UGT ha decidido dar un golpe sobre la mesa en uno de los debates más contaminados de los últimos meses. Frente al ruido interesado sobre el llamado “absentismo”, el sindicato ha presentado un informe con el que pretende desmontar una idea que considera tan falsa como peligrosa: que el aumento de las bajas laborales responde a un abuso de las personas trabajadoras o a la existencia de complementos salariales en los convenios colectivos. Su tesis es otra, mucho más dura y mucho más incómoda: detrás del incremento de la incapacidad temporal hay un deterioro evidente de la sanidad pública, un empeoramiento objetivo de las condiciones de salud de la población trabajadora y un mundo laboral que sigue empujando a demasiadas personas hasta límites insoportables.
El bulo del absentismo
La organización sindical sostiene que el debate se ha desviado de forma deliberada. Mientras algunas patronales insisten en presentar las bajas como un problema de coste empresarial, la UGT reclama mirar donde realmente duele: en las causas, en los tiempos de espera, en la falta de atención, en la precariedad, en la sobrecarga y en los daños psicológicos que muchas veces quedan invisibles hasta que ya es demasiado tarde. No se trata, afirman, de una discusión contable, sino de una cuestión de salud pública, de derechos laborales y, en demasiadas ocasiones, de supervivencia.
El informe expuesto por el sindicato ofrece una radiografía que quiere ser demoledora contra el discurso simplista. En los últimos siete años, los procesos de incapacidad temporal han crecido con fuerza y lo han hecho en todos los tramos de duración, no solo en las bajas cortas. Es cierto que las de menos de quince días suben con más intensidad, pero también lo hacen las de media duración y, de forma muy preocupante, aquellas que superan el año. La tendencia, subraya la UGT, se extiende a todas las edades, a todos los territorios y también a distintos regímenes laborales. Esa transversalidad es, precisamente, uno de los argumentos centrales para refutar la idea de que el fenómeno se explique por el supuesto “acomodo” de quienes tienen mejores coberturas económicas durante la baja.
La enfermedad no distingue entre quienes conservan una parte mayor o menor de salario
El sindicato insiste en que esa explicación no se sostiene ni siquiera cuando se observa a las personas trabajadoras autónomas, entre quienes también han aumentado los procesos de incapacidad temporal. Si quienes pierden ingresos de forma más directa también están cayendo cada vez más en baja, el argumento del incentivo económico se resquebraja por completo. La enfermedad no distingue entre quienes conservan una parte mayor o menor de salario. Lo que aparece, más bien, es una sociedad con peor salud y con más dificultades para ser atendida a tiempo.
Ahí entra uno de los elementos que la UGT considera decisivos: las listas de espera sanitarias. El sindicato vincula de forma directa el alargamiento de muchos procesos con el colapso asistencial, especialmente en especialidades y pruebas que resultan determinantes para resolver patologías traumatológicas o problemas de salud mental. Si una persona tarda meses en acceder a una prueba diagnóstica, a una consulta especializada o a una intervención quirúrgica, la baja no se prolonga porque quiera, sino porque el sistema no responde. Esa realidad, según la organización, se ha agravado desde 2018 y ha alcanzado cifras especialmente alarmantes en varias comunidades autónomas.
Las mutuas no pueden aliviar a la sanidad pública
Para la UGT, lo más grave no es solo que haya más demora, sino que algunas administraciones regionales no estén utilizando todos los instrumentos disponibles para intentar rebajarla. El sindicato ha criticado abiertamente que determinadas comunidades no hayan suscrito acuerdos que permitirían aprovechar recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para aliviar las listas de espera en procesos traumatológicos. La denuncia tiene una fuerte carga política: mientras se agita el fantasma del fraude laboral, se dejan sin activar mecanismos que podrían acelerar diagnósticos, pruebas e intervenciones.
La receta que plantea la organización es exactamente la contraria a la que promueven los sectores empresariales más beligerantes. Más inversión en sanidad pública, más profesionales, más atención especializada, mejor prevención y una reducción real de los tiempos de espera. También rechaza frontalmente la ofensiva contra los complementos de incapacidad temporal pactados en convenio. Según su análisis, esos complementos no explican el aumento de las bajas. De hecho, en muchos sectores no han mejorado en años e incluso se han endurecido mediante escalonamientos y porcentajes parciales. Aun así, las incapacidades temporales han seguido creciendo.
Enfermar sale caro
Además, la UGT recuerda algo que a menudo queda fuera del debate: enfermar sale caro. Los tres primeros días de baja no se cobran y, a partir de ahí, la prestación supone una merma de ingresos que puede ser muy relevante, especialmente en los sectores más precarizados. En procesos prolongados, la pérdida salarial puede alcanzar cifras que para muchas familias son devastadoras. Presentar la baja como una especie de refugio cómodo no solo es injusto, sino profundamente ajeno a la realidad material de miles de personas trabajadoras.
Pero si la primera parte del informe es una impugnación del relato sobre el “absentismo”, la segunda apunta a una herida todavía más profunda: la prevención del suicidio en el ámbito laboral. La UGT ha querido colocar este asunto en el centro del debate público con una contundencia poco habitual. Lo hace porque considera que el silencio está actuando como una forma de complicidad. Se habla de costes, se discuten porcentajes, se lanzan mensajes sobre productividad, pero se evita mirar de frente una realidad insoportable: hay personas cuyo sufrimiento psíquico está ligado al trabajo, a la presión extrema, al miedo al despido, a la sobrecarga, al acoso o a las reestructuraciones salvajes.
Resoluciones judiciales
El sindicato ha acompañado esta ofensiva con un recopilatorio de resoluciones judiciales que, en distintos ámbitos nacionales e internacionales, ya han empezado a reconocer los riesgos psicosociales y, en determinados casos, la relación entre condiciones laborales degradadas y conductas suicidas. Es un paso importante porque rompe con la visión tradicional que reducía estos hechos a actos puramente individuales o voluntarios, desconectados del entorno. Para la UGT, esa despolitización del sufrimiento ha servido durante demasiado tiempo para exonerar responsabilidades empresariales e institucionales.
La organización sostiene que España sigue muy retrasada en el reconocimiento de las enfermedades profesionales, y especialmente de aquellas vinculadas a la salud mental. Esa infradeclaración impide actuar antes, prevenir mejor y reparar con justicia. También imposibilita conocer la magnitud real del daño. Si no se registra, si no se investiga, si no se reconoce, el problema desaparece de las estadísticas, pero no de la vida de quienes lo padecen.
Por eso la UGT ha anunciado nuevas herramientas: desde materiales de primeros auxilios psicológicos hasta un observatorio de salud mental accesible a través de su página web, con informes, noticias y la posibilidad de una primera orientación profesional. La medida pretende cubrir un vacío evidente, aunque el propio sindicato admite que no puede sustituir a los poderes públicos. La salud mental no puede depender de la buena voluntad sindical ni del esfuerzo de unos pocos profesionales comprometidos. Requiere recursos estructurales, planificación pública y una implicación real de las administraciones.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
En este contexto, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aparece para la UGT como una batalla decisiva. El sindicato quiere que la futura norma incorpore de manera clara la protección frente a los riesgos psicosociales, los impactos de la digitalización, la perspectiva de género, la realidad de las pequeñas empresas y también los efectos de la crisis climática sobre la salud. Se trata de actualizar una legislación que, a su juicio, ya no puede seguir ignorando transformaciones que llevan años alterando de forma radical la vida laboral.
La organización también aspira a que el próximo marco de negociación colectiva incluya referencias explícitas a la prevención del suicidio y a la salud mental en las empresas. No será fácil. La propia UGT reconoce que la patronal no ha mostrado hasta ahora una preocupación real por esta materia. Pero precisamente por eso considera imprescindible forzar la conversación y exponer una realidad que, en demasiados centros de trabajo, se tapa con silencio, con miedo o con cinismo.
El mensaje final del sindicato es tan político como social. España no puede seguir abordando la incapacidad temporal como si fuera un simple problema de productividad. Tampoco puede seguir dejando fuera del foco las enfermedades profesionales, los daños mentales y las muertes evitables que se incuban en entornos laborales cada vez más exigentes, más deshumanizados y, en muchos casos, más precarios. La pregunta de fondo no es cuánto cuestan las bajas, sino cuánto está costando no prevenir, no atender y no reconocer.
La UGT ha decidido llevar esa pregunta hasta el final. Y lo que plantea incomoda porque obliga a dejar de señalar a quienes enferman para mirar, por fin, a quienes organizan el trabajo, recortan recursos públicos o prefieren reducir el debate a una cuenta de resultados. Cuando un país convierte el dolor laboral en sospecha y el sufrimiento psíquico en silencio, lo que fracasa no es una estadística: fracasa una forma entera de entender la dignidad en el trabajo.