La fotografía económica de España permite al Gobierno presumir de crecimiento, empleo y fortaleza frente a otros países europeos. Pero bajo esa superficie de buenos datos persiste una realidad mucho más áspera para millones de personas: salarios que no alcanzan, alquileres disparados, jornadas partidas, incertidumbre laboral y un acceso cada vez más difícil a una vivienda digna. Sobre ese suelo social, CCOO y UGT han decidido mover ficha con una propuesta unitaria de amplio alcance que aspira a reabrir el debate sobre qué derechos faltan todavía por conquistar en el país.
La comparecencia conjunta de ambos sindicatos puso sobre la mesa una agenda completa para intervenir en los principales nudos del malestar social actual. Cuatro grandes bloques articulan esa ofensiva: reforma del despido, refuerzo del contrato a tiempo parcial, fortalecimiento del diálogo social y de la negociación colectiva, y un paquete de medidas de choque y de fondo para afrontar la crisis de la vivienda. El mensaje, en el fondo, es tan sencillo como contundente: la buena marcha de la macroeconomía no basta si no se convierte en bienestar tangible para la mayoría trabajadora.
Los sindicatos parten de una idea que llevan tiempo repitiendo, pero que ahora quieren convertir en programa político y social. España ha demostrado en los últimos años que mejorar derechos laborales no hunde la economía ni destruye empleo, como auguraban los sectores más conservadores. Al contrario, sostienen, la reforma laboral, la subida del salario mínimo y otras medidas de protección han contribuido a estabilizar el mercado de trabajo y a mejorar la actividad. Sin embargo, ese avance tiene aún agujeros demasiado visibles. Y ahí es donde quieren actuar.
Revisión del despido
Uno de los más importantes es el despido. CCOO y UGT consideran que la regulación actual sigue dando demasiado margen a la arbitrariedad empresarial y no protege de manera suficiente a quienes pierden su empleo de forma injusta. Por eso plantean una revisión profunda del modelo. No se trata solo de discutir cuántos días de indemnización corresponden, sino de cambiar el enfoque entero. La tesis sindical es que despedir no puede seguir siendo, en la práctica, una operación de coste relativamente calculable para la empresa. Debe convertirse en una medida excepcional, más cara, más controlada y más disuasoria.
En esa línea, proponen recuperar los salarios de tramitación, reforzar las indemnizaciones mínimas, introducir criterios que tengan en cuenta el daño real causado a la persona despedida y revisar el sistema de readmisión para equilibrar el poder entre empresa y trabajador. También quieren un mayor control sindical y una mayor capacidad de intervención de la autoridad laboral, especialmente en los despidos colectivos. Es, en definitiva, una enmienda de fondo al modelo instaurado tras la reforma de 2012.
Contrato a tiempo parcial
El segundo gran frente es el contrato a tiempo parcial, convertido para los sindicatos en uno de los principales motores de precariedad encubierta. La denuncia es clara: muchas empresas utilizan esta modalidad no como una fórmula ajustada a necesidades reales o a decisiones voluntarias de la plantilla, sino como una herramienta para disponer de la jornada de los trabajadores con enorme flexibilidad y poco control. Esa dinámica, además, golpea con especial dureza a las mujeres, concentradas en mayor medida en sectores feminizados y peor pagados.
Contrato a jornada completa
La propuesta sindical quiere que el contrato a jornada completa vuelva a ser la referencia ordinaria y que el tiempo parcial quede claramente justificado. Junto a eso, plantea meter mano a las horas complementarias, uno de los mecanismos más opacos del sistema. La intención es limitar abusos, exigir reglas claras de preaviso, impedir que estas horas funcionen como una prolongación barata y arbitraria de la jornada y consolidar como tiempo ordinario aquellas ampliaciones que en la práctica se repiten de forma habitual. El mensaje es evidente: no se puede seguir llamando flexibilidad a lo que muchas veces no es más que disponibilidad forzada.
A esta corrección del tiempo parcial se suma otra exigencia que los sindicatos consideran urgente: un registro horario fiable, accesible y no manipulable. Sin ese instrumento, advierten, cualquier intento de ordenar de verdad las jornadas y controlar las horas trabajadas corre el riesgo de quedarse a medias. La precariedad, recuerdan, no solo se mide por el tipo de contrato, sino también por el tiempo de trabajo invisible que no se paga, no cotiza y no se reconoce.
El diálogo social y la negociación colectiva
El tercer bloque de la plataforma se adentra en una cuestión menos llamativa para el gran público, pero decisiva para la calidad democrática del sistema laboral: el diálogo social y la negociación colectiva. CCOO y UGT quieren blindar ambos espacios frente a los vaivenes políticos y a los intentos de vaciarlos de contenido. Para ello plantean institucionalizarlos más, reforzar las estructuras sectoriales, evitar vacíos de cobertura en sectores sin convenio e incorporar más transparencia económica en las mesas de negociación.
En otras palabras, los sindicatos reclaman un marco estable que permita negociar salarios, jornadas y condiciones laborales con mayor equilibrio entre las partes. No es un matiz técnico. Es una disputa sobre poder. Porque detrás de cada convenio colectivo está la distribución de la riqueza que genera el trabajo, y detrás de cada debilitamiento de la negociación colectiva hay una pérdida de capacidad de defensa para millones de trabajadores y trabajadoras.
Derecho al acceso a la vivienda
Pero si hubo un asunto que atravesó toda la comparecencia como una urgencia social inaplazable fue la vivienda. Los sindicatos asumieron que hoy es el principal problema para buena parte de la ciudadanía, especialmente para jóvenes, personas migrantes y familias con ingresos tensionados. El planteamiento fue rotundo: el mercado no está resolviendo nada por sí solo y la intervención pública ya no puede seguir siendo tímida o fragmentaria.
Su propuesta combina medidas estructurales y respuestas inmediatas. Hablan de crear un parque público permanente de vivienda asequible, movilizar vivienda vacía, limitar precios del alquiler en zonas tensionadas, regular con mayor dureza los pisos turísticos y el alquiler de temporada, mejorar el acceso al crédito hipotecario y asegurar que la ley de vivienda no quede bloqueada por comunidades autónomas que se niegan a aplicarla. En el fondo, lo que defienden es una idea que desborda el marco laboral y entra de lleno en el modelo de país: sin vivienda accesible, cualquier mejora salarial corre el riesgo de ser devorada por el mercado inmobiliario.
Plataforma sindical unitaria
La relevancia política de esta plataforma no está solo en su contenido, sino en su intención. CCOO y UGT no quieren que esta propuesta sea un documento más. Quieren convertirla en eje de movilización, de debate público y de presión institucional. Buscan que la agenda social vuelva a ocupar el centro frente a la crispación permanente, el ruido partidista y la desconexión entre la política institucional y los problemas concretos de la vida diaria.
Lo que ambos sindicatos han puesto sobre la mesa es, en el fondo, una advertencia y una propuesta. La advertencia: no basta con celebrar las cifras de empleo mientras persisten la inseguridad laboral, la desigualdad y la angustia habitacional. La propuesta: abrir una nueva etapa de ampliación de derechos para que el crecimiento no se quede en los titulares y llegue, de una vez, a los hogares.