La Cámara de Cuentas ha revelado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid transfirió 61,5 millones de euros procedentes de las residencias públicas de mayores, gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), para pagar sobrecostes a la sanidad privatizada del grupo Quirón, en lugar de reforzar la red pública de atención residencial y sus plantillas. UGT Madrid considera este desvío de recursos una muestra extrema del abandono de la atención a las personas mayores en la región.
El dinero de residencias acaba en Quirón
Según el informe fiscalizador, estos 61,5 millones salen de inversiones no ejecutadas en residencias públicas y se utilizan para cubrir necesidades de crédito vinculadas al convenio con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia de Quirón. Lo que debería haberse destinado a más plazas públicas, mejora de infraestructuras y refuerzo de plantillas en residencias, se ha empleado para pagar la factura de la sanidad privatizada.
“Es intolerable que el dinero que debía mejorar la vida de las personas mayores en residencias públicas termine financiando sobrecostes de hospitales privatizados”, denuncia Laura Muñoz Ibáñez, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid. “Cada euro que se desvía de la AMAS a Quirón es un euro que se le arrebata a la atención directa, al personal y a las infraestructuras de nuestros centros públicos”.
Solo 25 residencias de gestión pública directa en una región de más de 7 millones de habitantes
El estudio “Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, elaborado por UGT Madrid junto con CCOO Madrid, PLADIGMARE y la SEGG, radiografía un modelo profundamente privatizado. En la Comunidad de Madrid existen 507 residencias con 55.308 plazas, de las que solo 6.430 corresponden a 25 residencias autonómicas de gestión pública directa y 416 a 9 residencias municipales públicas, sumando 6.846 plazas de gestión pública frente a 48.462 plazas privadas. Esto supone apenas un 6,72% de plazas de gestión pública directa, frente a un 93,28% en manos privadas en una región de más de 7 millones de habitantes.
A pesar de la evidencia de mayor calidad y eficiencia de la atención en las residencias de gestión directa 100% públicas, “el estudio demuestra que en la Comunidad de Madrid este modelo es algo residual”, explica Muñoz y denuncia que, “en lugar de revertir esa situación, el Gobierno regional desvía fondos públicos a la “colaboración público-privada” renunciando a reforzar la red pública”.
Falta de personal y ratios insuficientes
El estudio de UGT Madrid y las organizaciones participantes alerta también de un déficit estructural de personal en las residencias madrileñas, lo que se traduce en sobrecarga, falta de tiempo para cuidar y riesgo para la salud de residentes y personas trabajadoras.
Para prestar una atención digna, de calidad y centrada en la persona, es necesaria una inversión presupuestaria potente, que mejore significativamente las ratios, es decir el número mínimo depersonal necesario para atender adecuadamente a las personas usuarias.
“Con las ratios actuales no se puede atender bien ni a las personas mayores ni a las trabajadoras”, subraya Muñoz. “En lugar de invertir en más profesionales y mejores condiciones laborales, se vacía el presupuesto de la AMAS para destinarlo a Quirón”.
El plan de 40 residencias del Gobierno Regional.
UGT Madrid recuerda que el año pasado la presidenta Ayuso anunció la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para personas mayores y dependientes, sobre suelo público, que cederían los ayuntamientos, y la construcción y explotación sería a cargo de empresas privadas (fondos de inversión y del sector de residencias), con una inversión pública de más de 500 millones de euros, todo ello con horizonte 2030.
Con este modelo de colaboración público-privada que tanto gusta al gobierno regional, la totalidad de plazas creadas serían concertadas unas y puramente privadas otras, una operación claramente en favor de los fondos de inversión y grandes corporaciones, que tienen fijado su nicho de negocio en la gestión y explotación de los servicios a las personas mayores, una población vulnerable, utilizando a este sector de la sociedad como una oportunidad de incremento de sus beneficios más que de una aportación social a la sociedad madrileña
Movilizaciones por 40 residencias 100% públicas
UGT Madrid recuerda que, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, impulsó el año pasado concentraciones frente a la Puerta del Sol y en distintos municipios para exigir que esas 40 nuevas residencias y centros de día fueran de titularidad y gestión pública
directa al 100%, con participación de residentes, familias y personal. Estas movilizaciones reclamaban que el suelo público y el dinero público no se pusieran al servicio de fondos de inversión y grandes cadenas, cuyo fin sea hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras sino de una red pública fuerte y transparente.
“La respuesta del Gobierno regional ha sido ignorar estas movilizaciones y mantener un modelo que favorece la privatización y el negocio”, denuncia Muñoz. “En una Comunidad donde el 93% de las plazas está en manos privadas, el anuncio de estas 40 residencias fue una oportunidad perdida para ampliar la red pública de gestión directa”, señala Muñoz., al igual que lo es haber utilizado el remanente de la AMAS para dárselo al negocio de la sanidad privada. “El desvío de 61,5 millones de la AMAS a Quirón es la guinda de ese modelo”.
Lo que UGT Madrid exige que se haga con esos 61,5 millones
UGT Madrid plantea que esos 61,5 millones, y los recursos que se presupuesten en el futuro para residencias, se orienten a tres ejes fundamentales:
· Impulsar el plan de 40 residencias y centros de día con gestión directa pública 100% sobre suelo público, garantizando que no sean un nuevo nicho de negocio para empresas privadas.
· Mejorar las ratios de personal y las condiciones laborales en línea con las propuestas del mencionado estudio de 2024, reforzando plantillas en todos los turnos para asegurar una atención digna y centrada en la persona.
• Actualizar y dignificar las infraestructuras de las 25 residencias autonómicas de gestión pública directa, muchas de ellas con importantes necesidades de inversión en espacios, equipamientos y medios materiales.
“Lo que es de residencias debe quedarse en las residencias”, concluye Laura Muñoz. “En una Comunidad con más de 7 millones de habitantes, solo 25 residencias de gestión pública directa son claramente insuficientes; cada euro que hoy se manda a Quirón debería ir a construir y reforzar una red pública fuerte, con personal suficiente y centros dignos para nuestras personas mayores”.