UGT Madrid denuncia que la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida como Ley LIDER y aprobada el 22 de julio, no responde a los principales problemas urbanísticos, territoriales y residenciales de la Comunidad de Madrid. Bajo la promesa de agilizar los trámites, la norma abre la puerta a una mayor intervención de la iniciativa privada, debilita los controles públicos y consolida un urbanismo a dos velocidades: uno rápido y de pago para quienes puedan recurrir a entidades privadas colaboradoras y otro más lento para la Administración pública.
El sindicato forma parte de la coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER, desde la que organizaciones sociales, vecinales, sindicales y ecologistas han mostrado su rechazo a una legislación que, a su juicio, tendrá consecuencias profundas sobre el territorio madrileño, la vivienda, el medio ambiente y la capacidad de los ayuntamientos para decidir su propio modelo de ciudad.
Esther Chaves, secretaria de Igualdad y responsable de Vivienda de UGT Madrid, sostiene que la finalidad real de la ley se encuentra muy alejada del discurso oficial del Ejecutivo autonómico.
“La nueva Ley del Suelo no busca mejorar el urbanismo ni responder a las necesidades de la ciudadanía madrileña. Su verdadero objetivo es facilitar la especulación inmobiliaria, ampliar el suelo susceptible de ser urbanizado y debilitar las garantías públicas, ambientales y sociales”, afirma Chaves.
Una ley sin diagnóstico previo
UGT Madrid considera especialmente grave que una reforma de esta magnitud haya sido elaborada sin un diagnóstico público y objetivo sobre la situación del territorio regional. El Gobierno madrileño no ha aportado datos concretos sobre los tiempos actuales de tramitación de los planes urbanísticos, los supuestos bloqueos administrativos ni los resultados de los más de 25 años de aplicación de la legislación vigente sobre el suelo.
Tampoco se ha presentado una evaluación sobre los efectos acumulados de más de tres décadas de ordenación territorial en una comunidad marcada por el encarecimiento de la vivienda, el crecimiento urbano disperso, la privatización de espacios y dotaciones públicas y el aumento de los desplazamientos diarios.
“La Comunidad de Madrid pretende sustituir todo el modelo urbanístico sin explicar cuáles son exactamente los problemas que quiere solucionar. No hay datos, no hay un diagnóstico riguroso y no hay una evaluación de la legislación vigente. Lo que sí existe es una obsesión por eliminar controles y facilitar nuevas operaciones inmobiliarias”, señala Esther Chaves.
Para UGT Madrid, presentar la reducción de los plazos administrativos como el gran objetivo de una ley del suelo supone ignorar deliberadamente las prioridades reales de la población. La crisis de acceso a la vivienda, la escasez de parque público residencial, la expulsión de las familias trabajadoras de las zonas centrales y el desequilibrio territorial no encuentran una respuesta efectiva en la nueva norma.
Menos capacidad municipal y participación ciudadana
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley LIDER es la sustitución de los actuales planes generales por los denominados Planes Estratégicos Municipales. Aunque el Gobierno regional los presenta como una herramienta más moderna y flexible, Madrid contra la LIDER advierte de que pueden suponer una renuncia de los ayuntamientos a definir de manera completa su modelo territorial y urbano.
Una parte sustancial del desarrollo concreto quedará en manos de Planes Ejecutivos promovidos por la iniciativa privada. Al mismo tiempo, los mecanismos de participación pública se reducen y corren el riesgo de convertirse en meros trámites formales, limitando la capacidad de intervención de los vecinos y las vecinas en decisiones que afectarán directamente a sus barrios.
“No se puede llamar modernización a retirar capacidad de decisión a los ayuntamientos y trasladarla a intereses privados. El urbanismo debe estar al servicio del interés general, no de quienes consideran el territorio una oportunidad de negocio”, subraya la responsable de Vivienda de UGT Madrid.
Una puerta abierta sobre el suelo rural
La coordinadora alerta también de las consecuencias que tendrá la nueva clasificación del suelo. La reducción de las categorías y la flexibilización de usos facilitarán la implantación de actividades consideradas excepcionales en terrenos rurales, incluidos espacios protegidos.
En el suelo rural no protegido, que representa alrededor del 22,5 % del territorio regional, podrán desarrollarse actuaciones urbanísticas con unas limitaciones legales considerablemente menores. Esta superficie supera incluso la proporción de territorio actualmente urbanizado, situada en torno al 18 %.
UGT Madrid teme que esta modificación permita impulsar grandes proyectos energéticos, centros de procesamiento de datos, macrogranjas y otras instalaciones con importantes impactos ambientales, sin una planificación territorial suficientemente coordinada ni un control efectivo de los municipios afectados.
Patrimonio y garantías ambientales debilitadas
La ley tampoco supone, según la coordinadora, una mejora de la protección del patrimonio histórico. Por el contrario, rebaja la categoría jurídica de los catálogos municipales de bienes y espacios protegidos, lo que podría facilitar la descatalogación de edificios y elementos de valor histórico, artístico o cultural.
La pretendida agilización de los procedimientos se apoyará, además, en mecanismos como el silencio administrativo positivo ante la ausencia o el retraso de determinados informes sectoriales. Para Madrid contra la LIDER, esta fórmula amenaza con reducir los controles ambientales, jurídicos y sociales que deben acompañar cualquier transformación relevante del territorio.
La creación de entidades privadas colaboradoras introduce, asimismo, una diferencia sustancial entre quienes puedan pagar por acelerar la tramitación de sus proyectos y quienes dependan exclusivamente de los recursos de la Administración.
“Se institucionaliza un urbanismo de primera, privado y de pago, y otro de segunda, sometido a los tiempos y a la falta de medios de la Administración. La agilidad no puede consistir en comprar rapidez ni en convertir los controles públicos en un obstáculo que deba ser eliminado”, denuncia Esther Chaves.
Sin soluciones para la vivienda
La Ley LIDER no incorpora medidas suficientes para aumentar el parque público de vivienda, contener el incremento de los precios, impedir la privatización del suelo público o frenar las operaciones especulativas. Tampoco aborda de manera efectiva el reequilibrio entre los distintos municipios ni la adaptación del urbanismo a la emergencia climática.
UGT Madrid recuerda que la prioridad de una legislación del suelo debería ser garantizar el derecho a una vivienda digna, proteger los bienes comunes y desarrollar ciudades habitables, accesibles y socialmente cohesionadas.
“La vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de las familias trabajadoras madrileñas, pero esta ley pasa de largo ante la emergencia habitacional. No protege a quienes buscan una vivienda; protege las expectativas de quienes quieren hacer negocio con ella”, afirma Chaves.
Movilizaciones en septiembre
Madrid contra la LIDER considera que la nueva legislación constituye una grave irresponsabilidad política y anuncia movilizaciones ciudadanas durante el mes de septiembre para exigir su paralización y reclamar un modelo territorial basado en la transparencia, la participación pública, la protección ambiental y el derecho a la vivienda.
UGT Madrid participará en estas acciones y defenderá una planificación urbana democrática que responda a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses especulativos.
“Esta ley puede transformar durante décadas el territorio madrileño. No podemos permitir que decisiones de tanta importancia se adopten reduciendo la participación ciudadana, debilitando los controles públicos y poniendo el suelo al servicio del mercado. En septiembre saldremos a la calle para defender otra manera de construir Madrid”, concluye Esther Chaves.
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