesidades a las personas mayores y quienes están, huyen a otros sectores con mejores condiciones laborales y salariales, por lo que, si no ponemos remedio de manera inmediata, no habrá profesionales para desarrollar este trabajo.
El estudio recientemente elaborado por Pladigmare, CCOO de Madrid y UGT Madrid (“Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la comunidad de Madrid”), muestra la insuficiencia de las ratios de personal en diferentes categorías establecidas en la Comunidad de Madrid. Esta insuficiencia de personal es especialmente llamativa en la categoría de gerocultor o TCAE, categoría para la que consideramos necesario destinar 6 horas y 25 minutos de atención diaria por residente y no la escasa hora y media que se emplea según la SEGG, y que durante la pandemia demostró que resultaba inviable para garantizar los cuidados.
En el Acuerdo Marco vigente (111 residencias) y en el próximo que entre en vigor, la atención directa diaria por cada residente es y será de 97 min. (1 h 37 min).
En las residencias del llamado Plan Velocidad (32), es de 85 min. (1 h 25 min).
En el Acuerdo de Acreditación de 2024 de la CM, en las residencias privadas 100% que no tengan plazas concertadas (más de 320), la atención directa diaria será menor a los 97 minutos (1 h 37 min) del Acuerdo Marco, al establecer una ratio para todo el personal de atención directa, sin una específica entre Gerocultoras, del 0,45, que resulta menor a la del 0,47 de dicho Acuerdo Marco.
Por otra parte, en las residencias públicas de gestión privada (40 entre las que son de titularidad de la CM y las pertenecientes a diferentes municipios), la atención directa diaria por cada residente varía entre los 87 minutos (1 h 27 min) la que menos y los 178 minutos (2 h 58 min) la que más.
En las residencias públicas de gestión pública, la atención directa que se podrá ofrecer a cada residente varía entre los 131 minutos (1 h 11 min) y los 184 minutos (3 h 4 min).
Es decir, muy lejos de las 6 horas y 25 minutos establecidas en nuestro estudio como el tiempo mínimo imprescindible para una atención digna.
La administración debe dar explicaciones sobre cómo exigen diferentes ratios según el tipo de residencia, teniendo las públicas de gestión propia más personal que las 100% privadas, ya que no puede ser que existan residentes de primera, de segunda o de tercera categoría, dependiendo de donde se consiga plaza o de donde puedas pagarla.
Porque lo más inquietante sobre las ratios establecidas en la Comunidad de Madrid, es que se desconoce a qué criterios obedecen y cuáles han sido los parámetros para determinar que esas ratios son las necesarias para atender a las personas usuarias de las residencias de mayores de nuestra Comunidad.
Entramos en otro verano en el que las olas de calor se agudizarán en las residencias porque habrá incluso menos personal del que se ha señalado en este manifiesto, debido al necesario descanso vacacional al que las trabajadoras tienen derecho y para el que en muchas ocasiones no existirá sustitución, lo que supondrá una disminución del personal que ya es insuficiente. Todo ello con la posibilidad de agravarse, pues la insuficiencia de personal conlleva el aumento de bajas por enfermedad, como ha señalado la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha constatado que las auxiliares de enfermería/gerocultoras encabezan los sectores de mayor siniestralidad en España, junto con la construcción y la fabricación de productos metálicos. Cada verano entramos en un bucle infernal para residentes y trabajadoras.
La insuficiencia de personal puede acarrear situaciones indeseables de cuidados inadecuados en la higiene y aseo personal, nutrición y hábitos alimenticios, movilizaciones, cambios posturales, administración de medicación, etc, no por falta de profesionalidad de las trabajadoras sino por falta de recursos humanos y materiales, consentidos y motivados por la administración y las empresas. Por ello, es imprescindible que la administración autonómica pase de las palabras a los hechos y que ponga los recursos económicos necesarios para que la “atención centrada en la persona” sea una realidad, que se constate en la organización de la vida diaria de las residencias y no quede en un mero eslogan.
En el “DIA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ” hacemos un llamamiento a toda la sociedad, porque hay que acabar con estas situaciones y dignificar tanto la vida de las personas mayores que viven en residencias, como las condiciones laborales de las personas trabajadoras, solo así se podrán garantizar unos cuidados dignos y de Calidad.
Para ello es imprescindible la apuesta decidida de las administraciones públicas madrileñas por un aumento significativo de la inversión pública en este sector. Exigimos que las 40 nuevas residencias anunciadas por la presidenta sean de gestión directa 100% pública y se dejen de eufemismos como “colaboración público – privada” para desviar dinero y suelo públicos a empresas privadas que solo piensan en el negocio y nada quieren saber de la calidad de los cuidados.