España afronta cada verano el desafío creciente de los incendios forestales, las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos. A ello se suman emergencias cada vez más complejas derivadas del cambio climático, la expansión urbana y los riesgos tecnológicos. Sin embargo, quienes están llamados a intervenir en primera línea ante estas situaciones continúan trabajando bajo un modelo que, según denuncian los sindicatos, presenta importantes diferencias entre territorios y carece de una regulación básica común para todo el Estado.
Con este diagnóstico, UGT Servicios Públicos y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han presentado una plataforma conjunta para impulsar una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que permita homogeneizar los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) existentes en España y garantice una respuesta más coordinada ante las emergencias.
La iniciativa fue presentada este lunes en una rueda de prensa en la que ambas organizaciones sindicales defendieron la necesidad de poner fin a una situación que consideran anacrónica y poco adaptada a los riesgos actuales. El objetivo es lograr una norma estatal que establezca estándares mínimos comunes, garantice la igualdad de condiciones en la prestación del servicio y refuerce la coordinación entre administraciones.
Más de 130 servicios distintos para afrontar las mismas emergencias
Uno de los principales argumentos de UGT y CCOO es la enorme fragmentación existente en el sistema español de bomberos. Actualmente funcionan más de 130 SPEIS distribuidos entre ayuntamientos, diputaciones, consorcios, cabildos y comunidades autónomas, cada uno con estructuras organizativas, medios materiales y criterios operativos diferentes.
Los sindicatos sostienen que esta diversidad provoca desigualdades en aspectos fundamentales como la formación, la dotación de recursos, las condiciones laborales o los tiempos de respuesta. Aunque las emergencias no entienden de fronteras administrativas, la organización de los servicios continúa dependiendo en gran medida de los límites territoriales y de la capacidad económica de cada administración.
La plataforma sindical considera que esta situación dificulta la cooperación efectiva cuando se producen grandes emergencias que afectan a varias zonas o requieren la movilización de recursos de distintos territorios.
Un modelo diseñado hace cuatro décadas
Durante la presentación de la propuesta, la secretaria de Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho, recordó que los bomberos constituyen uno de los pocos grandes colectivos de los servicios públicos que todavía carecen de una ley básica estatal propia.
Corbacho destacó además la importancia de que UGT y CCOO hayan unido esfuerzos para impulsar esta reivindicación y reclamó la implicación de todas las administraciones. Según explicó, el debate lleva años atrapado en una discusión competencial que impide avanzar. En sus palabras, “el Gobierno nos dice que las competencias son locales y autonómicas, y los ayuntamientos y diputaciones dicen que no hay una ley básica. Es la pescadilla que se muerde la cola”.
Por su parte, el responsable del sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos, Almanzor Guerra, subrayó que el modelo actual tiene aproximadamente cuarenta años y necesita una actualización profunda para responder a las necesidades del siglo XXI.
Guerra señaló que el problema no radica en determinar quién presta el servicio, sino en cómo se presta. “Sabemos quién presta el servicio: ayuntamientos y diputaciones. Pero falta el cómo se presta el servicio”, afirmó, defendiendo que una emergencia debería ser atendida siempre por el parque de bomberos más cercano, independientemente de los límites administrativos.
Responder a incendios de sexta generación y DANAs
La reivindicación sindical llega en un momento especialmente sensible. La proximidad de la campaña de verano y las previsiones de riesgo elevadas vuelven a poner el foco sobre la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.
UGT y CCOO sostienen que la actual Ley de Bases del Régimen Local, aprobada en 1985, no ofrece herramientas suficientes para afrontar fenómenos como los incendios de sexta generación, caracterizados por su enorme intensidad y velocidad de propagación, ni episodios extremos como las DANAs que en los últimos años han causado graves daños en diferentes puntos del país.
La creciente complejidad de estas emergencias exige, según los sindicatos, mecanismos de coordinación más ágiles y una planificación común que permita movilizar recursos con rapidez allí donde sean necesarios.
Una ley para garantizar igualdad y profesionalización
La propuesta sindical plantea que la futura Ley Básica de Bomberos y Bomberas reconozca expresamente la prevención, extinción de incendios y salvamento como un servicio público esencial.
Además, el texto debería fijar estándares homogéneos para todo el territorio nacional y establecer obligaciones claras de cooperación entre las distintas administraciones públicas.
Entre los contenidos que UGT y CCOO consideran imprescindibles figuran la definición común de funciones, la coordinación operativa, la clasificación profesional, la formación especializada y la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso, la carrera profesional y los puestos de responsabilidad.
La plataforma también plantea la necesidad de desarrollar marcos autonómicos que permitan reforzar la estructura de los servicios públicos de bomberos y mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos existentes.
Una demanda compartida por ambos sindicatos
El secretario general del Sector Estatal de Administración Local de CCOO, Juan José Regatos Andrés, defendió que la descentralización administrativa es perfectamente compatible con la existencia de una normativa común que facilite una actuación más eficaz.
“Se ha demostrado que, si no legislamos, no somos capaces de tener una buena coordinación y una buena eficacia entre todos los cuerpos de bomberos que existen a lo largo de todo el país”, afirmó.
En la misma línea se expresó el portavoz de la Agrupación Estatal de Bomberos de CCOO, Carlos Sánchez Oliva, quien alertó de la complejidad organizativa que existe actualmente en el sistema español de emergencias.
Según explicó, la dependencia de múltiples administraciones genera dificultades operativas que pueden afectar a la eficacia en la gestión de las emergencias y a la dirección de los operativos cuando se producen situaciones especialmente complejas.
Un debate que vuelve a la agenda política
La presentación de esta plataforma conjunta supone un nuevo intento de situar en la agenda política una reivindicación histórica del sector. UGT Servicios Públicos y CCOO consideran que la futura ley debe convertirse en una herramienta para superar la actual fragmentación, garantizar la igualdad de acceso a la protección pública y adaptar el sistema de emergencias a los desafíos climáticos y tecnológicos del presente.
Para ambos sindicatos, la ciudadanía debe recibir una respuesta homogénea y eficaz independientemente del lugar donde resida. Y sostienen que esa garantía solo será posible mediante una legislación básica que permita coordinar recursos, reforzar la profesionalización y modernizar un servicio que consideran esencial para la seguridad colectiva.
Con la llegada de un verano que vuelve a presentarse exigente para los servicios de emergencia, la presión sindical para lograr esa reforma legislativa acaba de iniciar una nueva etapa.